Buena parte de los 2.5 millones de jornaleros agrícolas de México enfrenta todavía condiciones laborales precarias a pesar de los recientes esfuerzos del Gobierno por mejorar su situación, dijo a Xinhua la académica Edith Pacheco.

En el campo persiste la falta de seguridad social, los salarios bajos o la mano de obra familiar no remunerada, una circunstancia que se traduce en falta de protección laboral, enfatizó la profesora investigadora del Colegio de México (Colmex).

“No podemos decir que todos, pero sí podemos decir que es una característica de sus condiciones de trabajo”, señaló la experta en temas de mercado laboral y trabajo agropecuario.

Expuso que esa precariedad contrasta con los resultados de la creciente industria agroalimentaria de México, una potencia productora a nivel mundial que cerró 2016 con exportaciones récord por un valor de 29 mil millones de dólares.

El Gobierno mexicano reconoce en el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas (PAJA) que los trabajadores y sus familias componen un grupo social “altamente vulnerable” por las condiciones laborales, la necesidad que tienen de emigrar de sus comunidades para encontrar trabajo y el rezago social en el que viven.

Uno de cada cinco jornaleros emigra a otras poblaciones o estados del país durante las distintas temporadas y el 18 por ciento es hablante de lengua indígena, según datos oficiales divulgados en 2015.

“Muchos de los jornaleros son expulsados de su contexto de origen porque no hay ni siquiera mínimas condiciones para poder trabajar ahí. Entonces está la discusión de que habría que atender también sus lugares de origen”, agregó Pacheco.

El programa PAJA subraya que cerca de 690 mil niños y adolescentes engrosaban en 2015 las filas de la mano de obra agropecuaria, una situación grave y preocupante porque, advierte, un tercio de los menores que trabaja no asiste a la escuela.

Ese programa, gestionado por la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social, brinda apoyos económicos a los jornaleros que emigran y becas para que sus hijos sigan las clases durante la educación básica.


De forma paralela, el Gobierno ha reforzado las inspecciones en los lugares de trabajo, la capacitación y la vinculación al empleo en el campo.

Al respecto, la académica del Colmex consideró que las políticas emprendidas por la Secretaría de Trabajo son limitadas frente a la situación laboral de los jornaleros, que en muchos casos emigran acompañados por sus familias.

“Las políticas activas apoyan la capacitación, apoyan la vinculación, pero se quedan en un nivel muy limitado porque no inciden en el verdadero proceso de contratación y, en realidad, de una contratación que sea justa”, comentó.

Apuntó que un eslabón que tendría que revisarse es el respectivo a los intermediarios. que normalmente colocan a los jornaleros en los campos, pues dijo que son una especie de primeros contratantes.

El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, surgido a partir de una amplio paro en 2015 en los campos de fresa, tomate y otros vegetales en San Quintín (noroeste) está buscando caminos para evitar esa intermediación, explicó.

“(El rezago en protección laboral) es histórico, sí, se puede decir que es histórico. A raíz de lo que pasó en San Quintín el propio Gobierno ha dicho que es una prioridad”, sostuvo Pacheco.