Cuando los Poderes de la Unión dejan de cumplir con las responsabilidades establecidas, perdemos todos. La resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta para la Consulta Popular convocada por el Presidente de la República es el resultado de un concierto de inconstitucionalidades y pone en evidencia que cada uno de los poderes dejaron de hacer lo que les corresponde en aras de la popularidad.

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, por ello la división de poderes es el principio organizativo de los Estados modernos para que a través de órganos distintos e independientes entre sí, se desarrollen las funciones legislativa, judicial y ejecutiva. La división de poderes es un sistema de pesos y contrapesos que permite que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente. 

Por ello, es grave la actuación de los poderes con respecto a este caso particular, pero desafortunadamente refleja lo que sucede en muchos otros asuntos públicos en los que se evidencia la carencia de los contrapesos y la centralización del poder.

Analizando el caso particular de la Consulta veamos las omisiones y actuaciones en las que los Poderes de motu propio han cedido en su responsabilidad.

Con respecto al Ejecutivo, el estilo personal de gobernar de López Obrador es estar permanentemente en campaña, es su medio natural de actuación. Así, la iniciativa de reforma constitucional que envió a la Cámara de Diputados en materia de Revocación de Mandato y Consulta Popular fue con el marcado objetivo de introducir su nombre en una boleta en el proceso electoral del 2021. Dicha intención fue modificada por el Senado y la revocación podría hacerse hasta el cuarto año de gobierno.

López Obrador es consiente de que su llegada a la presidencia fue esencialmente un clamor popular por la corrupción imperante y que ajusticiar a quienes son las cabezas más visibles del atraco es un asunto muy popular, en razón de ello planteó la consulta popular, no con el ánimo de hacer justicia, sino de seguir en campaña.

El poder legislativo, por su parte, en los transitorios de dicha reforma constitucional se dio la obligación de armonizar las leyes en 180 días, pero no lo hizo. Hoy tenemos una ley federal de consulta pública desfasada y es, gracias a esta omisión, que hay vacíos legales que el Presidente aprovechó para enviar el tema a una interpretación de la Corte.

La SCJN había dado muestras de independencia, pero el Ejecutivo presionó construyendo un discurso maniqueo en el sentido que la consulta para enjuiciar a los expresidentes sería un mecanismo de democracia directa. El Presidente de la Corte decidió hacer una resolución política, “escuchar el mensaje de las urnas” olvidando que el papel del poder judicial es hacer valer los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente, prefirió ser popular antes que puntual, y se generó una suerte de pregunta que nadie entiende. Por algo, los integrantes del poder judicial no son electos popularmente, porque su tarea no es representativa, es la de hacer valer la ley aunque eso no sea muy popular.

A pesar de este concierto de inconstitucionalidades, debemos seguirle apostando a las instituciones, y ello implica que cada una haga lo que le corresponde. La división de poderes es fundamental para la democracia. Parafraseando a Daniel Cosío Villegas, "el problema político más importante y urgente del México actual es contener y aún reducir en alguna forma el poder excesivo." Los totalitarismos modernos o las tiranías recientes de izquierda y de derecha son algunos de los ejemplos de regímenes políticos que desconocieron el principio de la división de poderes, e instauraron regímenes de corte autoritario, totalitario, que cercenan las libertades ciudadanas.

Diputada por Movimiento Ciudadano