El Presidente Enrique Peña Nieto incluyó, en sus 266 compromisos de campaña, 17 relacionados con el campo. Ha cumplido dos. Este sector representa ahora un reto para el Gobierno federal, porque deberá preparar un plan de emergencia para emplear a los más de cinco millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que podrían ser deportados a partir de que Donald Trump asuma la Presidencia.

Durante los meses previos a la elección, el ahora Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió triplicar el número de oficiales para reubicar a las personas que vivan en ese país como indocumentados. Esto significa que Trump deberá deportar a 11 millones de personas en total, de las cuales, 5.6 millones son mexicanos, de acuerdo con el Pew Research Center.

Del total de trabajadores ocupados en el campo, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos, 30 por ciento es de origen mexicano. Es decir, hay 300 mil connacionales cuya fuente de ingresos en Estados Unidos es el campo, de acuerdo con cifras del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés). La estadística del gobierno estadounidense contempla en el término "nacidos en el extranjero" a los migrantes legales, refugiados, residentes temporales y migrantes indocumentados.

En este contexto, analistas vislumbran un escenario de incertidumbre. Donald Trump también ha planteado dar marcha atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si las fronteras son cerradas y los aranceles a las exportaciones mexicanas aumentan, es necesaria también una política implementada desde el Gobierno federal que contenga los efectos negativos de esta decisión. "En México hay suficiencia alimentaria.

De cumplir Trump la promesa de cancelar el TLCAN, esos productos se abaratarían, pero entonces el problema residiría en buscar fuentes de exportaciones que suplan a las remesas que dejarán de entrar", dice Francisco Pérez Soto, Ingeniero Agrónomo especialista en Industrias. En el caso de la deportación, "debería ser gradual. A lo largo de los próximos seis meses hay que ser cautelosos y observar qué es lo que hará Estados Unidos, porque la experiencia nos dice que a los mexicanos, especialmente a los migrantes, les va mejor con los republicanos en el poder", asegura Pérez Soto. Si Donald Trump es la excepción a esa afirmación, 300 mil mexicanos regresarán a este país con experiencia laboral en agricultura que buscarán poner en práctica. ¿México está preparado para ofrecerles empleo?

DESPUÉS DE LAS DEPORTACIONES, ¿QUÉ?

La agricultura, silvicultura y pesca, la construcción, la industria de la alimentación y el alojamiento, la manufactura y el comercio al por mayor son los sectores que integran a la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. De cumplir Trump sus promesas, los 5.6 millones de mexicanos indocumentados cruzarán la frontera para regresar a su país natal a un ritmo todavía no precisado. Además del plan de contingencia que el Gobierno federal deberá implementar para recibirlos en un plazo inmediato, está la urgencia de emplear a esos 300 mil hombres y mujeres que en Estados Unidos encontraron en el campo una fuente de ingresos.

El Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría ser un punto de partida, de acuerdo con el economista Gerardo Esquivel. "Podrían tomarse los términos, montos y condiciones, porque está diseñado para otras situaciones, pero podría adaptarse", dijo en entrevista con este medio. Sin embargo, sí es necesario contar con un programa de emergencia ante una deportación de esta naturaleza, coinciden ambos analistas. Más de cinco millones de mexicanos regresarán a un país con el que tal vez ya no tengan lazos, más allá de la nacionalidad.

De cumplirse la deportación masiva, es necesario poner en marcha un programa flexible y con los suficientes recursos para atender a la población que llegará, concluye Esquivel. Este escenario se vislumbra difícil de cumplir porque el campo no ha sido una prioridad durante este sexenio.

ENRIQUE PEÑA NIETO OLVIDÓ EL CAMPO

Enrique Peña Nieto comprometió y firmó 266 proyectos ante Notario Público. Hasta el día de hoy ha cumplido 61, de acuerdo con un ejercicio realizado por la Unidad de Datos de este medio digital. En esos compromisos hay 17 enfocados en el desarrollo del campo mexicano. Sólo dos de estos han sido cumplidos. El discurso del Presidente de México prometía lo contrario. En su toma de protesta, dijo: "Vamos a generar mecanismos de mayor interlocución para escuchar a la gente que está en el campo, para recoger su experiencia y traducirlo en una política pública que permita cambiar la realidad social y económica del campo en el país". Pero cuatro años después no hay una política definida y exclusiva para el campo, en donde trabajan más de siete millones mexicanos.

El ámbito que antes significó el arranque de cualquier gobierno priista, para Peña Nieto merece planes gubernamentales dirigidos. "Los problemas de campo son de viejo puño para nuestro país y dependen de los recursos naturales que México conserve", puntualiza Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A pesar de que a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se le incrementaron ocho mil 111 millones de pesos, por lo que cuenta con 84 mil 827 millones de pesos, señaló que los problemas del campo están asociados a la disponibilidad de los recursos naturales con los que cuenta el país y no sólo depende del dinero que se le asigne a la dependencia. Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, coincide al denunciar que desde hace tiempo los apoyos que se destinan en el campo -en teoría- deberían ser entregados a los productores agrícolas de bajos recursos, no obstante, en muchas ocasiones se concentran en productores de gran escala que no requieren ningún tipo de subsidio.

Mier subraya que "en términos generales el Gobierno de Peña Nieto no ha hecho grandes cambios", y afirma que la actual política del Gobierno se centra en aumentar la producción, pero eso no garantiza la seguridad ni soberanía alimentaria.