El coordinador Clemente Castañeda aseveró que la normatividad es evidentemente represiva, aunado a que viola los principios constitucionales de respeto a la libertad de pensamiento y libertad de expresión; y distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por el gobierno mexicano.
La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados expresó su rechazó a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, recientemente aprobada por el congreso local.
El coordinador Clemente Castañeda aseveró que la normatividad es evidentemente represiva, aunado a que viola los principios constitucionales de respeto a la libertad de pensamiento y libertad de expresión; y distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por el gobierno mexicano.
Por lo anterior, subrayó que su bancada en San Lázaro, ?sin importar el origen ni la postura de los diputados de los partidos que aprobaron esta ley regresiva, recurrirá a los recursos jurídicos y acciones que sean necesarios para lograr la inconstitucionalidad de esta ley.
Los diputados ciudadanos federales jamás apoyaremos iniciativas de esta naturaleza". Castañeda Hoeflich convocó a ?hacer frente? a la llamada ?Ley Atenco?, debido a que faculta a los cuerpos policíacos estatales y municipales, para actuar contra manifestantes, si consideran que sus protestas son ?ilegales?.
Incluso autoriza el uso de ?armas letales? si se trata de evitar un delito ?particularmente grave?, que amenace la vida, o bien, para detener a personas que representen algún peligro y se resistan a la acción de la autoridad, abundó.
El congresista expresó sus sospechas respecto a que la propuesta del gobernador Eruviel Ávila avanzó en el Congreso del Estado de México, con el propósito de inhibir o en su caso, reprimir las protestas de grupos sociales que se oponen al despojo de sus propiedades, debido a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Insistió en que la ley referida viola la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el cual establece que los individuos tienen derecho a la libertad y seguridad personal; aunado a que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria.
Manifestó que las nuevas disposiciones en materia de seguridad en el territorio mexiquenses son ambiguas y dejan al criterio de los policías municipales y estatales, la decisión respecto a la legalidad o ilegalidad de las protestas que de ser consideradas ?ilegales?, podrían ser disueltas con el uso de la fuerza.