El 15 de mayo pasado se promulgó la nueva reforma constitucional en materia educativa. La anterior -promulgada por el Gobierno de Peña Nieto- tuvo varios aspectos positivos, pero la forma en como fue aplicada y algunos de sus contenidos, la hicieron ser percibida como punitiva en contra de las maestras y maestros de México.

 

Por esa razón y otras más de carácter político, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a echarla para atrás. Ya como Presidente, presentó iniciativa que, con otra propuesta presentada por los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN -elaborada con académicos de la Red Educación y Derechos-, constituyeron los insumos base para que, enriquecida con propuestas recibidas en parlamento abierto, resultara una buena reforma constitucional.

 

En ella, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; se incorpora el derecho de la educación inicial y superior, así como la obligación de garantizarlas; a los principios de educación pública, gratuita y laica, se agrega el de rectoría del Estado, así como carácter universal e inclusivo; enfoque de derechos humanos.

 

Se revalora el papel de los maestros como agentes del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social; se establece el Sistema de Carrera bajo la rectoría de la Federación, en coordinación con las entidades federativas, así como procesos de evaluación y selección para docentes: públicos, transparentes, equitativos e imparciales, de naturaleza integral y que no afecten su permanencia; fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, en particular las normales.

 

Creación del Sistema de Mejora Continua de la Educación, coordinado por una instancia profesional y académica cuyos integrantes fueron nombrados por el Senado. Gradualidad y obligación presupuestal para respaldar cambios y nuevos derechos educativos. Creación de un fondo para la educación superior y presupuestos plurianuales para infraestructura.

 

Estos contenidos debían ser reglamentados a través de reformas a la Ley General de Educación, leyes para la carrera de los maestros y la del Sistema para la Mejora Continua de la Educación.

 

Tras un arduo trabajo, se logró articular contenidos cercanos al 90% de avance. Sin embargo, en las cuatro semanas previas a la aprobación en la Cámara de Diputados, se quitaron párrafos y se agregaron redacciones no consensuadas, producto de lo que públicamente fue tratado como acuerdos con una de las facciones de la CNTE.

 

Se eliminaron la mayor parte de los párrafos sobre la evaluación, dejándola como un complemento irrelevante de los procesos de promoción e ingreso de los maestros.

 

La rectoría del Estado se vulnera al agregar a la representación sindical en 32 mesas donde se revisarán los dictámenes de promoción y nuevo ingreso.

 

Estos dos puntos y otros más, hacen que el interés superior de niños, adolescentes y jóvenes no se pueda lograr, pues evaluación, ingreso y promoción deben ser los procesos y la base académica para conseguirlo. El interés laboral es legítimo, pero debe quedar subordinado a la naturaleza académica del trabajo docente y magisterial.

 

Se traslada la mayor parte de atribuciones y lineamientos a la autoridad educativa del servicio de carrera de maestros a la SEP, en lugar de que éstas estén contenidas en las leyes, como mandata la Constitución.

 

Se establece un mecanismo de "planeación de egresados de normales" que al final es otorgamiento de plazas automáticas, pasando por arriba de la disposición constitucional que establece procesos de selección en igualdad de condiciones, en los que se consideren conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

 

Se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa y con ello el instituto que coordinaba la política y técnica de construcción y mantenimiento de escuelas.