En la circunstancia política actual, nadie podría ir en sentido opuesto al mensaje que mandaron los electores el pasado primero de julio: urgía un cambio de rumbo para recomponer el país. Una mayoría se hizo presente en las urnas y 30 millones de votos terminaron por legitimar a Andrés Manuel López Obrador como el presidente más votado de la historia.

Bajo este argumento, preocupa que la reciente reforma al artículo 35 constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular fuera aprobada con algunas deficiencias relevantes principalmente de orden jurídico. Por principio de cuentas, hay que señalar que la revocación de mandato para un presidente de la República no puede darse a solicitud del propio titular del Ejecutivo como se pretende hacer, toda vez que su cargo es irrenunciable y la propia Constitución señala claramente las causales bajo las que se puede dar; en todo caso debería de hablarse de un ejercicio de ratificación de mandato y no de revocación.

De igual manera es ampliamente discutible la retroactividad de la reforma, ya que se aplicará para quienes hoy legislan y para el titular del Ejecutivo, ambos podrán iniciar el proceso de revocación que ellos mismos aprobaron. En materia de ampliación de derechos electorales, tampoco hay una transformación de fondo, el número necesario de electores para promover un ejercicio de democracia participativa sigue siendo muy alto, aún con la reforma actual seguirá siendo más fácil conformar un nuevo partido que iniciar un proceso de consulta ciudadana. Sin embargo, el problema mayor de esta reforma es de fondo.

Decía Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea, que cometer una injusticia es peor sufrirla. Alguien debería recordarle al presidente López Obrador y a su grupo cercano, el trabajo y las batallas que debieron superar en casi dos décadas para llegar hasta donde se encuentran hoy. Desafueros, fraudes electorales, coacción del voto, inequidad electoral, fueron situaciones que denunció por años. Sería de esperarse que, una vez que estuviera en el ejercicio del poder, derivaría en elecciones en las que el gobierno no intervendría y éstas se llevarían a cabo de forma equilibrada. Nada más alejado de la realidad.

La aprobación de la reforma ya citada es una auténtica paradoja, equivale hacer aquello mismo que como oposición exigió: que el gobierno sacara las manos de las elecciones. Empatar la elección intermedia con el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República no es más que un burdo intento -no de reelección del presidente de la República como se ha insinuado-, para favorecer a los candidatos de su partido, tratando de provocar el voto en cascada como ya sucedió en la elección más reciente, violentando principios básicos de equidad e imparcialidad mandatados en nuestra carta magna como condiciones obligadas en cualquier proceso electoral.

Queda claro que una cosa es el discurso combativo de oposición y otra el ejercicio conveniente del poder. No debería extrañarnos, el hábitat natural de Andrés Manuel es estar en campaña permanente.