La historia y el actual contexto de México nos recuerdan heridas que aún siguen abiertas. Los pueblos indígenas y/o campesinos llevan una larga lucha de resistencia para defender sus derechos y su existencia frente a las políticas de integración y asimilación que merman su vida, su autonomía, su desarrollo propio y sobre todo el territorio como espacio de reproducción cultural.

Las comunidades indígenas y campesinas han sido las principales defensoras y protectoras del gran patrimonio biocultural de este país preservando el medio ambiente en el cual vivimos y aprovechamos los recursos naturales que hacen nuestro día a día. Ellas y ellos son lo que se ha denominado personas defensoras de los derechos humanos ambientales que a su vez son considerados como un grupo de personas defensoras en situación especial de vulnerabilidad.

Este grupo de personas defensoras es muy diverso pues contempla a comunidades, pueblos, organizaciones, grupos, abogados/as y demás profesionistas que promueven la defensa y la protección del medio ambiente, la tierra, el territorio y de los recursos naturales encaminados hacia un desarrollo sustentable. Sin embargo, defender el derecho a un medio ambiente sano en este país puede costar ser víctima de una serie de agresiones e incluso de perder la vida en esta labor.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ha realizado el registro y sistematización de agresiones cometidas contra las personas defensoras de los derechos ambientales en el país. De esta tarea ha resultado la emisión de tres informes para visibilizar los datos encontrados que de alguna manera describen la realidad de esta situación de violencia generalizada contra las personas defensoras de derechos humanos.

El 17 de enero de este año publicó su tercer informe sobre el tema en el que se demuestra que México continúa siendo un país peligroso para la labor de defensa del medio ambiente y el territorio. A pesar de que las cifras del Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales no son absolutas ya que en su mayoría fueron recabadas a través de notas de prensa -de tal manera que los datos pueden aumentar derivado de que las personas defensoras no siempre verbalizan, y en consecuencia visibilizan, las agresiones a las que son víctimas- nos dan un prueba de las agresiones, las entidades federativas donde se cometen, los megaproyectos que causan mayor conflictividad socioambiental y de los agresores que llevan a cabo los ataques.

En ese sentido, el CEMDA registró que el mayor número de ataques fueron en el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, y Oaxaca, con 6 casos. Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones fueron los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7).

Las afectaciones más reclamadas están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24 %), seguidas de la intimidación con un 19 %, la criminalización en un 18 % y las agresiones físicas se presentaron en un 15 %. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11 %, la difamación con 6 %, y la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y el robo, en un 2 % cada uno.

Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina. De acuerdo con los datos obtenidos, el 43 % de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14 % fueron cometidas por particulares; el 7 % por parte del personal de las empresas; el 3 % por parte de la gente de la misma comunidad y el 2 % por grupos del crimen organizado.

En el 31 % de los casos no fue posible identificar a los agresores. De las agresiones cometidas por parte del Estado, el 56 % fueron cometidas por las autoridades a nivel estatal, mientras que el 22 % fueron cometidas por autoridades federales, y el 22 % restante fueron cometidas por autoridades a nivel municipal. En dicho informe, el único caso de homicidio registrado se refiere a la defensa del bosque de la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua.

La misma comunidad que un día antes de comenzar la visita oficial del Relator sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, fue víctima del asesinato de otro miembro y defensor de su territorio, Isidro Baldenegro López, quien antes ya había sufrido diversas agresiones como amenazas, criminalización, detención arbitraria y el desplazamiento interno forzado a causa de la violencia en su comunidad a cargo del crimen organizado, que empezó a disputar el control en ese territorio y, como se ha señalado, es un actor que empieza a ser visible en las agresiones.

El municipio de Guadalupe y Calvo desde 1973 ha registrado 11 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, entre ellos el del padre de Isidro, Julio Baldenegro, asesinado en 1986 por su oposición a la tala clandestina de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Cabe señalar que Isidro Baldenegro fue galardonado con el premio Goldman en 2005 por su trabajo como defensor del medio ambiente y es el segundo ganador de este premio asesinado en menos de 12 meses junto con Berta Cáceres.

México, al igual que Honduras, se convierte en un país peligroso para las personas defensoras del medio ambiente a pesar del reconocimiento internacional a las y los defensores. Este lamentable hecho se suma al dolor de una larga historia de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos ambientales que desgraciadamente se quedan en un contexto de impunidad donde las agresiones no se investigan por las Procuradurías estatales ni mucho menos llegan a una sanción.

Aunado a ello, el papel del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la protección de personas defensoras de los derechos humanos ambientales ha sido limitado; además de que este organismo no puede resolver las situaciones de fondo que provocan la conflictividad social y ambiental. Es importante mencionar que existe una gran desconfianza de las personas defensoras de ingresar al Mecanismo y que sea el Estado quien les brinde protección cuando este actor es al que identifican muchas veces como su agresor y como el que violenta sus derechos colectivos.

En esta circunstancia es necesario un llamado desde la sociedad al Estado mexicano para exigir una voluntad política real para un efectivo respeto de los derechos humanos, entendiendo éstos como un ente interdependiente que protege la dignidad de la vida humana. Estos derechos contemplan los derechos colectivos de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autonomía en el marco de la libre autodeterminación, al desarrollo propio y al territorio como espacio que sustenta cosmovisiones que conforman la pluriculturalidad de nuestro país.

Finalmente, y ante este contexto abrumador, esperamos que este lunes 23 el Relator sobre la situación de defensores de derechos humanos de la ONU -en las conclusiones preliminares de su visita a México- recoja en sus recomendaciones al Estado mexicano las medidas y acciones necesarias para prevenir y proteger la labor de defensa de derechos humanos, así como el sentir de las defensoras y los defensores; un sentir indignado por las vidas que han costado el defender el medio ambiente y el territorio en este país.