Cd. de México (11 mayo 2016)
Las 224 obligaciones de transparencia que ahora deberán atender los sujetos obligados en todo el País, podrían no garantizar un acceso efectivo a la información ante su exhaustividad y falta de pertinencia sobre lo que realmente es relevante, consideraron María Marván e Irene Levy.
Marván, quien fue presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ahora INAI), dijo que el propósito del acceso a la información es que los ciudadanos puedan acceder a los datos que tienen las dependencias, los que generan en cumplimiento de sus obligaciones, y no el generar catálogos específicos, que además resultaron excesivos.
Tanto la Ley General como la Federal de Transparencia, explicó la ex comisionada, contemplan la existencia de 48 obligaciones de transparencia genéricas, además de catálogos específicos que suman otras 176, lo que pondrá en un predicamento a las autoridades encargadas de cumplirlas, porque además se hará sin presupuesto específico para ello.
"La ley de 2015 y 2016 imponen la obligación de crear documentos y bases de datos y, perdónenme que lo diga de esta manera tan dura, que se ajusten a la imaginación de los legisladores, nunca se preguntaron cómo se trabaja la información que existía y decidieron poner obligaciones de transparencia como una lluvia de ideas", señaló.
Irene Levy, quien es presidenta de la asociación civil Observatel, dijo que la oferta excesiva de información no garantiza que los datos que realmente le interesan al ciudadano estén a su disposición y, por el contrario, puede dificultarle acceder a ellos.
"Pareciera ser que este nuevo paradigma de catálogos, lo que nos va llevar a tener una especie de indigestión de información y permítanme plantear esta paradoja que yo veo, nos va a limitar nuestro derecho fundamental a la información. "¿Cómo es esto? Va a mantener muy ocupados a los sujetos obligados y desde luego al INAI, en la creación de la información y presentación de la información de estos amplios catálogos en lugar de plantear información que realmente sea útil", dijo.
El comisionado del INAI Joel Salas reconoció que las obligaciones de transparencia son exhaustivas, sin embargo, dijo, muchas de éstas fueron demandas de la sociedad civil, por lo que ahora el reto es poder cumplir con ellas.
El INAI, añadió, ha venido trabajando en ello desde hace un año y todavía existe un plazo de seis meses para que las autoridades cumplan con estas obligaciones.