Con el objetivo de homologar la legislación nacional con los acuerdos internacionales firmados por México en materia de estrategias contra desastres en los últimos 20 años, la diputada Mirza Flores presentó dos iniciativas de reforma a los artículos constitucionales 4, 25 y 27.
El propósito es establecer el derecho a la seguridad frente a los efectos del cambio climático y la definición de políticas públicas que garanticen asentamientos urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles?, afirma la representante de Movimiento Ciudadano Para lograrlo, sostiene, se necesita armonizar los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional con el del Estado mexicano de garantizar la seguridad.
En entrevista con Excélsior, plantea que, a 100 años de que se formuló la Constitución, ?el orden de las ciudades ha cambiado diametralmente: en 1900 había 33 ciudades y ahora tenemos, según el Censo de 2010, 384 ciudades?. Detalla que, en este periodo, los centros urbanos crecieron, desordenadamente, 11 veces. Y si a esto le sumamos los efectos del cambio climático, estamos ante una problemática que debemos abordar de manera integral?.
Para la legisladora resulta fundamental entender que la Carta Magna se hizo cuando las tres cuartas partes de la población vivían en el campo. Esa proporción ahora se ha invertido: 75% de los mexicanos radica en ciudades marcadas por los problemas de la desigualdad, el desempleo, la inseguridad y los riesgos ambientales. La propuesta de la legisladora Flores Gómez busca definir el derecho a ciudades y hábitat en condiciones de afrontar las constantes amenazas relacionadas con los efectos del cambio climático, como huracanes o tsunamis. Sostiene que, a nivel global, en los últimos 20 años, los desastres naturales han afectado a 4.4 billones de personas y han generado pérdidas globales de dos mil billones de dólares.