Representantes de pueblos mayas de Campeche denunciaron que pese a que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una suspensión del permiso para el cultivo de soya transgénica en esas comunidades hasta que se hiciera una consulta pública, ha continuado la siembre ilegal, las amenazas e intimidación y ha prevalecido la omisión de las autoridades federales.

En noviembre de 2015, comunidades de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya genéticamente modificada en tanto no se realizara una consulta a las comunidades. En entrevista para SinEmbargo, denunciaron que a más de un año de la resolución la siembra no ha parado a pesar de que la consulta está en proceso.

Representantes de la comunidades mayas acudieron ayer miércoles a la SCJN, en la Ciudad de México, para expresar sus preocupaciones y exigir al Máximo Tribunal que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas las resoluciones.

Nayely Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades indígenas de Hopelchén, acusó que “hay mucha indiferencia dentro de la Corte para que se cumpla lo que ellos han dictado”.

“Nadie se hace responsable, nadie protege los derechos de los pueblos indígenas. No hay un genuino interés porque los derechos de los pueblos se protejan, porque los indígenas crezcan, porque los indígenas sean respetados. Se necesita mucho más que una sentencia para tener verdaderos cambios”, denunció.

Los afectados acusaron que han ocurrido diversas irregularidades en el proceso para la consulta que exhiben una “flagrante violación” a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones. Entre las más graves señalaron:

• Se ha sembrado de manera ilegal soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos.

• Ha habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta.

• No se ha garantizado imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias toxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica.

• Se ha registrado omisión de las dependencias Federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Ministerio Público Federal (MPF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.

• No ha habido información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica.

Leydi Pech de Ich Ek, representante indígena, lamentó que exista una serie de violaciones y atropellos a sus derechos durante el proceso de la consulta: “No se está haciendo como debiera ser, libre, previa e informada”. Además destacó que la sentencia del Máximo Tribunal se pone en tela de juicio.

“¿Qué pasa? ¿Qué tanto uno puede creer en la justicia y las leyes mexicanas? Pierde credibilidad el Estado de derecho en México”, criticó.

Gustavo Huchín, del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, acusó que en el país no existe Estado de derecho: “No se nos respetan nuestros derechos. Yo creo que aquí en México a nosotros los indígenas no nos respetan como personas, más bien nos ven como objetos de interés público”.

DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Los afectados señalaron que los estragos de la siembra de soya genéticamente modificada ya son visibles en la zona.

La visita a la SCJN, aseguraron, se da en un contexto de extrema sequía en el municipio de Hopelchén, provocada, entre otras cosas, por el uso desmedido de agua para la agricultura industrial; la perforación ilegal de pozos de absorción; la desecación de aguadas y lagunas naturales que está secando la selva, provocando incendios y dejando a familias sin sustento.

“Estamos viendo ya el efecto de acciones asociadas a la siembra de la soya. No sólo es decir sí o no queremos que se siembre la soya, sino todo el daño que implica en las comunidades”, indicó Pech.

La representante indígena comentó que para dar paso a los cultivos de organismos genéticamente modificados y otros monocultivos se han deforestado ecosistemas. Explicó que debido al uso de plaguicidas, entre ellos el glifosato, considerado cancerígeno, se ha contaminado el agua.

“Podemos decir que el agua que estamos consumiendo está contaminada con residuos de glifosato”, lamentó. “Nuestra gente está bebiendo veneno”, añadió Gustavo Huchin.

HAY AFECTACIÓN TAMBIÉN A LAS ABEJAS

El activista denunció que los cultivos de la soya transgénica también están terminando con la vida de las abejas.

Huchin explicó que los pesticidas matan “fulminantemente” a las abejas, por lo que actualmente ha habido una disminución considerable de sus colonias y ha afectado la producción de miel.

Los apicultores, dijo, se encuentran muy preocupados por la situación: “Ahorita no hay miel, lo que hay es mortandad de abejas gracias a la deforestación y a los insecticidas”.

Por ello hizo un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Alertó que de no frenar la contaminación y la deforestación “en un lapso de 10 ó 15 años nomás vamos a ver a las abejitas en fotografías o películas porque en la realidad van a desaparecer”.

Explicó que mucha gente que se dedicaba a la apicultura se ha quedado sin abejas y actualmente está sobreviviendo con la agricultura, que también se ve afectada por los cultivos genéticamente modificados.

“Esto es un golpe muy fuerte para nosotros los mayas. Esto no es justo. Es una fuente muy importante de ingresos para nosotros los campesinos que trabajamos la tierra de forma sustentable. Tenemos una agricultura sustentable que podemos presumirle a todo el mundo porque nuestros antepasados nos la heredaron”, dijo.

Finalmente destacó que “no es tarde para cambiar a un México en donde todos podamos vivir tranquilos; donde nos alimentemos con comida sana; donde tengamos derecho a un ambiente libre, sano, sin tóxicos, y en el que tengamos acceso a agua limpia”.