No debería ser sorpresa para nadie que en México había un poco más de 46.2 millones de pobres en 2014. Ante esta situación, el PRI y el PAN, los empresarios, algunas organizaciones civiles y diversos sectores intelectuales nos han ofrecido un modelo económico en el cual el ingreso ?gotea? desde las grandes fortunas a todos.
Para ellos sólo hacía falta crecer mediante las famosas reformas estructurales. No obstante, el magro crecimiento que hemos tenido en estos años no ha ?goteado? a todos nosotros, y se antoja imposible que con las reformas estructurales así suceda.
La riqueza generada por el crecimiento, que debería sacar a millones de la pobreza, ha sido capturada por unos cuantos multimillonarios, perpetuando las condiciones de vulnerabilidad de los demás. Esa es la amplia desigualdad que nos lacera. Desafortunadamente, hasta el día de hoy conocemos muy poco del tamaño de esas fortunas multimillonarias que crecen día con día.
¿Por qué? Porque, aunque el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) -instrumento que usa el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza- nos ayuda a conocer el ingreso de todos los mexicanos, es sumamente complicado conocer el de los más ricos, que resultan en muchas ocasiones inalcanzables para los encuestadores y que, cuando son alcanzados, reportan mucho menos de lo que ganan. Para saber cuánto del ingreso del país es capturado por los más ricos es necesario mejorar la ENIGH para que capte mejor el ingreso de algunos millonarios y agregarle los datos fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo cual se conocería todo lo que la ENIGH, por su naturaleza, no puede percibir.
Con ello conoceríamos las verdaderas dimensiones de la captura del ingreso de los mexicanos y del crecimiento de la desigualdad. Ante esta situación, algunos investigadores se aventuraron a estimar la concentración del 1% más rico del país con los datos de la ENIGH que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por un lado, Raymundo Campos, Emmanuel Chávez y Gerardo Esquivel estimaron que ese 1% más rico de la población concentra el 25% del ingreso del país. Por otro lado, dos investigadores del INEGI, que además tuvieron acceso a los datos del SAT, Gerardo Leyva y Alfredo Bustos, estimaron que dicha concentración del ingreso en el 1% más rico ascendía al 17.3%.
No obstante, estas estimaciones no son oficiales. Los ciudadanos necesitamos conocer esta información de manera pública para que forme parte de nuestras consideraciones para cuando llegue el momento de encontrarnos con las urnas en las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales que se decantará el rumbo de la política social y económica del país.
Políticamente esto es, ni más ni menos, lo que está en juego: los alcances de las políticas públicas futuras que definirán el desarrollo político y social de un país urgido de crecimiento económico con una fuerte redistribución de la riqueza para dar oportunidades que incluyan a la mayoría de los mexicanos. Sin embargo y para nuestra sorpresa, recientemente INEGI, sin avisarle a Coneval como está obligado, cambió la metodología de levantamiento del MCS 2015.
¿Por qué lo hizo? Según INEGI, esto se hizo para resolver este problema de captación de información. Sin embargo, sospechosamente lo hizo en el año 2015, no en el 2018 a pesar de que había un acuerdo para que en 10 años (2008-2018) no hubiese cambios, con la finalidad de que sus resultados pudieran ser comparables en el tiempo, condición fundamental para que estas mediciones sean útiles.
Fue todavía más sospechoso que el cambio de la metodología del levantamiento del MCS 2015 diera como resultado un ajuste desproporcionado de la distribución del ingreso. Si algún medio quisiera desinformar haciendo una comparación inválida con ese ajuste, diría que el 33.6% del ingreso de los más pobres aumentó de un año para el otro y que apenas aumentó un 7.5% para los más ricos. De pronto en México tenemos ricos sospechosamente pobres y pobres sospechosamente ricos, cuando la evidencia existente señala que debía suceder al revés.
Si se hiciera esta comparación se reduciría dramáticamente el número de pobres de México y se cerraría de manera artificial la brecha de desigualdad. Insistiendo en nuestra sospecha, este cambio coincidió con las esperanzas de Rosario Robles y José Antonio Meade -anterior y actual secretarios de desarrollo social- de que se midiera mejor a los pobres. Incluso, en este afán se entregaron a los beneficiarios de los programas sociales fichas para que respondieran los cuestionarios del INEGI de la manera en que Sedesol quería.
Que el INEGI coincidiera en el tiempo (2015) con los deseos de Robles y Meade antes del momento legal para hacer un cambio de metodología es preocupante y debe investigarse. El Congreso tiene que fiscalizar rigurosamente este proceso. Es urgente una investigación con una representación plural y equilibrada de todos los partidos que, ante todo, despeje cualquier duda de injerencia indebida, para que en su caso se asignen responsabilidades institucionales a todos los involucrados si así corresponde.
Si se confirma que se tomaron decisiones indebidas y sesgadas políticamente con respecto en este episodio se abriría la puerta para que se vulnere la imagen de independencia y credibilidad del INEGI, y con ellas, la legitimidad de políticas públicas que no deben estar sujetas al oportunismo electoral de algunos de los aspirantes presidenciales.
Un cambio de estas dimensiones evita la evaluación real y fidedigna de los efectos de las reformas estructurales y del modelo económico. Que se vulnere la buena fe y el rigor científico que presuponemos en las estadísticas nacionales es algo inaceptable, menos de cara al período electoral que se avecina. Por eso manifestamos nuestro reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y a los usuarios de la información estadística de INEGI que sumaron sus voces para hacer un llamado de prudencia para que urgentemente se transparente y elimine cualquier posibilidad de duda o sospecha sobre los cambios efectuados en el MCS.
Tiene que quedar muy claro: lo que está en juego no es solo un cambio metodológico, también es la independencia formal e informal de nuestro instituto de estadística, cuyo trabajo permite evaluar la efectividad de la política social y otras políticas públicas: el éxito o fracaso de un gobierno. Estos hechos no solo son de suma gravedad porque se cambie la medición de la pobreza y de la desigualdad o porque haya la posibilidad de una vulneración de la credibilidad de INEGI.
También es grave porque no se podrá comparar cómo cambió la pobreza en los municipios del país desde 2010, no se podrá mejorar la asignación de presupuesto a las entidades más pobres del país -incluso privando a varias de ellas de millones de pesos. Si ese cambio continúa en la ENIGH 2016 no podremos saber si funciona la política social del gobierno de Peña Nieto, ya de por sí cuestionada.
Es la paradoja de un gobierno obsesionado con la evaluación que no podrá ser evaluado. Prácticamente regresaríamos a las sombras en política de combate a la pobreza y, curiosamente, podrán justificar sin cansancio que su modelo económico funciona. Ante este escenario ha habido servidores públicos -como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle? y medios de comunicación ?como el periódico Excélsior? que han hecho comparaciones indebidas con esta información.
La actuación de estos personajes e instituciones no solo denigra la presencia pública de INEGI, también puede tener efectos delicados sobre el trabajo de instituciones que basan su legitimidad en su independencia e imparcialidad en torno al juego político.
Aunque celebramos que INEGI y Coneval estén en pláticas para solventar esta situación, esto no es suficiente. Si queremos hacer las cosas bien en la ENIGH 2016, y en adelante, exigimos algo indispensable: conocer a cuánto asciende el ingreso de los más ricos de México.
Mediante un proceso abierto, transparente e inclusivo, con el respaldo e impulso de las comunidades vinculadas o interesadas en la medición de los ingresos, INEGI y Coneval, en el marco de sus autonomías, deben pedir que el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hagan públicos sus registros administrativos para ajustar los datos de las encuestas a hogares. Sólo así podremos conocer realmente cuanto es el ingreso de los mexicanos, sobre todo de aquellos que realmente subestimamos dentro de los deciles más altos, en especial los que se colocan en el 1% de los más altos ingresos.
Solo de esta manera podrán estimarse objetivamente los alcances del modelo económico actual con sus consecuencias para la vida pública y democrática del país. Por lo anterior, declaramos que aquellos que usen de manera irresponsable los datos del MCS 2015 para hacer comparaciones sobre la pobreza y la desigualdad en México; quienes violenten la ley para modificar o influir en las estadísticas oficiales; aquellos que vulneren la autonomía y fortaleza institucional de los órganos encargados de las estadísticas públicas y de su medición; quienes desinformen a los ciudadanos con datos que no pueden ser comparables; quienes limiten la posibilidad de hacer una evaluación política objetiva y razonable en 2018; quienes se nieguen a la transparencia y la rendición de cuentas para mejorar en serio las mediciones de pobreza y desigualdad con los registros administrativos del SAT y el IMSS -o cualquier otra estadística nacional- son nuestros adversarios políticos.