CIUDAD DE MÉXICO
A casi tres meses de su liberación, la lideresa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, anunció que regresará a México para ejercer su derecho a la defensa. Así lo anunció en un comunicado emitido desde Los Ángeles, California, en el que reconoce la posibilidad legal de que ?los autos de libertad puedan ser revocados y sea nuevamente encarcelada?.
Salgado anunció que ?ejercerá su derecho a la defensa? y, por lo tanto, en los próximos días acudirá a las salas penales de Chilpancingo, Guerrero, para estar presente en las audiencias de vista vinculadas a las seis apelaciones en su contra interpuestas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGJEG) y las presuntas víctimas.
Desde la obtención de su libertad ?tras pasar dos años y siete meses en prisión, acusada de supuestos actos de ?delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, robo y homicidio?? Nestora Salgado regresó a Estados Unidos porque posee la doble nacionalidad, e inició un viaje a varias ciudades de Europa, desde donde ha demandado la liberación de los siete compañeros de la CRAC que aún permanecen encarcelados.
La activista destacó que además de ejercer su derecho a la defensa, buscará reafirmar el derecho de los pueblos indígenas a conformar sus propios sistemas de seguridad y justicia y el compromiso con la Policía comunitaria de la CRAC.
En especial, dijo, se concentrará en obtener la libertad de los siete policías comunitarios de Olinalá que siguen presos. Seis de ellos: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, fueron detenidos por el Ejército en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, el 21 de agosto de 2013, el mismo día que Nestora Salgado.
Por su parte, Arturo Campos Herrera fue aprehendido el 1 de diciembre del mismo año, después del arranque de la campaña ?12 días por la libertad de los presos?, organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, donde exigió la libertad de los presos políticos de la CRAC.