Se estima que para el año 2100, si México no cuenta con políticas y acciones concretas para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, perderá más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto significa que las futuras generaciones pueden encontrarse en una situación de extrema pobreza que les reduciría las posibilidades de adquirir un mejor empleo, vivienda, servicios de salud y alimentos.
La relevancia del cambio climático como uno de los retos más transcendentales del siglo XXI está íntimamente vinculada con sus efectos de carácter económico, social, natural, político, entre otros, que alcanzan a cada zona del planeta.
Asimismo, todas las sociedades experimentan las afectaciones producidas por el fenómeno, principalmente los jóvenes, mujeres y niños, los cuales son más vulnerables a sufrir costos adicionales en su economía, calidad de vida y salud. Un estudio realizado por las organizaciones NextGen Climate y Demos, el cual analiza los efectos del cambio climático en los ingresos de los millennials (personas nacidas entre 1980 y 2000) y las futuras generaciones, estima que en el mundo los sectores más jóvenes de la población no recibirán alrededor de 8.8 trillones de dólares de ingresos a lo largo de su vida (más de 158.4 billones de pesos).
Esto significa que al año 2100 cada persona tendrá una reducción del 23% de su ingreso, ello si no se toman medidas para mitigar y adaptarse al fenómeno global. Cabe mencionar que para los hijos de los millennials las pérdidas representarán más de decenas de trillones de dólares.
Además, la situación se agrava si las generaciones cuentan o contarán con un título universitario, ya que se calcula que un joven graduado de 21 años perderá 126 mil dólares (alrededor de dos millones de pesos -mdp-) de ingresos en su vida, así como 187 mil dólares (más de tres mdp) de riqueza. Por el contrario, un chico de la misma edad, pero sin el grado académico tendrá una reducción de sus ingresos por 100 mil dólares (más de 1.8 mdp), así como de 142 mil dólares (2.5 mdp) de su ahorro a largo plazo.
En esta lógica, para los hijos de los millennials la condición es similar, pero con mayores pérdidas, debido a que un niño nacido en 2015 que adquiera un título universitario, perderá 467 mil dólares (alrededor de ocho mdp) de ingreso y 764 mil dólares (más de 13 mdp) de riqueza. En contraste, un niño sin estudios universitarios tendrá una reducción de sus ingresos por 357 mil dólares (más de 6.4 mdp), así como de 581 mil dólares (10.4 mdp) de su ahorro a largo plazo. Específicamente, para México se estima que al año 2100, si no se cuentan con políticas y acciones concretas para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, perderá más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (Marshall B., Solomon M. H. y Edward M., 2015), lo que significa que las futuras generaciones pueden encontrarse en una situación de extrema pobreza que les reduciría las posibilidades de adquirir un mejor empleo, vivienda, servicios de salud y alimentos.
Del tal modo, si bien México resulta ser unas de las economías emergentes en contar con instrumentos jurídicos y de planeación para mitigar los efectos del cambio climático[ii], aún es necesario que desarrolle mecanismos y acciones concretas para operar, monitorear, adaptar y evaluar cada una de las metas y líneas de acción que permitan tener avances en la materia, y con ello disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la vulnerabilidad climática. En este sentido, es vital que México ratifique el Acuerdo de París para contribuir a mantener la temperatura por debajo de los 2ºC. Además, establecer incentivos para una mayor inversión en energías renovables y eficiencia energética, ya que únicamente se han realizado el 28% de las inversiones necesarias para cumplir con la meta de 2ºC. (Climate Transparency, 2016). Esto ha provocado la disminución del 41% en la generación de energía eléctrica por fuentes renovables, pues en 2015 se produjeron en promedio alrededor de 38 TeraWatts por hora (TWh) mientras que en el 2016 se generan 22 TWh (SENER, 2016).
Igualmente, es necesario la aplicación de los recursos del Impuesto al Carbono[iii], así como la aprobación de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios, la cual está por publicarse en los siguientes meses, ya que contiene la visión del país para los próximos 15 y 30 años en materia de energías limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora de la productividad energética a través de la reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica.
De igual manera, es importante que se disminuyan las facilidades para la producción y consumo de combustibles fósiles, principalmente para el gas natural, pues se desinan alrededor de 1.4 billones de dólares (25.2 mil millones de pesos) anuales, lo que constituye un freno para avanzar a la transición energética (Climate Transparency, 2016). Por otra parte, en materia de transporte, resulta conveniente el diseño de políticas y regulaciones para la inversión y mejora de los sistemas de transporte público que permitan reducir el uso del automóvil.
Esto debido a que la mayor parte de los recursos invertidos en materia de movilidad se destinan para ampliar y mantener la infraestructura vial (alrededor el 74%) contra 10% de inversión en transporte público (ITDP, 2015).
Lo anterior, también ha sido resultado de la falta de la actualización de los instrumentos normativos locales que contemplen a todos los usuarios del espacio público ? peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, operadores de vehículos de carga y conductores de vehículos motorizados- a fin de lograr mejores métodos de desplazamiento de las personas. Otro de los aspectos que necesitan fortalecerse para mitigar los efectos del cambio climático en las futuras generaciones son los mecanismos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se destinan en la materia, ya que a pesar de que México es el segundo receptor a nivel mundial de recursos para cambio climático y el primero en América Latina (GFLAC, 2016), se desconocen las políticas y programas a los que son destinados.
De tal manera, es vital la instalación de sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que permitan comprobar el destino de los recursos tanto nacionales como internacionales etiquetados bajo el rubro de cambio climático (Transparencia Mexicana).
Finalmente, debido a que el tema de cambio climático requiere de acciones de todos los pobladores del planeta, es necesario que los ciudadanos cambiemos hábitos que reduzcan la vulnerabilidad de los sectores de la población, tales como la reducción del consumo de energía, aprovechamiento eficiente de los alimentos, la adquisición de electrodomésticos eficientes, el uso de calentadores solares de agua, la instalación de paneles solares, así como el uso de la bicicleta para el traslado a distancias cortas, entre otros.
Para ello, es indudable el diseño de programas especiales de concientización y educación ambiental desde las escuelas para fomentar y capacitar a las futuras generaciones sobre las medidas para hacer frente al fenómeno climático. *Liliana es investigadora de Inteligencia Pública A.C. (@IntPublica) [i] Entre los efectos que se evalúan para el estudio son el aumento del nivel del mar (inundaciones), el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, la escasez de agua, sequías, disminución de la productividad agrícola, incendios forestales, el agotamiento de especies marinas y los impactos sobre la salud como las olas de calor, mala calidad del aire, y el aumento de enfermedades infecciosas transmitidas por insectos.
México cuenta con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual mantiene metas para reducir el 30% de las emisiones de GEI al 2020 y el 50% al 2050. Asimismo, el país, en marzo del 2015, fue la primera nación en vías de desarrollo en comprometerse en disminuir el 25% de sus emisiones de GEI y Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) al año 2030 en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Además, se aceptó cumplir con el Acuerdo de París para reducir la temperatura del planeta por debajo de los 2ºC.
Desde el 2014 se grava más del 3% de valor de los combustibles, esto es, alrededor de 5 y 15 centavos por litro de combustible de gasolina, turbosina, diesel, combustóleo, butano, propano, entre otros. La finalidad de este impuesto es generar recursos para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático.