En los últimos 15 años la población en las cárceles del país se incrementó 39 por ciento
Los diputados de Movimiento Ciudadano, Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, plantearon exhortar al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de las entidades federativas a diseñar e implementar acciones para eficientar el funcionamiento de los centros penitenciarios y delinear políticas integrales de reinserción social.
Según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a junio del 2015, más de la mitad de los penales en el país registraron sobrepoblación. Explicó que 420 cárceles contaban con una capacidad de 195 mil 278 personas, pero 46 mil 722 internos sobrepasaron este cupo, es decir, existían 242 mil reclusos en total. Indicaron que la mayor sobrepoblación se presentó en Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, e informaron que apenas el 50 por ciento de los reos tiene una sentencia.
Además, el problema se agrava, pues se reportaron, en 2014, dos mil 436 incidentes dentro de todas las cárceles en el país, es decir, se registraron mil 218 peleas, 48 huelgas de hambre, 25 homicidios y 20 fugas; en el periodo de febrero a junio de 2015, se tuvo conocimiento de 93 riñas, 28 decesos y una fuga.
Ramírez Nachis y Sánchez Orozco expresaron que en los penales estatales sólo el 22 por ciento de los reclusos tienen una sentencia, debido a la falta de jueces, al tiempo que tardan los trámites judiciales y la carencia de personal en el ámbito penal, para hacer frente a la carga de trabajo.
De todas las condenas que dictan los jueces, únicamente el 3.6 por ciento no tiene como destino la cárcel y la reinserción no parece ser la solución a esa problemática.
Además, más del 88 por ciento de los internos fue involucrado en actividades de reinserción social, pero hasta 2014, el 45 por ciento ya había reincidido en cometer uno o más delitos tras ser liberados. En los últimos 15 años la población penitenciaria en el país se incrementó en un 39 por ciento. Mientras en el 2000 había 154 mil reos, el año pasado eran 251 mil; hace 15 años en el país existían 433 centros de reclusión, mientras que en la actualidad hay solamente 420. Por ello, expusieron, se necesitan implementar reformas al sistema penitenciario que permitan modificar las tendencias de crecimiento actuales de la población carcelaria y así controlar las consecuencias asociadas; es decir, replantear el sistema de sanciones y hacer un uso responsable de la prisión como medida extrema.
Resaltaron que las leyes, normas y protocolos que se aplican a los internos de los penales para rehabilitarlos y se adapten a la sociedad una vez que obtengan su libertad, no funcionan en un ambiente carcelario en el que prevalecen graves problemas de hacinamiento, violencia, violación de derechos humanos y otros males que carcomen y hacen inútil cualquier esfuerzo por brindar una nueva oportunidad social a quienes han delinquido.
De ahí, la importancia de instrumentar un nuevo modelo de reinserción social, donde el recluso pueda recibir atención psicológica, conjuntamente con los miembros de su familia, y una capacitación laboral que permita crear incubadoras sociales.