En el Alto Golfo de California los tracantes de la totoaba no son el principal depredador que ha dejado a la vaquita marina al lo de la extinción. En años anteriores sólo se había culpado a los pescadores de los pueblos de San Felipe, Baja California, y del Golfo de Santa Clara, Sonora. “Parecemos los chivos expiatorios”, expresaron en diciembre de 2016 a este diario varios líderes pesqueros.

La situación en la reserva es una olla a punto de explotar: no sólo se trata de crimen organizado totoabero que, de acuerdo con la organización internacional C4ADS, como documentó EL UNIVERSAL la semana pasada, no ha tenido efectos importantes en la persecución, o de comunidades pesqueras que viven un sofocamiento económico tras la veda permanente publicada en el Diario Ocial de la Federación el 30 de junio de 2017, sino también de una serie de atropellos cometidos desde las autoridades encargadas de impartir la ley.

El peligro de extinción en el que se encuentra la vaquita marina es el resultado de la negligencia y omisiones de las autoridades mexicanas en la implementación de políticas públicas, profundos conictos internos y estructurales entre los sectores ambiental y pesquero que, en lugar de coordinarse, se contradicen”, arman organizaciones ambientales en el informe Vaquita marina. El ocaso de una especie por negligencia gubernamental, que suscriben Greenpeace, Defenders of Wild Life, el Centro para la Diversidad Biológica de México, Comarino y Teyeliz Medio Ambiente, y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Entre las fallas contenidas en el documento —que será presentado hoy en conferencia de prensa— señalan aspectos de inspección y vigilancia, autorización del aumento de la pesca y del número de embarcaciones, además de que no han presentado opciones sustentable para contribuir a la economía del sector. Prueba de lo anterior queda asentado en las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La investigación detalla cómo los esfuerzos para la recuperación de la vaquita marina, entre ellos el Programa para la Conservación de la Especie (PACE-vaquita) o las recomendaciones del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) han servido de poco ante un problema que atañe de lleno al sector pesquero.

De acuerdo con el documento, alrededor de la pesca incidental de vaquita en redes de enmalle empleadas para atrapar totoaba hay una serie de problemas pesqueros como el agotamiento de las especies, sobrepesca, captura ilegal de especies no permitidas y el uso de equipos dañinos, mientras que se retrasa la entrega de permisos para operar con artes de pesca alternativas.

Luego de un análisis de la política pública pesquera y de cuál ha sido su inuencia en la protección de la vaquita marina, Greepeace señala que las medidas conservacionistas del sector ambiental se contraponen a las acciones de la población pesquera, puesto que el esfuerzo de captura en el Alto Golfo de California no disminuye.

En 2015, por ejemplo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), responsable de operar un programa de inspección y vigilancia que enfrente a la pesca ilícita, apenas vigiló la veda en 16 de 40 pesquerías en todo el país que muestran señales de sobreexplotación o que se encuentran en repoblación, como sucede con el hábitat de la pequeña marsopa mexicana.

Datos de la ASF indican que ese año, del total de días que la Conapesca debía vigilar la veda de especies protegidas, sólo alcanzó a cubrir 29.7%, a pesar que la meta era de 45% a nivel nacional. Esta situación preocupa especialmente a Greenpeace, puesto que una de las vedas que no fue vigilada en el estado de Sonora fue la de curvina, una especie parecida al pez totoaba que también habita en el Alto Golfo de California y que, según consideran, sirve para ocultar la pesca ilegal.

Miguel Rivas, responsable de Océanos de Greenpeace, asegura en entrevista que Conapesca es una institución que no está funcionando: “Le ha puesto el pie a las medidas de Semarnat, que ha trabado básicamente todo lo que ha querido salvar a la vaquita, y es por eso que estamos hablando de medidas desesperadas, así como llevarlas al cautiverio, vender totoaba de forma legal [pesca deportiva], etc. Lo que salga. Son como las últimas medidas que nos van quedando en la baraja de alternativas […] A nivel país debe ser reformulada, y obviamente que tiene que favorecer a un tipo de pesca que sea sustentable”

La ONG medioambientalista también señala que actualmente se desconoce el estado de los recursos pesqueros y, por lo tanto, no se sabe si las embarcaciones, los participantes o las artes de pesca utilizadas son las correctas para extraer las especies.

En este caso, debido a que la Carta Nacional Pesquera (CNP) no se actualiza desde 2012, se desconoce el estado de poblaciones como la curvina e incluso de totoaba, cuyo buche es la perla marina que muchos disputan a fuego y sangre, dado el contexto de trasiego que lo ha colocado como un producto más caro que la cocaína y que ha propiciado la creación de toda una organización criminal en la que están vinculados México, Estados Unidos y China.

Descontrol

La Conapesca es la responsable de operar y evaluar el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, sobre todo en las zonas sobreexplotadas y de repoblación del hábitat de la vaquita marina, de acuerdo con las leyes. Sin embargo, ha fallado en el cumplimiento de medidas, como el esfuerzo pesquero, el ordenamiento y la reconversión de las artes de pesca, señala el informe.

Destaca que este órgano, que se encarga de la publicación de la CNP, donde se incluyen datos sobre el estado de los recursos, para que las autoridades tomen decisiones —por ejemplo, en la emisión de permisos de pesca o vedas—, no la ha actualizado desde 2012.

Alejandro Olivera, experto del Centro para la Diversidad Biológica de México, indica a este diario que la política pesquera “ha entorpecido la eliminación de redes que dañan a la vaquita marina y la reconversión de las artes de pesca”. En terreno de política pública, el camino a seguir debería ser una veda a la pesca en el área de distribución de la vaquita en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, ya que las vedas anunciadas hasta ahora han sido parciales o temporales con algunas excepciones, como la pesca de curvina, explica.

De igual forma, Olivera critica que en el hábitat se abra la puerta a pesquerías que no están reguladas y tampoco se sabe el estado de sus recursos, como es el caso de la sierra.

En cuento al esfuerzo pesquero- número de individuos embarcaciones o artes de pesca aplicados en la captura o extracción de especies en una zona y periodo determinados—, se ha dado un aumento en el número de embarcaciones en el polígono donde habita la vaquita, es decir, “contradice las recomendaciones del CIRVA, las disposiciones del PACE-vaquita, y de lo establecido en la CNP, en el sentido de limitar y disminuir el esfuerzo pesquero en el Alto Golfo de California”, documenta el reporte de las organizaciones.

Acciones fallidas

El ordenamiento pesquero que regula y administra las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, “ha fallado”: “Los recursos pesqueros están sometidos a una sobreexplotación, la ausencia de medidas y aplicación correcta de la legislación, así como la falta de coordinación entre dependencias, y trae consecuencias negativas, en este caso, el declive sostenido y agravado en los últimos cinco años de la población de vaquita”.

Tras la suspensión pesquera en 2015, la tarea de Conapesca era desarrollar alternativas sustentables para que las comunidades del Alto Golfo de California pudieran continuar con sus actividades, puesto que las redes de arrastre representaban un problema por la incidencia en la captura de individuos juveniles de totoaba y vaquitas marinas. Sin embargo, a la fecha no se han realizado, expone Greenpeace.

“La auditoría encuentra que la comisión no dispuso o no dio informes acerca de las actividades de inspección y vigilancia, aprovechamiento sustentable y recorte del aprovechamiento ilegal. No acreditó el número de vericaciones que realizó con Profepa, no hubo una coordinación.

“No existe certeza en la vericación de las acciones de protección de recursos. La revisión de la ASF estableció que incumple obligaciones legales, presupuestales y hacendarias, lo que incluye sus propias reglas de operación. No cuenta con un diseño de programas de inspección y vigilancia ni pudo demostrar el combate a la pesca ilegal. Tiene repercusiones sobre la pesca directa en el Alto Golfo de California”, dice la representante de Comarino, Mercedes Anzures, sobre la auditoría realizada a Conapesca entre 2013 y 2015.