El pasado jueves 9 de febrero, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente reanudaron los encuentros con la Procuraduría General de la República (PGR), después de seis meses de haberse roto las relaciones con la dependencia. En la reunión, la PGR entregó la resolución emitida por la Visitadora Adriana Campos López, sobre las actuaciones ilegales de Tomás Zerón de Lucio y otros agentes en la diligencia del Rio San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, la cual no fue incorporada al expediente sobre la desaparición de los jóvenes.

La existencia de dicha diligencia fue denunciada en el último informe (abril de 2016) del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual mediante un video mostró que Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, junto con otros funcionarios, llevó al Río San Juan sin orden judicial y sin la presencia del abogado defensor, a Agustín García Reyes, presunto miembro de los Guerreros Unidos, quien supuestamente confesó haber llevado, en bolsas, las cenizas de los normalistas incinerados en el basurero de Cocula a dicho río.

La diligencia se realizó un día antes de que buzos de la Marina “hallaran” en el Río San Juan la bolsa que contenía un fragmento de hueso del normalista Alexander Mora Venancio, única evidencia existente hasta ahora sobre la cual se sustenta la mentira histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam. Por si fuera poco, de acuerdo a una investigación periodística elaborada por Anabel Hernández y Steve Fisher, el implicado era sólo un albañil de familia muy pobre cuyas “confesiones” fueron obtenidas mediante tortura.

Frente a las consecuencias del hecho, la resolución emitida se quedó muy corta si consideramos que sólo da vista a la Secretaría de la Función Pública, presidida por Arely Gómez, ex jefa de Zerón, lo que contrasta con el proyecto de resolución elaborado por el ex Visitador César Alejandro Chávez Flores, quien inició la investigación interna y consideraba que Tomás Zerón y Bernardo Muñoz Cano, también funcionario de la PGR, eran responsables de violar el derecho a la Verdad y daba vista al ministerio público por la posible trascendencia penal. Lamentablemente, el Visitador Chávez fue destituido de su cargo un día antes de que Zerón fuera también separado de la PGR, para nombrarlo Secretario Técnico del Consejo de Seguridad y seguir cobijado por el gobierno.

Esta pifia se viene a sumar a las demás que han quedado muy bien documentadas en el libro de Témoris Grecko titulado Ayotzinapa, la mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado (Editorial Proceso, septiembre, 2016). Este libro atrapa al lector, no sólo por la actualidad del tema, sino porque en él Grecko conjuga diversas cualidades: una prosa fluida, una estructura interesante, un documento histórico muy bien documentado. Pero a diferencia de muchos trabajos sobre la desaparición de los normalistas, la investigación de Témoris describe su trabajo periodístico propio, en el que muestra su capacidad para enfrentarse a mundos a los que pocos nos atrevemos.

Narra lo que ocurre en el Pentágono de la Amapola, en el que el tráfico de personas, heroína y dinero está controlado por retenes de criminales y supuestas “fuerzas del orden”. Ubica a Iguala como el cetro de acopio y trasiego de la heroína, donde el secuestro, extorsión y asesinato constituyen anécdotas diarias de un México que nos duele y que camina junto a nosotros, nos desafía y atemoriza.

Como miembro de la Comisión Especial de Ayotzinapa en la Cámara de Diputados considero que Témoris Grecko ha realizado una mejor investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que la de la PGR.

Su libro consta de tres secciones: 1) el contexto histórico-geográfico en que ocurren los hechos; 2) sobre la trágica noche de Iguala en la que resalta la complicidad de las policías y el crimen organizado, y la omisión del Ejército, y 3) sobre las inconsistencias, tergiversaciones y encubrimientos de la investigación de la PGR.

Escalofriante relato, no sólo porque demuestra que es mentira lo que Jesús Murillo Karam informó sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, sino porque nos lleva con sus relatos a un mundo que sabemos que está ahí, en el que dominan los cárteles de la droga con la anuencia, complicidad y silencio de los gobiernos mexicano y norteamericano. No hay autoridad alguna que los detenga: ni las policías municipales, estatales o federales; ni el Ejército o la Marina.

Témoris Grecko hace lo que la PGR se negó a hacer por mucho tiempo y que, por los señalamientos del GIEI, lo realizó de manera deficiente y parcial: analizar el contexto en el que se da la desaparición forzada de los jóvenes. Es entonces donde aparecen nombres de los personajes más oscuros de la historia de este país y de Guerrero en particular: Rubén Figueroa, Acosta Chaparro, Salvador Rangel Medina, el grupo Sangre, personajes de la Guerra Sucia, que cobijados por el poder y el estado masacraron a la población civil que realizaba demandas justas.

El libro nos permite entender la cadena de omisiones, encubrimientos y complicidades de los Aguirre, Abarca, Cienfuegos, Osorio, Mazón, Zerón y Karam. Aparecen los Figueroa, caciques de Huitzuco, enquistados ahí desde antes de la Guerra Sucia, pero que durante ésta fueron desafiados por el maestro normalista de Ayotzinapa, Lucio Cabañas, quien secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, cuando este trató de sobornarlo, acto que costó la vida a Cabañas una vez que el propio Figueroa ganó la gubernatura. Grecko nos recuerda también que, su hijo, Rubén Figueroa Acosta es el ex gobernador que tuvo que renunciar después de la matanza de Aguas Blancas. De esta forma, podemos entender por qué la PGR no ha detenido a un sólo personaje de Huitzuco, gobernado por el PRI, donde opera también el narco y al que, según diversos testimonios policías del municipio llevaron a los estudiantes para que el “Patrón” decidiera su suerte.

En su libro Témoris Grecko teje la evidencia que muestra por qué no actuó el Ejército, qué complicidad tienen miembros de éste y la Marina con la delincuencia organizada, por qué Iguala es tan “valiosa” para la delincuencia organizada y por qué el quinto autobús pudo desatar la furia con la que fueron atacados los estudiantes. La evidencia está ahí, es el gobierno el que se niega a realizar una investigación que permita conocer la verdad y hacer justicia. Por eso indigna que a Zerón sólo se le finquen responsabilidades administrativas.