Los registros estadísticos disponibles sobre desapariciones en el país no permiten contar con la información mínima necesaria para entender este fenómeno, y esto se debe a las inconsistencias entre las bases de datos y a la heterogeneidad de sus respectivos criterios de construcción.

Ello, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), mismo que desarrolló una investigación acerca de este problema que publica en el primer fascículo denominado “El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?”, que forma parte de la colección “¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública”.

Según el estudio, estas carencias no sólo evidencian que es imposible dimensionar la incidencia de la desaparición, sino que se carece de las políticas públicas y del compromiso institucional necesario para garantizar el acceso a la justicia y la verdad a las víctimas.

Para el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, en México es urgente entender a fondo el fenómeno de la desaparición, debido a que actualmente representa un grave problema en materia de derechos humanos, seguridad y estado de derecho.

En rueda de prensa advirtió que, negar justicia a las víctimas significa mantener vigentes los actuales índices de impunidad, así como ignorar parte del fenómeno del homicidio, de la trata de personas, del secuestro y de otros delitos violentos.

“Negarle la verdad a las víctimas significa mantener vivo el dolor, generar desigualdad y condiciones de vulnerabilidad para los familiares de desaparecidos, así como debilitar las instituciones y el entramado social”, señaló.

De acuerdo con los distintos tipos de registros nacionales y estatales, la información de personas desaparecidas está dispersa y la mayoría de los registros de las víctimas tiene fines de difusión, pero no son de fácil acceso.

Además, existen profundas inconsistencias en las distintas bases de datos de personas desaparecidas sobre el número, clasificación y media filiación; hay causales de baja cuestionables de casos de personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Es más, en los registros de personas desaparecidas no hay elementos para determinar la incidencia, los patrones ni las causas de este delito, lamentó.

También existe profunda confusión conceptual de las autoridades, pues utilizan indistintamente los términos personas desaparecidas, extraviadas, ausentes y no localizadas.

Es por ello que la ONC propone crear un “Sistema de gestión de información” que sea de utilidad para víctimas y autoridades.

La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral, pues sin registros estadísticos sólidos, confiables y oportunos “no sabremos identificar la magnitud del problema y, por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas o las capacidades institucionales forenses”.

También dijo que el documento tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México, a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

El tomo de referencia, abundó, trata del registro de las desapariciones, que es la base para las búsquedas de las personas, las investigaciones judiciales y forenses.

Por esas razones, el Observatorio Nacional Ciudadano propone un sistema de gestión de información que incluya: Plena implementación del software donado por la Cruz Roja Internacional ante mortem/post mortem (AM/PM), que concentra no sólo los datos de desaparecidos sino información sobre las personas encontradas sin vida.

Además, incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros; incluir información sobre personas que se encuentran en centros de detención, así como generar un registro de fosas comunes y clandestinas.

También desagregar la información recabada de personas desaparecidas no sólo para fines de su difusión sino para entender las características de este fenómeno delincuencial.

Igual menciona que para lograr estos objetivos debe haber un liderazgo claro de las autoridades federales y estatales por reconocer la dimensión de la desaparición forzada e involuntaria de personas en México y generar e implementar adecuadamente políticas públicas especializadas en la materia.

El Observatorio Nacional Ciudadano también propone sensibilizar y capacitar a los servidores públicos involucrados alrededor del fenómeno; supervisar la adecuada actuación de aquéllos y colaborar con la sociedad civil con la finalidad de incrementar la efectividad de la investigación de los casos y abonar a la rendición de cuentas.