En el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el líder de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda, señaló que es responsabilidad de la ciudadanía utilizar las herramientas de ese mecanismo para poner un alto a la impunidad.

En sus cuentas en redes sociales, el legislador informó que para hacer efectivo ese instrumento, sus compañeros de bancada presentaron tres denuncias ciudadanas: una ante la Auditoría Superior por las irregularidades en la construcción de la presa “El Zapotillo”, ubicada en la zona de Los Altos de Jalisco.

Detalló que en torno a esa obra es evidente el uso irregular de recursos públicos, ya que su costo se ha triplicado, conforme a lo presupuestado inicialmente.

Asimismo, explicó que el contrato de construcción de “El Zapotillo” indica que su costo sería de dos mil 545 millones de pesos; entre el año 2009 y el 2012 se presupuestaron tres mil 138 millones de pesos para concretar el proyecto.

Sin embargo, al revisar los recursos asignados del 2009 y hasta el 2017, el monto de esa presa será de siete mil 758 millones de pesos.

A esto se suma el hecho de que, en los anexos de programas y proyectos de inversión del paquete presupuestal del presente año, el nuevo costo total de la presa será de 10 mil 375 millones de pesos.

Dado que el costo total se ha incrementado en 249 por ciento, se pide realizar una exhaustiva revisión y fiscalización de los recursos destinados, a fin de transparentarlos y corroborar si se ha hecho un manejo indebido de los mismos y comprobar probables hechos de corrupción.

Otra de las denuncias se presentó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por el “ocultamiento” de la información sobre la compra del sistema “Pegasus” a través del que habrían sido espiados periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Puntualizó que en ese caso, la queja ante el INAI fue enviada por la vía electrónica y no será presentada físicamente sino hasta el 31 de julio próximo, debido a que el personal de esa institución está de vacaciones.

El documento refiere a la “ausencia de contrato con la empresa Grupo Tech Bull, S.A. de C.V., subsidiaria del consorcio Balam Seguridad Privada S.A de C. V,; que de acuerdo a investigaciones periodísticas habría involucrado el pago de 32 millones 16 mil dólares.

La tercera se presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por actos de corrupción en las investigaciones del caso Ayotzinapa, donde se desviaron recursos para establecer una “verdad histórica” poco creíble e incluso “falsa”.

Ello, aunado a que dichas indagatorias se llevaron a cabo de manera irregular, se manipularon y alteraron pruebas, y se usó la tortura para obtener testimonios irregulares.

Esa denuncia refiere en específico a “faltas administrativas graves e irregularidades en el manejo de recursos públicos federales” en el seguimiento de la autoridad a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.

Castañeda Hoeflich enfatizó que las denuncias ciudadanas que contempla el Sistema Anticorrupción y que pueden ser presentadas por toda persona que tenga elementos o conocimiento de anomalías en el servicio público y sobre el uso del erario, son un “instrumento de empoderamiento” y es preciso probar que son eficaces y así, la sociedad puede hacer frente a los “abusos” de funcionarios públicos, gobernantes y políticos.