Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.

La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.

“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.

Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.

Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.

Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.

En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.

“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.

De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.

“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.

Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.

Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.

“Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.

No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.

La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9  por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.

“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.

El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.

El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.

De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.

Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.

Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.

Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.

¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.

“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.

Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.