Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negaron a bajarse el salario. 

En un documento firmado por el secretario general de Acuerdos de la Corte, Rafael Coello Cetina, se asegura que, para los juzgadores, sería inconstitucional cobrar menos dinero.

El oficio fue entregado a la asociación civil "Somos Más" que, en enero pasado, en el marco de las protestas contra el gasolinazo, pidió a los Ministros reducir sus ingresos, luego de que el Poder Judicial registró uno de los principales aumentos presupuestales.

"Tanto la SCJN como cualquier órgano constituido del Estado Mexicano se encuentran en constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones", señala.

La Corte advierte que los sueldos y prestaciones de los jueces, magistrados y Ministros se rigen por el principio de irreductibilidad establecido en el artículo 94 de la Constitución.

De acuerdo con ese precepto, la remuneración que perciben sus servicios los juzgadores no podrá ser disminuida "durante su encargo".

"No podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia", indica.

En la respuesta, también argumentan que los sueldos que perciben buscan garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales.

"El monto de esas remuneraciones es un factor más que contribuye a que sus resoluciones se emitan en estricto apego al marco jurídico aplicable, sin influencias ajenas a este, como puede ser la determinación presente o futura del nivel de sus ingresos", refiere.

Según el documento, las remuneraciones son la única fuente de ingresos que tienen los Ministros,quienes se encuentran restringidos por la Constitución para ejercer otros cargos.

Tras la negativa, explicaron que, para contribuir al fortalecimiento en las finanzas públicas, adoptarán una serie de medidas para regresar al erario mil 900 millones de pesos.

Reiteraron que están dispuestos a diferir proyectos de obra pública no prioritarios, devolver los excedentes, conservar las vacantes temporales, racionalizar gastos de viáticos, pasajes, ceremonial difusión así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

En enero pasado, activistas de la organización civil "Somos Más" solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso convocar a periodo extraordinario para reducir sueldos y prestaciones a funcionarios públicos, así como el gasto publicitario del Gobierno federal.

Informaron que el Presidente de la República tiene un sueldo mensual de 484 mil pesos, mientras que sus homólogos en América Latina perciben en promedio 264 mil pesos.