En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, ante lo cual se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron especialistas en el tema.

Durante el panel sobre seguridad que se realizó recientemente como parte de los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y ex subprocurador de la República, enfatizó que el Estado es el responsable de brindar seguridad y justicia, así como las políticas públicas eficientes para enfrentar al crimen organizado y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que rompen el tejido social.

Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas, y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.

Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, refirió que en el país irrumpió de manera violenta un nuevo sujeto social, el crimen organizado, del cual sabemos muy poco. ‘‘Como nación es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento’’ y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas para combatirlo.

Recordó que en las décadas de los 60 a los 80 había una sola organización delictiva dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis grupos, entre ellos los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo. Comenzaron entonces los conflictos entre éstos para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado esas bandas se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, entre ellos Los Zetas o Los Templarios.

En una segunda etapa continuó la fragmentación, y las organizaciones regionales han dado paso a alrededor de 250 bandas disputando no sólo el negocio del narcotráfico, sino otros mercados ilegales. Así, hay crimen organizado para el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro.

Por su parte, José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que ha habido avances en la parte de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero por otro lado, una extraordinaria crisis de seguridad en el país.

Mario de la Garza, presidente de la Barra de Abogados, opinó que la gravedad de la crisis en los sistemas de seguridad y justicia se refleja en datos como que 96 por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la posibilidad de imponer sanciones es de sólo 2 a 5 por ciento, lo cual significa que 98 por ciento de los ilícitos que se cometen en México no tiene consecuencia.

Luis Esteban Islas Basilio, en representación de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, señaló que la pregunta relevante que se debe hacer es cuáles son los factores que inciden en los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado, donde se registró un incremento entre 2008 y 2011, una disminución entre 2012 y 2014, y un nuevo incremento entre 2015 y 2016.