El Estado mexicano adquirió compromisos importantes el 25 de septiembre de 2015, en Nueva York, para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 17 objetivos y 169 metas dentro de la denominada Agenda 2030.

No obstante que nuestro país ha tenido avances en la puesta en marcha de la Agenda 2030, en un esfuerzo compartido entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, además de la participación del Poder Legislativo, la sociedad civil, empresarios y ciudadanía, existen aún muchos pendientes que nos permitan pensar que México cumplirá con sus compromisos.

En materia ambiental, el Estado mexicano ha implementado acciones en contra del cambio climático, como contar con Atlas de Riesgo y de Vulnerabilidad; contar con una Estrategia Nacional de Cambio Climático; la creación del Fondo para el Cambio Climático y de la Comisión Ejecutiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consejo Nacional de la Agenda 2030, entre otras.

En este escenario, las zonas metropolitanas tienen un papel importante en la puesta en marcha de acciones, pues con la gran concentración de población, la multiplicación de la demanda de servicios y la necesidad de cuantiosos recursos para la atención de sus problemáticas, tienen frente a sí, el enorme reto en la planificación del desarrollo urbano, en la definición del ordenamiento del territorio y en el mantenimiento de niveles de vida aceptables para su población, en armonía con el medio ambiente.

El caso particular de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tiene un papel estratégico de tal dimensión en este combate, al igual que el resto de las zonas metropolitanas, que representa un reto importante para hacer compatible el crecimiento, la satisfacción de la demanda de servicios públicos y vivienda, con una mejor movilidad y desarrollo metropolitano en un medio ambiente equilibrado.

Por ello, la serie de medidas anunciadas del 20 de diciembre de 2019, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM), de la Zona Metropolitana del Valle de México, orientadas a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero pareciera insuciente, sobre todo si consideramos que entre los compromisos que nuestro país adquirió en el marco de la Agenda 2030, se encuentran disminuir en 22 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y 51 por ciento las emisiones de carbono negro dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Es en las ciudades donde se debe dar la batalla contra el cambio climático, pues en ellas vive más de la mitad de la población mundial.

En el estudio de Carbon Disclosure Project (CDP), aparecen las acciones que 43 ciudades del mundo están implementando para abatir el cambio climático, estudio donde no parece la CDMX y solo una ciudad latinoamericana, Buenos Aires, recibe las mejores calificaciones.

Por ello, debemos superar la dinámica actual de buscar medidas inmediatas frente a las contingencias ambientales sin un enfoque integral y adentrarnos en medidas transformadoras.

Debemos trabajar para evitar la relajación de la verificación de automóviles; usar combustibles de baja emisión de azufre; desarrollar líneas de transporte con sistemas de tránsito rápido; reducir las necesidades de movilidad de la población; mejorar el ordenamiento territorial acercando los núcleos económicos a las zonas poblacionales; construir un sector de transporte con bajas emisiones de carbono; reducir las emisiones provocadas por la deforestación y plantar millones de árboles; reducir el uso de agua por persona y acabar con las fugas; fomentar el uso de techos y paredes verdes en industrias y edicios públicos para contrarrestar el efecto de isla de calor urbano y utilizar pavimentos permeables.

Si a esto agregamos el reforzar el uso amigable de la bicicleta, limitar el uso del automóvil y el cobro por combustión a vehículos con cierto nivel de emisiones, podremos aspirar a logros importantes frente a los compromisos de la Agenda 2030.

Necesitamos de una serie de medidas que vayan más allá de los compromisos adquiridos, que fortalezca la coordinación y planeación entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil, con mayores recursos y un compromiso claro con el medio ambiente, si de verdad se quiere generar al menos el 35 por ciento de la electricidad con energías limpias para 2024; reducir en 50 por ciento las emisiones para 2050 y reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático.

La responsabilidad es de todos. Por ello, en el debate del uso del espacio público debemos hacer entender a la población que las calles de las ciudades son para todos.