Este lunes 5 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó, en Cancún, Quintana Roo, el Decreto de Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, además de la declaratoria de otras tres reservas que, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, serán protegidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente (PROFEPA).

Consciente de los tiempos y de lo conveniente de esta primera declaratoria, un poco más tarde, inauguró la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP13).

En esta conferencia, 196 delegados de diferentes países intercambian experiencias para proteger e impulsar la biodiversidad de sus países, además de que buscan llegar a acuerdos trasnacionales para enfrentar crímenes como el tráfico de animales y el impacto de segunda mano (cuando las acciones de un país afectan el ecosistema compartido con otro).

Locuaz como siempre, Peña Nieto, en su discurso de inauguración de la COP13, declaró que “o cambiamos la forma de vida para detener la pérdida de biodiversidad, o esta pérdida va a cambiar para siempre nuestra vida".

Sin duda, el declarar áreas protegidas poco antes de su presentación demuestra el compromiso de todo su gobierno por defender el medio ambiente… Sin embargo, las acciones y omisiones que el gobierno federal cometiera a lo largo (tan solo) de este año dejan un poco mal parado a un presidente que quizá no haya hecho todo lo que está en su poder para que no “[cambie] para siempre nuestra vida”.

Desde comienzos del año, el caso del manglar de Tajamar fue un botón de muestra de las políticas ambientales del gobierno de Enrique Peña Nieto: a pesar de la constante oposición de activistas, organismos internacionales y toda la comunidad científica, en cuestión de horas y con el respaldo del gobierno del también priísta Roberto Borge, fue destruido una de las pocas reservas naturales que quedaban en la zona turística de Cancún, la misma ciudad donde, hoy, discuten representantes del mundo entero cómo frenar impactos ambientales como el provocado por el compañero de partido del presidente.

El mismo hotel donde se ha organizado la Conferencia en 2010 y ahora, en 2016, ha sido acusado de romper varias reglas ambientales (a veces, incluso, para la COP misma), como ha reportado Excélsior.

Otro compañero de partido que ha sido acusado este año de dañar el ecosistema en la península de Yucatán, en este caso la Isla Alacranes frente a Puerto Progreso, Yucatán, fue el senador Emilio Gamboa Patrón, al aterrizar un helicóptero sobre una playa de arrecife de coral. Su defensa: que él no decidió dónde aterrizar, pero que iba a promover que la PROFEPA hiciera todas las investigaciones necesarias para “deslindar responsabilidades”.

No sólo en la península de Yucatán, en el Estado de México, tierra natal del presidente, han habido muestras que contradicen las declaraciones de Peña Nieto, como cuando, en 2013, cambió el estatuto de “Parque Nacional” al Bosque del Nevado de Toluca, con lo que facilitaba la explotación de bosques, acuíferos e, incluso, minas, en una reserva federal declarada como tal en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas, no sólo por su valor ecológico, sino plenamente estratégico: sus mantos acuíferos proveen aún de agua al Valle de México.

El compromiso del presidente Peña Nieto puede lucir muy bien en discursos para conferencias internacionales y declaratorias fastuosas en hoteles con una historia conflictiva (por decir lo menos) en cuestión ambiental, pero no se ha distinguido porque esas mismas declaraciones lleguen a término: que las reservas de la biósfera se respeten, que parques nacionales no se privaticen, que leyes federales sobre protección ambiental no sean rotas porque no se decidió dónde aterrizar, o que manglares completos no desaparezcan de la noche a la mañana.