Legisladores del Movimiento Ciudadano proponen la creación de una comisión especial para investigar las “violaciones graves a derechos humanos” cometidos por el gobierno federal en contra de activistas y periodistas, a través de un sistema de espionaje.

El punto de acuerdo que se presentará en la Comisión Permanente, firmado por los diputados Jorge Alvarez Maynez, José Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, María Candelaria Ochoa y Macedonio Tamez, es la primera reacción de legisladores ante el escándalo detonado por la publicación de un informe elaborado por Artículo 19, R3D, y Social Tic, con asistencia de la canadiense Citizen Lab, donde se da cuenta del espionaje puesto en marcha entre 2015 y 2016.

El punto de acuerdo recuerda la tesis de 2011 de la Suprema Corte de Justicia sobre la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus diferencias con el derecho a la intimidad”, al tiempo que destaca como delito grave la violación al artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé una pena de seis a 12 años para quienes intervengan comunicaciones privadas sin mandato de una autoridad judicial competente.

También destaca que el espionaje al hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, violentó lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que subraya que los menores de edad “no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia”.

El gobierno federal desatendió también otra tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordena el deber de todas las autoridades a vigilar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El punto de acuerdo propone la creación de una comisión especial integrada por especialistas, instancia que indagará las dimensiones de este operativo de espionaje, así como rendir un informe trimestral sobre su trabajo.

Igual exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa para “transparentar todo lo relativo a la compra del equipo” de malware a una empresa israelí.