El año 2016 terminó con un repunte de violencia como no se veía en el país desde los últimos años del calderonato (entre 2010 y 2011): las tasas de homicidios y de delitos del fuero común se incrementaron y, aunque hubo una baja en los últimos meses, que fue lo que constantemente reportaron las autoridades, todos los indicadores dejaban en claro que hubo una marcada ola de violencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se sumó a estos indicadores a través de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). En ella, a partir de la recopilación de encuestas en 51 ciudades del país cada trimestre del año, se mide la percepción ciudadana de su seguridad: la violencia, su vulnerabilidad a ser asaltados o la efectividad de las autoridades (y de qué elementos de la autoridad) para enfrentar esos problemas y reforzar su seguridad.

Sus resultados: 74.1% de la población que vive en las ciudades se siente insegura, un aumento de casi 2% del ya elevadísimo 72.4% registrado en 2014, y menos de un cuarto de la población (23%) considera que el gobierno haga un trabajo efectivo enfrentando la violencia.

Las mediciones de percepción resultan siempre un tema engañoso, porque mucha de ésta se construye a partir de la representación que hacen los medios y el discurso político de “los verdaderos problemas” de la sociedad: por ejemplo, la percepción de criminalidad en Estados Unidos ha ido constantemente al alza desde comienzos del 2000 aún cuando el índice delictivo ha bajado de la misma forma.

Más allá de las “teorías del miedo” (que existen, que son reales y afectan la forma como entendemos la misma sociedad que percibe el crimen), en el caso mexicano esta percepción es un reflejo directo de lo que las estadísticas de las procuradurías, el INEGI y otros organismos han reportado constantemente a lo largo de este año y el anterior.

Seis ciudades registran que más del 90% de su población declaró no sentirse segura en su ciudad: Villahermosa (97.5%), Chilpancingo (96.2%), el oriente de CDMX (95%), Ecatepec (94.9%), Fresnillo, Zac. (90.7%) y Coatzacoalcos, Ver. (90.1%).

Es decir, en la capital tabasqueña sólo 2 personas de cada 100 se sienten seguras. Las ciudades con mejor percepción de seguridad tampoco quedan muy lejos, si bien Mérida (33.8%), Durango (40.5%) o Tepic (44%) no registran los números tan altos de las otras ciudades, en ellas más de un tercio de la población no se siente segura, tampoco.

La encuesta también señala que un porcentaje importante de la población ha cambiado rutinas cotidianas para tratar de evitar un robo o que sean lo menos impactados por uno: desde cambiar rutas constantemente hasta no dejar salir a sus hijos de su residencia: la ENSU no sólo confirma, sino que reafirma una crisis dentro de la forma como la sociedad urbana se relaciona consigo misma.

A mediados del calderonato, el gobierno federal insistía en que uno de los objetivos principales de su “guerra contra el narcotráfico” era la reconstrucción del tejido social, aunque fuera de inaugurar un parque o unas canchas de vez en vez, nunca se pudo saber si en realidad había un plan a largo plazo para lograr algo que la mera presencia del ejército en las calles rompía.

Dentro de este contexto de violencia naturalizada, casi la mitad de los encuestados (42.7%) declaró que, en el último trimestre del 2016, tuvo algún altercado o enfrentamiento con alguien, un vecino, amigo, familiar, compañero de trabajo o autoridad. Con la sociedad enfrentada con ella misma, la formación de proyectos colectivos que enfrenten esta crisis es aún más difícil, aunque hay colectivos, hay pueblos completos que han demostrado que existen posibilidades alternativas a las que los gobiernos federal y estatales proponen (cuando lo llegan a hacer).

Más de un tercio de la población encuestada (37.4%) declaró que no cree que la delincuencia vaya a disminuir, e, incluso, empeorará en el 2017, lo que es un incremento de más de 10 puntos a comparación de las expectativas negativas para 2016.

Con la atención del poder legislativo, del ejecutivo y las fuerzas armadas en la legislación de su actuar en las calles y no en los procesos para resarcir el daño que 10 años de conflicto bélico han causado en la sociedad, ¿qué nos espera este año?