Durante el sexenio de Felipe Calderón, la presencia Ejército y la Marina en lo que desde entonces llaman la "guerra contra el narco" incidió en el aumento de varios indicadores de la violencia en México, incluyendo las ejecuciones de civiles a manos de las fuerzas armadas, de acuerdo con una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Una situación que ha sido ignorada por las diversas bancadas en el Congreso que han presentado iniciativas de Ley de Seguridad Interior que, de acuerdo con expertos, podrían dar pie a justificar actividades de las fuerzas armadas en actos en que se pudieran violar los derechos humanos de civiles.

La investigación del CIDE, realizada a partir de una Base de Datos de Eventos Registrados de la Guerra Contra las Drogas de 2007-2011, sostiene que el 86.1% de los civiles muertos que presuntamente participaron en enfrentamientos con fuerzas federales fueron abatidos en eventos de "letalidad perfecta" donde sólo hubo muertos y ningún herido, sin que existan investigaciones ministeriales que indiquen que los civiles asesinados pertenecían al crimen organizado.

Una situación atípica en enfrentamientos armados, lo cual indica que muchos de los abatidos fueron ejecutados o acribillados con un uso excesivo de fuerza.

Del total de los hechos violentos entre fuerzas federales y civiles registrados entre noviembre de 2006 y noviembre de 2011, el 37% de los eventos fueron de "letalidad perfecta". Un claro indicio de que una tercera parte de los presuntos criminales que murieron en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, fueron ejecutados o asesinados por las fuerzas armadas de manera ilegal durante supuestos enfrentamientos.

En este sentido, los datos del CIDE señalan que la "letalidad perfecta" de las fuerzas armadas creció de manera notable durante el sexenio de Calderón. Mientras en 2007 se registraron 15 eventos de letalidad perfecta por parte de las fuerzas armadas, en 2011 se registraron 451.

"México tiene la terrible situación de tener índices de letalidad del 2.6; el índice de letalidad de la Policía Federal es de 2.6 muertos por cada herido; de la Marina llega a 17.3 muertos por cada herido; y del Ejército es de 9.1 muertos por cada herido. Pues bien, esos son eventos con alta letalidad; es un promedio de letalidad muy alto", explica Madrazo.

"Con la base de datos que le estoy refiriendo hicimos un ejercicio e identificamos una cantidad importante de eventos que no pudimos establecer la letalidad porque no había heridos; entonces los denominamos eventos de letalidad perfecta. Eventos de letalidad perfecta, son aquellos en los cuales sólo hay muertos entre los civiles opositores y no hay un solo herido. No se puede medir con el índice de letalidad normal porque sería infinito, entonces le llamamos de forma distinta: letalidad perfecta", agrega el experto.

La investigación sostiene, además, que por cada combate de las fuerzas federales se incrementa 6% la violencia municipal en un periodo de 3 meses. Si dicho enfrentamiento es con participación de las fuerzas armadas, la violencia municipal aumenta en 8%. Si específicamente el enfrentamiento cuenta con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la violencia municipal repunta hasta 9% en el mismo periodo.

Pero no sólo eso, ya que la mayoría de los enfrentamientos documentado entre civiles y fuerzas federales fueron iniciados por los representantes del Estado. De los combates registrados en la guerra contra las drogas, 3 mil 327 eventos entre noviembre de 2006 y noviembre de 2011, en el 84% de los casos "el detonante de la balacera es un actuar del Estado", según Madrazo, mientras que sólo en el 7% se registraron agresiones en contra de las fuerzas armadas. En el 9% no se obtuvo información suficiente para determinar si las fuerzas armadas o los civiles fueron los que iniciaron el enfrentamiento.

Más allá del sexenio de Calderón, esta tendencia de letalidad en las fuerzas armadas se sigue observando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a través de casos como el de Tlatlaya y Tanhuato, sucesos en los que el Ejército dijo haber abatido civiles en "defensa propia", a pesar de que investigaciones posteriores realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontraron que los civiles muertos en dichos eventos fueron masacrados por soldados. Algo similar a lo que ocurrió en la masacre de Apatzingán, donde policías federales asesinaron a civiles indefensos.

En este sentido, la experiencia internacional indica que "el paradigma militar que aboga en vencer o neutralizar el enemigo, no es el idóneo para la protección de las personas", según refirió Jan Jarab, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante un foro en el Senado.

"¿Cuál es la experiencia empírica después de 10 años? Hoy podemos afirmar que la decisión entonces tomada ha estado lejos de alcanzar el objetivo que se planteó, de mejorar la seguridad de la población. Las estadísticas son contundentes. Los niveles de violencia expresados por ejemplo, en índices de homicidios, hoy son mucho más elevados que los contabilizados antes de 2006", añadió Jarab.

Pero la trascendencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública supera lo que se ha podido reportar en los medios de comunicación, ya que la prensa alcanzó a documentar menos de la mitad de los casos registrados por autoridades federales, como señalan datos del CIDE presentados en el sitio Vice News.

Y mientras la nueva evidencia recabada por el CIDE permite redimensionar el papel de las fuerzas armadas en la llamada guerra contra el narco, legisladores del PRI, PAN y PRD han presentado diversas iniciativas para la creación de una Ley de Seguridad Interior que busca legalizar la actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, sin tomar en cuenta las advertencias de las organizaciones de derechos humanos. Una situación que permitiría legalizar prácticas que han contribuido a violaciones graves de derechos humanos.

Un ejemplo de esto el artículo 3, fracción VII de la ley propuesta por el diputado César Camacho del PRI, en la cual se señala que "el uso legítimo de la fuerza" incluye "repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave".

Un defnición idéntica a la que se encuentra en el artículo 4, fracción X de la ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, en la cual también se establece que "la utilización de técnicas, tácticas y métodos, por parte de la Fuerza Armada Permanente o de la Fuerza Especial de Apoyo Federal, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva".

Es decir, que de aprobarse una Ley de Seguridad en los términos propuestos por el PRI y el PAN sería legal que las fuerzas armadas asesinen a civiles que participan en protestas pacíficas.

"O sea, incluso para contener protesta pacífica, esta ley permite y autoriza el uso de la fuerza", señala Madrazo.

"La iniciativa Gil habla incluso de la fuerza letal y autoriza llegar hasta a la fuerza letal para una protesta pacífica. Les ruego que lean la ley, no las iniciativas y no los discursos. Interpreten la ley y van a ver que esa ley está autorizando el uso de fuerza letal incluso en protestas pacíficas", concluye.