07 Jul. 2016
CONTRARIO a los que muchos creen, la pelea por la Ley 3 de 3 no ha concluido. Ya retomaron la estafeta los diputados de Movimiento Ciudadano. EL GRUPO que encabeza Clemente Castañeda trabaja a marchas forzadas para recolectar las 165 firmas de diputados necesarias para llevar el caso ante la Suprema Corte.
QUIEREN interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que se vuelva obligatorio para todo servidor público abrir sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. HAN recabado 94 firmas y requieren otras 71. Y eso sólo será posible si el PAN o Morena se ponen del lado de la transparencia y la rendición de cuentas. PORQUE, hasta ahora, sólo tres de los 109 legisladores albiazules se han sumado a la iniciativa; y sólo 15 de los 36 lopezobradoristas.
A los de Movimiento Ciudadano les corre prisa porque diputados y senadores están a punto de irse -oootra vez- de vacaciones hasta agosto; pero sólo tienen ¡30 días! para interponer el recurso judicial. COMO QUE en el Senado hay una bola de inútiles o una bolita de preferidos. Cosa de ver la cantidad de comisiones en las que participan algunos, como Mariana Gómez del Campo.
LA PANISTA preside la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe; es secretaria de la Comisión del DF, de la de RTC, y de la Especial para Desarrollo Metropolitano. Además, es integrante de cuatro más. Y AHORA tiene dos nuevos encargos parlamentarios: la Tercera de la Comisión Permanente y la de seguimiento a la violencia en Nochixtlán.
En total, ¡diez comisiones! NOMÁS para hacer el contraste, el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero preside únicamente una comisión y participa en cuatro más. ¿PODRÁ con tantos compromisos legislativos la senadora? Es pregunta sin comisiones.
TARDÓ en llegar, pero finalmente se le apareció la justicia electoral al Partido Verde. Los magistrados confirmaron la multa por ¡215 millones de pesos! en contra de los tucanes trinqueteros.
LA RESOLUCIÓN del Tribunal Electoral federal deja en claro que los dirigentes y legisladores verdes violaron reiterada e intencionalmente la ley, al presentar como "informes legislativos" lo que en realidad era propaganda electoral. LO ÚNICO MALO es que esa multa no implica que el PVEM pague, sino que solamente dejará de recibir el 40 por ciento de sus prerrogativas.
El otro 60 por ciento seguirá saliendo del bolsillo de los mexicanos. Se vale llorar.