Segunda y última parte
Viven una situación muy dispareja. Sin embargo, ?precaria? es el adjetivo para describir la condición laboral de los jornaleros agrícolas de México, en materia de acceso a la seguridad social, salarios y tipo de contratación. Estas condiciones los ubican al igual que a sus familias ?entre la población más pobre y explotada del país?.
No cuentan con los más elementales derechos laborales que la Ley establece: ?La cifra de quienes carecen de acceso a la seguridad social (salud y protección) es muy alta (80 por ciento), eso implica que no tienen derecho a pensión por invalidez, derivado de accidentes en el trabajo, ni la tendrán cuando sean viejos; su familia queda desprotegida en caso de accidentes fatales.
Un 80 por ciento carece de contrato escrito, lo que representa el doble de los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios?, precisa el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República. Hace notar que algo similar ocurre con los salarios: 18 por ciento del total gana solamente un salario mínimo o menos, lo que contrasta con el 9 por ciento de los trabajadores no agropecuarios en la misma situación; 67 por ciento gana dos salarios mínimos o menos al mes contra el 41 por ciento de los no agropecuarios.
Y como si no fuera suficiente?
?La situación es más grave, al menos para los migrantes, porque es altamente probable que ese ingreso sea temporal, reducido al periodo de cosecha o siembra en la que se involucran?. Los investigadores refieren que en el caso de los jornaleros agrícolas, al comparar sus ingresos con la línea de bienestar -definida como el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos- que en septiembre de 2015 alcanzó un monto de 2 mil 618.55 pesos mensuales, de acuerdo al Coneval, se encuentra que 34.8 por ciento (187 mil jornaleros) están por debajo de la línea de bienestar.
No debe olvidarse que esta situación (el salario registrado en el trimestre correspondiente de la Enoe) puede ser temporal; es decir, las mismas personas pueden estar (fuera de la temporada de trabajo agrícola) con ingresos menores o sin ingresos.
Aunque las cifras bailan, se considera que una población potencial podrá sobrepasar los seis millones, aunque ?pese a los esfuerzos por establecer criterios comunes para calcular la dimensión de esta población y la de sus familias la discrepancia persiste, aun en los propios documentos de la Sedesol?. De todas maneras son millones de mexicanos. Y entre éstos, en la investigación se considera que un sector particularmente vulnerable de la población jornalera son los niños.
Ofrecen los datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Enoe, aplicado en el IV trimestre de 2013: laboraban 773 mil niños (5 a 17 años) en el sector agropecuario, cerca de la tercera parte del total de niños que trabajan.
Otros, explican, aunque no trabajen, acompañan a sus padres en los campos, dado que no son comunes los servicios de guardería para los trabajadores.

?Investigaciones exploratorias mostraron el incremento de ansiedad, estrés y depresión asociados al proceso migratorio y a la vida en los campos agrícolas. Por si eso fuera poco, otro de los problemas que ha descubierto la investigación cualitativa es el de la muerte de niños.
El Centro de Derechos Humanos ?Tlachinollan? (2011) documentó en un reporte, diversos casos de niños que murieron en circunstancias asociadas al trabajo de sus padres jornaleros y en que los empleadores no se hicieron cargo: atropellados por tractores o camiones tipo torton, envenenados por beber agua con plaguicida, en traslados carreteros, ahogados en estanques de los campos, calcinados en incendios en ?cuarterías? o por enfermedades curables?, especifican.
También recuerdan: ?la ratificación del convenio 182 de la OIT (sobre las peores formas de trabajo infantil) y la reforma del artículo 4° constitucional en 2011 (que establece el interés superior de la niñez) obligan al Estado a tomar cartas en el asunto?.
La migración golondrina
En cuanto a los empleadores el trabajo del Instituto indica que la rebelión de los jornaleros del Valle de San Quintín hizo evidente el incumplimiento de la ley en las empresas de la región. ?La situación puede variar según decisiones de los propios empresarios; al respecto, Rojas (2014) recoge la estimación de un funcionario del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en Sinaloa, quien clasifica a los empresarios en tres grupos, según su cumplimiento de la ley: ?1) los ?íntegros y honestos? que cumplen; 2) los que ?cumplen a medias?, y 3) los que ?no les importa cumplir?.
El primer grupo hace mejoras constantes que benefician a los trabajadores, aunque en muchos casos estas acciones las motivan las presiones que genera la competencia en el mercado internacional, éstos pueden constituir hasta el 15 por ciento de los productores; el grupo intermedio, empresarios que cumplen con lo mínimo indispensable y como van pudiendo, tienen sus campos en condiciones regulares y son el tipo de empresario que cumple a medias mientras esto le reditúe, representan entre el 30 y el 35 por ciento; y el tercer grupo, que es mayoritario porque en él se ubican más de la mitad de los productores, son los empresarios a los que realmente no les importa cumplir con la normativa laboral?.
Un segmento más en este trabajo es sobre los jornaleros agrícolas migrantes. Puntualizan que la demanda de mano de obra de grandes empresas agrícolas nacionales y extranjeras que operan principalmente en el norte y occidente de México aunado a la pobreza extrema, la desertificación del campo y la falta de empleo en sus lugares de origen ha dado lugar a la existencia de una población que migra hacia los campos agrícolas; grandes grupos de población se alistan -en determinados puntos cercanos a su lugar de residencia- para ser reclutados como trabajadores en campos agrícolas o fincas (propiedad de empresas nacionales y extranjeras) lejos de su localidad o viajan por sus propios medios en busca de empleo. En este va y viene hay definiciones.
Una parte de los jornaleros agrícolas es contratado temporalmente para alguna fase del cultivo (principalmente cosecha) y vuelve a su lugar de origen (migración pendular), otros viajan de un campo a otro en determinadas zonas del país (migración golondrina) y unos más se establecen en forma permanente cerca de los campos de trabajo (asentados). En un mapa, el trabajo muestra las principales y complicadas rutas de los jornaleros migratorios, así como el tipo de desplazamiento agrícola.
Lo explican. Una parte de los jornaleros son del mismo Estado en el que se ubican los campos (migración intraestatal), pero una gran proporción sale de Oaxaca, Guerrero y Veracruz (migración interestatal) y se dirige hacia el noroccidente.
Resaltan que la Secretaría de Desarrollo Social (2010) identifica cinco rutas migratorias: Pacífico, Golfo, Sureste, Pacífico-centro, Centro-norte y Centro. De la ruta Pacífico, exponen, tiene como zonas de expulsión a los estados de Oaxaca y Guerrero y como zonas de atracción a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En cuanto a la ruta Pacífico-centro, tiene como zonas de expulsión a Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y parte norte de Guerrero.
Las zonas de atracción en este caso son Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán. Por lo que hace a la ruta del Golfo, tiene como zonas expulsoras las partes altas de la Huasteca y la Sierra Norte de Puebla. Las zonas de atracción se encuentran en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
En el caso de la ruta Centro-norte, parte de los estados expulsores: Coahuila y Durango.
Llega a los Estados de Chihuahua, Durango y Coahuila (La Laguna y región norte de Durango). A su vez, la ruta Centro parte de La Montaña de Guerrero y de municipios sureños de Puebla y Morelos; llega a Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas y Morelos. Y la ruta Sureste incluiría movimientos interregionales entre Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas y Morelos.
El rescate realizado por las autoridades
Dice el excelente estudio que las relaciones con los patrones de los jornaleros migrantes o no, ?están mediadas por agentes que acuerdan condiciones de trabajo, en su caso de vivienda, y el pago.
Su función principal es vincular la oferta y la demanda de trabajo (pues la agricultura moderna, intensiva en mano de obra, no se satisface con los mercados de trabajo tradicionales), pero fungen también como disciplinadores laborales y para la contención de conflictos?.
Ello con base al investigador Saldaña. Considera que dichos personajes pueden ser básicamente de dos tipos: intermediarios tradicionales y empresas contratistas. Asegura que otros agentes intermediarios, con menor peso, son los sindicatos, las agencias estatales, y las asociaciones de productores.
?Los enganchadores son los intermediarios laborales tradicionales.
En los casos de jornaleros locales o asentados, los enganchadores suelen ser jornaleros con experiencia previa que satisfacen la demanda temporal de mano de obra con base en la relación de confianza ya establecida con los patrones; una de sus funciones fundamentales es la de repartir el pago. En el caso de los jornaleros migrantes, los enganchadores reúnen a la mano de obra en el lugar de origen, la transportan, entregan dinero por adelantado y fungen como capataces en los lugares de cultivo?.
Además: ?su relación con los patrones es por comisión: por trabajador reclutado o por volumen de trabajo. Pueden nombrarse, dependiendo de la región, enganchadores, cabos o mayordomos. Más típicamente, los intermediarios tradicionales funcionan como pieza clave de mediación entre trabajadores y productores o bodegueros pequeños?. En el extenso trabajo también se alude a la política laboral y a los sucesos de 2015, cuando cientos de jornaleros fueron rescatados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno federal.
Esta resonancia mediática, explican, se debió a un cambio en la política de inspección de la mencionada secretaría, ?derivada de la puesta en marcha del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, publicado el 17 de junio de 2014 (Poder Ejecutivo Federal, 2014).
Recuerdan además que apenas dos meses después, se echó a andar el ?operativo para promover el trabajo digno o decente, saludable y libre de violencia 2014?.
En 2015 el operativo se renombró ?México con trabajo digno?, e implicó a las 32 delegaciones federales de la Secretaría y a 895 inspectores.
En los jornaleros, añaden, la atribución principal que generó el cambio en la inspección (a decir del secretario del Trabajo y Previsión Social), es que ahora los inspectores pueden entrar a los ranchos agrícolas, acción imposible antes.
?Quizá por eso y aun antes de la rebelión de San Quintín, la STPS denunció en julio de 2014 la explotación -trabajar sin derechos laborales- de 700 personas en Lagos de Moreno, Jalisco, rescató en marzo a 200 jornaleros en Comondú, Baja California Sur y, el mismo mes, a 49 en Colima.
Después se difundieron otros rescates que corrieron a cargo de instancias locales, como el realizado en Coahuila. No obstante, debe apuntarse que la inspección laboral es general y no focalizada en los trabajadores del campo?, rematan.
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