Unos días antes de dejar el poder, Hilario Valeriano Mendoza, alcalde de San Javier, un pequeño pueblo minero de Sonora, vendió el antiguo Palacio Municipal. Tras la aprobación del cabildo, de manera abierta, el mismo edil adquirió la sede popular a precio de ganga.

Lo que ha sucedido estos años en México simplemente no es creíble. Desde el presidente Enrique Peña Nieto, investigado por “la Casa Blanca”, hasta el alcalde de un perdido pueblo del desierto, ningún político parece vivir al margen de la corrupción.

Sonora tuvo en 2009 su primer gobierno de alternancia, luego de que Guillermo Padrés Elías ganara la gubernatura para el PAN. Lo que se anunciaba como un parteaguas en la historia de la democracia local acabó siendo un fraude cuyas proporciones aún se investigan. Por lo pronto, el exmandatario se encuentra en una prisión de la Ciudad de México y una docena de antiguos colaboradores y familiares enfrentan acusaciones penales por el robo de dinero público.

Justo en el mismo periodo, en Nuevo León hubo despilfarros, tráfico de influencias y sobrecobros generalizados de “moches” a empresarios, al mismo tiempo que familiares y amigos del gobernador Rodrigo Medina, del PRI, eran señalados por acumular fortunas estratosféricas.

Así fue como la corrupción se convirtió en el tema más importante de los procesos electorales de 2015 en Sonora y Nuevo León, donde triunfaron de manera sorpresiva la aspirante del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, autonombrado “el Bronco”, quienes hicieron campaña diciendo que investigarían y llevarían a juicio a sus respectivos antecesores en el cargo. Rimbombantes en sus discursos, con mucha emoción histórica, prometieron castigar “el saqueo”.

Aunque el Sistema Nacional Anticorrupción seguía discutiéndose en ese momento, ambos mandatarios decidieron adelantarse a su instalación y crearon ministerios públicos especializados en la atención de delitos como enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicosy abuso de autoridad. En Sonora tomó el nombre de Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción a cargo de Odracir Ricardo Espinoza.

En los ochenta, el escritor Gabriel Zaid pensó en escribir una tragicomedia sobre la corrupción en México, a través de un personaje incorruptible que, por su honestidad, provoca una desgracia tras otra. Su deseo de bien causa el mal: arruina a su familia, estorba a los que quiere ayudar, hace que se pierdan los trabajos y se enemisten los vecinos, da origen a muertes, odios, hambre, ruina. Acaba escupido por sus hijos, abandonado por su mujer, sin amigos y expulsado del pueblo. “En México –concluyó Zaid–, la honestidad es tragicómica. Hay que disimularla, para no causar lástima o no causar problemas. Todo mexicano movido por un deseo de transparencia, especialmente en la vida pública, se siente ridículo.”

A lo largo de un año estuve siguiendo a los abogados que están al frente de las únicas instancias oficiales que existen en México para combatir la corrupción con la ley. Fue un viaje al futuro que podría tener ese nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que pretende combatir la tragicomedia mexicana actual.

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Odracir –Ricardo al revés– es el nombre con el que fue registrado el primer fiscal anticorrupción de Sonora. El acta de nacimiento elaborada en Hermosillo lo identifica como Odracir Ricardo Espinoza Valdez. Ponerle al revés el nombre de su padre era algo novedoso que podría servirle como llave de las relaciones públicas. Sus padres aplicaron el mismo criterio para su hermana Ailec (Celia) y su hermano Esoj (José).

Este abogado treintañero se formó en la defensa de personas que le duplicaban o triplicaban la edad a través de la organización Abuelos Trabajando. Al igual que el porqué de su nombre al revés, a menudo le preguntan por qué le atrae representar a la gente de la tercera edad, una área inusual del derecho. Odracir suele contestar que quiere llegar a viejo con dignidad.

Con este tipo de temas empezó a incursionar en programas radiofónicos locales, asesorando a los oyentes sobre problemas de jubilaciones y pensiones, para luego ir tomando mayor protagonismo, hasta convertirse en colaborador fijo de Proyecto Puente, el noticiero más influyente del estado, en donde explicaba el matiz legal de los problemas del momento.

Una de sus batallas más importantes como abogado no fue mediática sino en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde ocupó el cargo de director jurídico y presentó una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la discriminación sufrida por aquellos servidores públicos que “por no gozar de buena salud” al ser contratados son rechazados en los hospitales públicos. Sin embargo, el gobierno sonorense, al enterarse de la querella, presionó al ombudsman estatal para que desistiera de la acción. Poco tiempo después, Odracir dejó decepcionado el organismo. Esa fue la primera lucha legal que tuvieron el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías y el ahora fiscal anticorrupción.

En 2015, durante la contienda electoral por la gubernatura, la entonces candidata del PRI, Claudia Pavlovich, invitó a diversos activistas a participar como observadores ciudadanos de su campaña. Pese a ser criticado por la decisión, Odracir aceptó participar en la mesa de transparencia. Aunque no tiene una reconocida trayectoria como militante priista, se afilió al partido a los veintiún años cuando aún era estudiante de derecho y solo por un breve periodo de tiempo se mantuvo activo.

Después del triunfo de Pavlovich en los comicios, Odracir fue convocado por la mandataria junto con otros activistas y expertos a trabajar en un decreto que permitiera crear la Fiscalía Anticorrupción sin tener que esperar la implementación del nuevo sistema nacional. El 13 de septiembre de ese año, al tomar protesta, la gobernadora prometió que en breve se crearía la instancia oficial. Una semana después citó a Odracir en su despacho del Palacio de Gobierno para proponerle el puesto. El joven abogado aceptó el cargo aunque pidió dos cosas: que la mandataria sostuviera personalmente el tema y que sus intenciones fueran verdaderas.

–Cuenta con ello –le dijo la gobernadora.

–Se lo agradezco. Tengo 33 años, esto puede ser mi catapulta o mi exilio de todos los temas. Estoy poniendo mi futuro a disposición del estado.

Odracir salió contento del Palacio de Gobierno. Fue a su casa, en la que vive solo, después visitó a sus padres y les dio la noticia. Su mamá lo empezó a bombardear de preguntas: “¿fiscal de qué?, ¿contra quién ?, ¿qué vas a hacer?”. Él respondía sin euforia. Prefería esperar al nombramiento público. Mientras tanto pensaba en las reacciones que habría, sobre todo en el entorno político.

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Las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora huelen a nuevo. Están al poniente de Hermosillo, en una zona en desarrollo donde hay bodegas y empresas comercializadoras. Para entrar al lugar hay que pasar por tres retenes. En el primero hay que dejar teléfonos celulares, computadoras o aparatos electrónicos; en el segundo eres sometido a una revisión de documentos y en el tercero a una inspección corporal. Ya dentro, un cubículo tras otro te lleva hasta el lugar donde despacha el fiscal: una oficina pequeña en la que hay una antesala donde trabaja su secretaria privada y un secretario particular. Además de todo el dispositivo de seguridad, desde que ocupó el cargo de manera formal,a Odracir Espinoza le fue asignada una arma. Lleva empuñada una pistola Beretta 9 milímetros. Durante las diversas entrevistas que tuve con él para este artículo a lo largo de un año, era notorio que le molestaba acomodar su arma en medio de los trajes formales que siempre usa acompañados con sobrias corbatas.

Odracir suele expresarse de forma apasionada y cuando explica una idea puede empezarla de manera coloquial para terminar hablando con formalidad. “Yo desde morro he dicho: voy a hacer algo fuerte. Me va a tocar hacer algo fuerte. Cuando se da esta oportunidad –que ahorita me estoy dando cuenta del monstruo que significa– tuve claro que se trataba de la gran oportunidad que estaba esperando.”

–¿Y usted, viniendo de la sociedad civil, no valoró que, más allá del compromiso de una gobernadora, está el sistema en su conjunto que puede hacer imposible cambiar algo? –pregunto.

–Sí, pero yo siempre he creído que hay que dar el primer paso.

–¿Usted cree que va a poder contra el sistema?

–No vamos a poder. Cambiar un sistema de esa naturaleza yo creo que no se va a poder... pero sí le vamos a dar dos tres pisotones y eso ya es un cambio.

El fiscal parece no dudar de que esta es la coyuntura que estaba esperando un idealista como él, quien en su cuenta de Twitter se autodefinía como “soñador con pies de plomo”.

Con el procurador de Justicia de Sonora no ha tenido enfrentamientos, pese a que en diversos momentos el trabajo de la Fiscalía recibe más atención en los medios que el del propio titular de la dependencia general. La relación entre ambos es cordial. Aunque la gobernadora le prometió autonomía, por cuestiones jurídicas, el fiscal debe responder al procurador de Justicia. Si bien no debe dar informes periódicos, sí tiene que consultarlo cuando va a ejecutar un ejercicio de la acción penal o si va a cerrar algún expediente.

La conformación de la Fiscalía comenzó el mismo día del nombramiento, el 28 de septiembre de 2015, pero fue hasta principios de 2016 cuando quedó equipada por completo. 88 personas la integran, incluyendo a dos agentes del Ministerio Público que trabajaban en la PGR y uno que colaboraba de manera directa con la procuradora de Durango. La decisión de traerlos de otros lugares del país estribó en evitar posibles conflictos de interés durante las investigaciones. Por ser foráneos, los tres ganan 42 mil pesos al mes, un sueldo mayor al de los demás agentes del Ministerio Público de Sonora.

Como fiscal adjunto fue nombrado Francisco Vargas, un exdirector de Amparo y Averiguaciones de la PGR, quien le ayuda a Odracir con las investigaciones y los procesos judiciales; sin embargo, la idea para 2017 es contratar a otro fiscal adjunto para que uno se concentre en las investigaciones en marcha y otro en los procesos penales que sigan las ya consignadas. La Fiscalía cuenta también con un órgano auxiliar de auditoría forense que analiza transferencias bancarias, escrituras, faltas administrativas y todo lo que ayude a seguir la ruta del dinero. Entre los peritos contratados se encuentran antiguos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema de Administración Tributaria, así como extrabajadores de la Contraloría estatal. Esta área integrada por veintiún funcionarios también revisa la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y compara las transferencias de los servidores públicos investigados.

Otra área clave de la Fiscalía es la Dirección de Investigación, donde Odracir prefirió reclutar a agentes de inteligencia en lugar de agentes policiales. La mayoría de los veintiún investigadores que trabajan en la instancia laboraron antes en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR. Ellos se encargan de establecer las redes de vínculos a través del trabajo de campo. Van a tomar fotos de las propiedades investigadas, hablan con la gente, cruzan información de diverso tipo y elaboran reportes.

Pese a la juventud de Odracir, los colaboradores le tienen respeto por la cercanía con la que trabaja con ellos y además reconocen su doctorado en derecho penal. El fiscal hizo también una maestría en gobernanza que, a su parecer, le ha dado claves para tratar a los servidores públicos a su mando. “Saben muy bien que yo no soy una figura decorativa. En algún momento yo les checo los expedientes, los reviso y se los regreso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi visión de defensor. Fui defensor siempre. Entonces yo veo los expedientes y digo: ‘por aquí le entraría yo, por acá se caería esto’.” Los colaboradores foráneos de la Fiscalía llegaron solos a Sonora y en los meses recientes han traído a sus familias. Poco a poco se han ido acostumbrando al calor extremo y las carnes asadas del lugar.

A diferencia del resto de las dependencias oficiales, los empleados de la Fiscalía trabajan de ocho de la mañana a nueve de la noche, con un receso de dos a seis de la tarde. También acuden medio día los sábados para reuniones de reflexión y capacitación. “¿Por qué? Porque somos gente de confianza, tenemos salarios más altos. Yo lo peleé pero también les dije: ‘este es un proyecto prioritario de la gobernadora. Es un proyecto que si funciona vamos a trascender no solo en el estado, sino a nivel nacional. Esta fiscalía tiene que funcionar porque tenemos encima los ojos de todo el país. Nosotros podemos ser ejemplo bueno o malo para la fiscalía anticorrupción a nivel federal’.”

El modo de trabajo de la nueva dependencia prácticamente partió de cero. Al asumir el cargo, el fiscal solicitó al poder judicial un reporte con el número de casos y nombres de funcionarios públicos que habían sido llevados a proceso en los 35 años recientes. De los casi mil expedientes que le dieron, la mayoría eran por abuso de autoridad y ninguno por enriquecimiento ilícito. En efecto, hasta 2015, ningún servidor público había sido investigado por enriquecimiento ilícito en la historia de Sonora.

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Afuera de las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora se ha vuelto común ver a hombres que durante horas permanecen de pie sin hacer aparentementenada. Son como estatuas a las que el calor extremo de la ciudad no perturba. Miran de forma disimulada quién entra y sale del lugar. Durante las ocasiones que visité la dependencia siempre encontré a uno de estos extraños vigilantes en la calle polvosa sobre la que está la sede oficial. El fiscal sonríe cuando dice que están haciendo “beisboleo”, en referencia al deporte más popular de la región, donde todos los jugadores siempre están alerta. “Tenemos halcones. Están fildeándonos para ver quién llega, quién sale de la Fiscalía. Estamos contra un monstruo impresionante.”

Los “halcones”, que suelen tomar nota de quién entra y sale de la Fiscalía, llegaron al poco tiempo de que empezaron a intensificarse los citatorios en contra de los exfuncionarios estatales. El primer caso que trascendió fue el de la venta de plazas educativas. Los agentes descubrieron una red de funcionarios que tomaban protesta a nuevos maestros e incluso mandaban actas con todo y oficio firmado, cobrando entre cuarenta y noventa mil pesos por cada plaza falsa que daban. Entre los implicados se encontraba Agustín Antonio Padrés, un familiar del exgobernador.

Casi a la par, tres funcionarios de alto nivel del gobierno anterior fueron denunciados formalmente: los secretarios de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón; de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani; y de Gobierno, Roberto Romero. El primero en ser detenido fue Morales Borbón, quien pasó once meses en prisión antes de ser liberado para seguir su juicio con un localizador de gps; posteriormente fue capturado Ortiz Ciscomani cuando regresaba de España, pero quedó en libertad días después gracias a un amparo. Romero sigue aún prófugo y la Interpol lo busca en diversos países.Desvío de recursos, ejercicio abusivo de funciones, extorsión y tráfico de influencias, son algunos de los delitos de los que se les acusa.

El caso más mediático de todos fue el de Morales Borbón, quien antes de trabajar en el gobierno de Padrés tuvo una notable carrera periodística que incluyó ladirección del periódico El Imparcial de Sonora. Desde la prisión, Morales realizó diversas llamadas telefónicas a medios de comunicación negando las acusaciones en sucontra y asegurando que era un ajuste de cuentas por sus cuestionamientos a la gobernadora Pavlovich cuando esta era candidata. Su esposa, Kathya Félix, también exfuncionaria, emprendió una intensa campaña en Facebook, calificando a Morales como un preso político.

De acuerdo con el fiscal, Morales fue denunciado por haber cometido una extorsión a un grupo de empresarios radiofónicos a quienes les pedía una cuota para liberar los pagos de publicidad otorgados por el gobierno. Los empresarios fueron citados y corroboraron hasta cierto punto los hechos e incluso mencionaron otros. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo una serie de transferencias bancarias que daban la razón a los empresarios y consignó ante un juez el caso.

Desde la prisión recibí una llamada telefónica de Morales Borbón, quien alegaba su inocencia y se preguntaba si el exgobernador Padrés y demás compañeros habían tratado de negociar con el gobierno actual y lo habían ofrecido a él como chivo expiatorio. El fiscal negó que hubiera cualquier tipo de posibilidad de negociar la aplicación de la ley con el exmandatario y los otros funcionarios señalados. “A lo mejor algunos creían al principio que esto era de mentiritas, pero no es así. Nosotros tenemos el mandato de ir hasta el fondo. Y lo vamos a seguir haciendo aunque nos estén fildeando cada movimiento que hacemos”.

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El fiscal Odracir Espinoza tuvo que renunciar a su protagonismo mediático de antaño y establecer una nueva relación con los periodistas locales, algunos de ellos sus amigos hasta hace poco. El vocero de la Fiscalía Anticorrupción es Salvador Ávila. Se trata de uno de esos funcionarios que practican la extrema cortesía. Siempre demuestra amabilidad cuando rechaza confirmar detalles de procedimientos judiciales en marcha o de cateos y demás acciones realizadas por la dependencia. Su trabajo consiste básicamente en eso: en explicar a los medios de comunicación por qué no pueden adelantar información de los casos ya que eso afecta las resoluciones judiciales. El juez que otorgó el primer amparo conseguido por el exgobernador Guillermo Padrés para evitar comparecer en la Fiscalía ordenaba expresamente a la instancia no hacer juicios valorativos del exmandatario ya que podría caer en el “efecto corruptor”, un término jurídico usado para explicar la contaminación que pueden generar los medios de comunicación durante un juicio al calificar al acusado como culpable de antemano.

Cuando los periodistas buscan al fiscal para que les dé una entrevista sobre algún caso, este suele enviar a su vocero. Explicar a la prensa los detalles jurídicos de una investigación en proceso no es una tarea sencilla. En una ocasión, un viejo amigo del fiscal escribió una columna muy crítica contra él, diciendo que le quedaba grande el cargo porque el exmandatario en ese momento seguía libre. Odracir envió a su vocero con el columnista, quien lo recibió diciéndole: “Mire, Salvador, a Odracir yo lo quiero mucho, y a su papá también. Los conozco y sé que Odracir está haciendo un excelente trabajo, pero lo que sí te digo es que necesito que suene la caja registradora.” El vocero se sorprendió y, después de explicarle la importancia de la lucha anticorrupción, le reiteró: “nosotros no tenemos dinero”, a lo que el columnista contestó: “no es con él. Es para que el de arriba diga, ‘espérate, no le pegues’”.

Esa no es la única extorsión que ha recibido el fiscal anticorrupción. En otra ocasión, uno de los periodistas de televisión más conocidos de la localidad, después de cuestionar de manera constante a la dependencia, pidió una cita con Odracir, quien como siempre mandó a su vocero. Nada más llegar, Ávila escuchó al comunicador decirle: “A ver, no tengo mucho tiempo. El café y a lo que vamos”, por lo que el vocero sacó su libreta y se alistó para tomar nota de lo que pediría.

–A mí me das exclusivas, información específica, información clave que pueda detonar o me das dinero.

–La información es muy delicada, yo creo que todos tenemos que trabajar por una nueva cultura...

–Entiéndelo, muchacho, yo llevo años en esto. Son esas tres cosas: información clave, exclusiva y dinero. Ah, o una posición en el gobierno.

En realidad, los periodistas extorsionadores son la excepción, según la experiencia del fiscal. Es más común el desconocimiento de los procedimientos judiciales.

Ante el desgaste mediático sufrido por la Fiscalía, decidió reforzar la comunicación en redes a través de infografías especiales de los casos y, en algunas ocasiones, el propio fiscal acude a foros de discusión para aclarar la situación. Una vez participó en la Mesa Cancún, un espacio influyente donde se reúnen periódicamente periodistas, académicos, empresarios y políticos a discutir diversos temas. El nombre Cancún, más que inspirado en el paradisiaco lugar, retoma el significado maya de la palabra: nido de serpientes. Después de recibir los primeros cuestionamientos, el fiscal les dijo a los tertulianos:

–Miren, señores, ustedes ya me conocen y yo soy muy franco. ¿Ustedes quieren que les diga que fulanito y fulanita van a ir a la cárcel? No lo puedo decir porque estoy en la etapa de la averiguación. Entonces, para ustedes va a ser una gran nota, para mí va a ser un delito y para ellos es el camino a la impunidad. Decidan en qué lugar quieren estar: en el de la corrupción o en el de la lucha contra la corrupción.

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Antes de que Jorge Morales Borbón saliera de prisión, su esposa Kathya Félix dio a conocer un video en Facebook en el que un hombre grande y sin camisa explicaba que unas personas le habían dado dos mil pesos por firmar unos papeles y prestarles su credencial de elector. Sin que él lo supiera, la identidad de este hombre había sido usada para denunciar a Morales Borbón. El video circuló en las redes sociales con una proclama de la familia acusando a la Fiscalía de combatir la corrupción de forma corrupta.

“Muchas de las denuncias –explica el fiscal– vienen con ese sesgo: ‘a ver si es cierto, Fiscalía, que haces algo’. Ayer me decía una persona, a raíz de este video del caso Morales: ‘¿por qué no analizan al que viene a denunciar?’. Le digo: ‘oye, imagínate, si la gente así no quiere venir a denunciar. Ahora que los empieces a investigar nadie va a querer denunciar’. Los propios códigos te señalan que si estás en presencia de un delito tienes que denunciarlo, independientemente de que no seas la víctima.”

Una de las denunciantes más conocidas contra el anterior gobierno es Gisela Peraza Villa, quien, después de trabajar siete años limpiando la casa de la familia Padrés, fue detenida, torturada y encarcelada durante cuatro años, bajo la acusación de haber robado dinero en efectivo a la familia del exmandatario. Tras recobrar su libertad, Peraza ha demandado a su antiguo patrón. Su caso no lo lleva la Fiscalía porque la mujer hizo la querella por tortura, pero la trabajadora doméstica ha ofrecido dar información sobre los movimientos de dinero que hacía el exgobernador.

La mayoría de las acusaciones por casos de corrupción que investiga la Fiscalía provienen de empresarios. Aunque no siempre de manera abierta, las cámaras locales venían denunciando de tiempo atrás que durante la anterior administración estatal solo en el primer año hubo licitaciones honestas, ya que en los siguientes varios titulares de dependencias aprendieron la forma en la que las compañías establecidas daban los servicios y crearon nuevas empresas con prestanombres, las cuales recibieron los contratos gubernamentales el resto del sexenio. Por eso es que hoy en día son empresarios los que inician o sustentan los casos, luego de haber sido desplazados de manera ilegal como proveedores del gobierno.

–¿Le ha sorprendido la corrupción que han encontrado? –pregunto al fiscal.

–No deja de impresionarte cómo el servidor público aprovecha esa calidad para beneficiarse y beneficiar a los suyos. Ahí te preguntas: ¿qué pensaba?, ¿no se daba cuenta? o fue tanta la desfachatez de decir: “nunca me van a hacer nada”.

–¿Y qué piensa de los métodos?, ¿novedosos?, ¿rupestres?

–Novedosos. Todas las formas sofisticadas de cubrir esas rutas de dinero complican el trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un aseguramiento de cuentas bancarias, tenemos que ser muy cuidadosos (que ya hemos hechos varios, pero no son públicos), muy estratégicos para que, precisamente, desde el famoso pin que tienen en su teléfono no se esté haciendo la transferencia al momento en que aseguramos la cuenta. Porque cuando saben que al compadre le congelaron la cuenta, ¿qué hace la persona? Mueve las suyas. Nosotros debemos tener bien claras las redes de vínculos para que no haya fugas. Porque con un clic se va el dinero.

–¿Y los más rupestres?

–Bueno, el de poner a nombre de los hijos. ¿Por qué? Porque partieron de la primicia de que nunca les iba a pasar nada. Ese es el mayor motivo, pensar que el manto de la impunidad los va a cubrir.

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A los pocos días de haber sido creada, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora envió a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR las constancias originales del expediente FAS-I-064/2015, en el que se incluían señalamientos en contra de exfuncionarios del gobierno estatal por delitos de incumplimiento de un deber legal, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. La información enviada por las autoridades sonorenses fue integrada a la indagación federal AP/PGR/UEAF/002/2014-11.

Desde ese momento comenzó una tensa relación entre la autoridad estatal y la federal, ya que los investigadores de la PGR omitían dar cualquier tipo de información a sus homólogos locales. La tensión fue creciendo a lo largo de 2016 y después de las elecciones del 5 de junio, en las que el PRI perdió los gobiernos estatales de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas a causa de los señalamientos de corrupción en contra de los mandatarios estatales, la gobernadora Claudia Pavlovich decidió presionar a la procuradora Arely Gómez enviándole una carta en la que le expresaba su “más profunda preocupación por el impasse en el que se encuentran las distintas investigaciones” referidas a la corrupción en Sonora.

La presión no se quedó ahí: unos días después, el 21 de junio, la mandataria subió a YouTube un video en el que insistía y ventilaba a la opinión pública sus críticas. El video de la gobernadora circuló justo al mismo tiempo en que otro exgobernador sonorense –considerado el mentor político de la mandataria–, Manlio Fabio Beltrones, formalizaba su renuncia a la dirigencia nacional del PRI con un discurso en el que cuestionaba la falta de coordinación del gobierno federal con los estatales. El discurso fue leído en clave como un mensaje de ruptura de Beltrones con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la presión surtió efecto. Unos meses después, la PGR consignaría al exgobernador Guillermo Padrés y conseguiría una orden de aprehensión en su contra.

–¿Cómo es la colaboración con la PGR? –pregunto al fiscal.

–En términos generales siempre ha sido muy cordial. El llamamiento de la gobernadora, que fue muy polémico, iba en el sentido de que “ya tienes en tus manos la información que nos pediste, es el momento de que actúes para vincular o para deslindar las responsabilidades”.

–¿Pero sí hay colaboración?

–Hay una relación institucional de respeto y entendimiento. Pero sí, evidentemente, cada quien tiene sus formas y sus tiempos.

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A finales de septiembre de 2016, Guillermo Padrés había conseguido veinticinco amparos de la justicia para no atender los diversos citatorios que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. En esas fechas, el exgobernador decidió atender solo una comparecencia: la de su partido, el PAN, que ante la presión social creó su propia Comisión Anticorrupción. La cita fue dada a conocer después de ocurrida sin que se comentaran detalles sobre lo sucedido. Por esos mismos días, la PGR solicitó de manera formal la primera orden de aprehensión en contra del exgobernador, la cual le fue negada por un juez de Toluca, Estado de México. Días después, pidió otra al juzgado 12 de distrito de la Ciudad de México, el cual aceptó otorgarla por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque había una alerta internacional de la Interpol y era buscado en decenas de países, Padrés se movía en el Valle de México con la protección de un grupo panista del Estado de México liderado por el diputado federal Ulises Ramírez. En el primer documento público emitido por la dependencia federal se aseguraba que existían “elementos que indican su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La investigación arrojó la existencia de cuentas bancarias en el extranjero por 8.8 millones de dólares, los cuales estaban siendo reingresados a México a diversas empresas mediante operaciones simuladas. Los agentes federales detectaron también que empresas vinculadas al exmandatario recibieron por lo menos 260 millones de pesos en contratos de la anterior administración estatal. Dicho dinero acabó siendo transferido a cuentas de familiares de Padrés.

Fue hasta el jueves 10 de noviembre cuando Padrés decidió entregarse a las autoridades, tras acudir con su abogado Antonio Lozano Gracia (exprocurador general de la república) al noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde habló cerca de una hora. Ahí pregonó su inocencia y acusó a la gobernadora Pavlovich de emprender una campaña en su contra por motivos políticos. Padrés fue detenido al salir de las instalaciones de la radio. Aunque su abogado estaba confiado de que los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal podría afrontarlos en libertad, la PGR presentó esa misma mañana nuevas acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que Padrés fue llevado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Ahí mismo, la dependencia federal detuvo a su hijo Guillermo, quien estaba presente como parte del equipo de defensa y fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

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Poco antes de que acabara 2016, el fiscal Odracir acudió al velorio de un tío. Me citó en la cafetería de la funeraria y ahí, en medio del silencio, explicaba sus expectativas para 2017, las cuales iban desde la posibilidad de crear una policía anticorrupción especializada hasta dar seguimiento a los procesos aún pendientes en el ámbito estatal en contra del exgobernador.

El fiscal había recibido semanas antes una llamada de la gobernadora Pavlovich, quien le decía que algunos de sus secretarios estaban incómodos con un oficio que él había enviado advirtiendo de varias de las malas prácticas que podían ser motivo de sanción, como la adjudicación de contratos de manera directa y otras más. “La gobernadora me dijo: ‘Oye, fiscal, muy bien, pero dicen que sintieron como una amenaza.’ Yo le contesté que está bien, para que se pongan abusados.”

Un rostro orgulloso le apareció también cuando me explicó que una amiga personal que labora en una dependencia del gobierno le había mandado un whatsapp diciéndole que su jefe había llegado muy nervioso a decirles: “miren, quiero que se pongan a hacer toda la información que nos están pidiendo esos de la Fiscalía Anticorrupción porque yo no quiero tener problemas, no quiero tener broncas con esos locos”.

El calificativo de “loco” resultó un elogio para Odracir.

–Bueno, ahora parece que la lucha anticorrupción se puso de moda en todo México. Ya no nada más en Sonora y Nuevo León quieren meter a la cárcel a los anteriores mandatarios... –comenté.

–No debería decirse que se puso de moda. Pero es cierto que todos los gobernadores que llegan dicen que van a mandar a la hoguera al exgobernador porque también es una de las banderas para llegar a gobernar. Es un tema muy delicado porque, y es una valoración personal, si no funciona el sistema anticorrupción a nivel nacional, no el de Sonora o Nuevo León, yo creo que se acabará una de las últimas esperanzas que tiene la sociedad en materia de credibilidad para las instituciones en el futuro. ~