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Una verdadera muerte a la corrupción

13 Febrero 2019

Una verdadera muerte a la corrupción

Autor: 
Fabiola Loya

Por Fabiola Loya Hernández, diputada de Movimiento Ciudadano por Jalisco

@FabiolaLoyaMC

A propósito del aumento en la percepción ciudadana de la corrupción en México, pasando del lugar 135 al 138 en el índice que elabora Transparencia Internacional, resulta urgente continuar reforzando nuestro andamiaje legal para prevenir y sancionar efectivamente este delito.

Para Movimiento Ciudadano, arrancar de raíz un problema que nos cuesta a los mexicanos hasta el 10% del PIB requiere, tal como hemos propuesto desde el Poder Legislativo, desterrar a los corruptos de la vida pública para evitar que sigan dañando a la sociedad, en lugar de decretar perdón y olvido o crear leyes a modo como busca el Poder Ejecutivo con su iniciativa respecto al fuero constitucional, donde lo sustituye por una figura parecida que otorga inmunidad al funcionario corrupto y lo blinda de ser detenido en caso de cometer actos ilegales, mientras que los ciudadanos perderían sus derechos político-electorales sólo por ser investigados por el mismo hecho. De ese tamaño es la desigualdad en su propuesta. No suficiente con ello, su intención de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa crea mayores obstáculos para que los corruptos pisen la cárcel, toda vez que debilita aún más nuestro sistema de procuración de justicia al permitir la detención arbitraria sin una investigación eficiente de por medio, lo cual a la postre implicaría la libertad del presunto delincuente.

México requiere que sigamos avanzando en el combate a la corrupción, no con buenas intenciones, ni soluciones a medias, mucho menos legislando para unos o para otros, sino con instrumentos efectivos para evitar más Estafas Maestras, más Casas Blancas o más Duartes, por ello Movimiento Ciudadano impulsa una solución contundente: MUERTE CIVIL A CORRUPTOS, con el fin de que no puedan acceder nunca más a un cargo público o de elección popular, ni concursar en la asignación de contratos gubernamentales, es decir, no darles una segunda oportunidad a quienes hayan optado por servirse del país.