Así denominó Karl Marx el pensamiento de aquellos individuos que no defienden los intereses de su clase social. La frase tuvo y tiene muchas críticas, pero acierta en un hecho: la defensa que hacen muchos ciudadanos de los intereses de una pequeña élite.
En México, como lo describió alguna vez la revista Nexos con UNA encuesta que después se convirtió en el número titulado ?el liberal salvaje?, un retrato ideológico y de los valores del mexicano promedio, los mexicanos creemos en principios que son inaplicables en una sociedad como la nuestra. Por ejemplo, creemos que con el simple esfuerzo, alguien puede mejorar sus condiciones sociales. Cuando en realidad sabemos que la movilidad social está atascada, y lo acaba de demostrar de nuevo en un interesante estudio del PNUD. Incluso, hay quien cree que el pobre tiene esa condición porque quiere, porque disfruta la pobreza.
No creemos en los impuestos y odiamos al Gobierno. Lo paradójico es que en un país de 55 millones de pobres, los valores del mexicano promedio son una garantía para proteger los intereses de la élite económica, política y empresarial del país. Los impuestos es uno de esos temas en el que hay un consenso social asombroso.
Obviamente, todos aborrecemos pagar impuestos y luego ver nuestras calles destrozadas, parques abandonados, hospitales insuficientes y con largas listas de espera, universidades que rechazan jóvenes al por mayor, la ineficiente recolección de la basura y un larguísimo etcétera. Es insultante ver a políticos que se enriquecen de la noche a la mañana con lo que es de todos. No defenderé la corrupta forma en que nuestro Gobierno gasta los impuestos. Sin embargo, llama la atención que una buena parte de la población se alinee con la visión anti-impuestos y no con la defensa de la fiscalidad como una forma de distribución y constitución de un país más justo.
De acuerdo al estudio ?Privilegios fiscales?, elaborado por FUNDAR, la hacienda pública de nuestro país sirve para proteger los intereses del 10% más rico de la población. De la misma manera, como lo demuestra ?desigualdad extrema?, una investigación conducida por Gerardo Esquivel y Oxfam México, el Estado mexicano se convierte en el principal aliado de los magnates de este país para reproducir la desigualdad y evitar avanzar hacia un sistema fiscal que realmente favorezca a la mayoría.
La identidad anti-Gobierno y anti-impuestos de muchos mexicanos dificulta encontrar un sistema fiscal que realmente dé resultados en materia de combate a las desigualdades. En la actualidad, el tramo superior de ISR es de 32%, uno de los más bajos de América Latina y del mundo. Si ganas más de 60 mil pesos o 250 millones de dólares, pagas la misma tasa. Es un sinsentido.
La presión fiscal sobre las grandes riquezas en este país es de risa y como demuestra FUNDAR, las grandes compañías de México, que aparte de tener poder económico traducen su dominio de mercado en poder político, reciben condonaciones que alcanzan los 200 mil millones de pesos en los últimos años. Dejar el sistema impositivo como está en la actualidad, significa reproducir un país desigual e injusto. Algo similar sucede con el impuesto a las herencias. Es una propuesta que se las he escuchado a la doctora Viridiana Ríos y al diputado Jorge Álvarez Máynez. La propuesta me parece sensata: que la tributación aplique sólo a aquellos que tienen más de 10 millones de pesos en la suma heredada. Es decir, un impacto menor al 1% de los contribuyentes del país. Con esos recursos, pagar un ingreso mínimo básico para aquellos mexicanos que viven debajo del umbral de la pobreza extrema en México (con menos de un dólar diario).
Lo paradójico es la virulencia de la respuesta de una parte de la sociedad: no más impuestos. No existe voluntad de examinar la propuesta a fondo. Y es que impuestos a las herencias hay en Francia, España, Suecia, Canadá, Argentina, Ecuador, Irlanda o Japón. Es cierto, con modelos distintos, con más o menos progresividad y con tasas de arranque completamente distintas. Sin embargo, en estos países, se asume que la justicia social y el combate a la desigualdad son objetivos de un Gobierno democrático, y que los índices de asimetría económica sólo se pueden reducir a través de una política fiscal progresiva y un gasto público que proteja a los más desfavorecidos. Si no pensamos en un nuevo modelo fiscal, estamos condenados a tener un Estado que no provea ni de lo más mínimo a los ciudadanos.
Por supuesto, un modelo impositivo distinto debe de traer aparejado un cambio profundo en la forma en que nuestro Gobierno gasta. Una definición que tenemos que tomar como país es si queremos un Estado que sirva a los intereses de unos cuantos o un Estado que asuma la protección de la mayoría social en México que vive en pobreza y resiente en carne propia los impactos de las carencias sociales.
Queremos un Estado cooptado por una élite que le condona impuestos a sus cuates y que recarga el peso fiscal sobre las clases medias, o un Estado que le cobra a quien le debe de cobrar, a aquellos que sus ganancias se cuentan en millones y millones de dólares. Redefinir los impuestos, sobre quien recae la carga fiscal, es también redefinir el papel del Estado Mexicano y si funcionará como espacio de promoción de la igualdad o como reproductor de las inequidades presentes en nuestra sociedad.
Lo dice el Índice GINI, México es de los países más inequitativos a la hora de cobrar impuestos y también al momento de ejercer el gasto y las transferencias. Nuestra cerrazón a discutir impuestos sólo beneficia a esa minoría que se siente cómoda con ingresar millones y pagar sólo centavos.