La Procuraduría General de la República (PGR) pervirtió las investigaciones sobre el “ataque policiaco” del 19 de junio pasado en Asunción Nochixtlán al pretender reducir el crimen de lesa humanidad a la acción de dos uniformados, denunciaron víctimas del fallido desalojo.

En una carta dirigida al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, y firmada por 68 víctimas del desalojo violento que dejó ocho muertos y 198 heridos –155 civiles y 43 policías–, de los que 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego, se demanda reconducir las investigaciones y respetar el sistema adversarial.

“La investigación que hasta ahora ha realizado la Procuraduría General de la República, ha revivido al sistema inquisitivo, pervirtiendo las reglas del sistema acusatorio adversarial, y ha pretendido transformar una tragedia colectiva del pueblo de Nochixtlán en un evento infravalorado, que tiene como únicos actores a un par de policías no identificados”, se resalta en el documento.

Las víctimas consideraron que lo ocurrido en Nochixtlán fue un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por el que responsabilizan a 12 funcionarios estatales y federales –entre ellos el exgobernador Gabino Cué y el excomisionado de la PF, Enrique Francisco Galindo Ceballos–, y a 850 agentes de las policías Estatal y Federal. También insistieron en acusar en que la PGR pervierte las reglas del sistema jurídico, al intentar reducir la agresión generalizada contra la población civil a un evento en donde sólo habrían actuado dos policías que, además, no han sido identificados.

El grupo de 68 víctimas exige que la dependencia reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y adopte criterios de autonomía e independencia técnica, privilegiando el respeto a los derechos humanos y dando preeminencia a la víctima del delito por encima de los intereses del Estado. “La investigación de esta Procuraduría esta disociada de las huellas y evidencias de la verdad”, afirmaron.

Igual consideraron que “es necesario que la Procuraduría exija al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) todos y cada uno de los informes previos, concomitantes y posteriores con que cuente en relación con los hechos y el operativo realizado en Nochixtlán”.

Entre las demandas de las víctimas al procurador Raúl Cervantes figura también que se agoten todas las facultades de esa institución para ampliar la hipótesis técnica de investigación al dolo eventual y a la omisión impropia, temas que, consideraron, son los adecuados para lograr éxito en la compleja investigación del crimen de lesa humanidad.

Igualmente pidieron que en cumplimiento de la Ley General de Víctimas y el Estatuto de Roma se garantice “nuestra seguridad, nuestro bienestar físico y psicológico, nuestra dignidad y vida privada, derechos que también prevé la Ley General en cuestión, cuyo objetivo principal es proteger la dignidad y asegurar la reparación integral a favor de las víctimas”.