El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió que se aplace la discusión sobre la ley de seguridad interior, para que haya un debate amplio.

Yo pediría que se aplazara, al tiempo que todas las voces puedan ser escuchadas. Que la precipitación no nos haga incurrir en una legislación que no sea la apropiada. Más vale la prudencia, pero una buena legislación que determine cuál es el rol y participación de cada institución.

Ante las versiones de que habría un albazo en la Cámara de Diputados, insistió en que debe analizarse la interacción del Ejército con la población civil en temas de seguridad, que ninguna regulación debe transgredir competencias y, sobre todo, privilegiar el respeto a los derechos humanos.

Ninguna regulación debe facilitar que haya torturas, desapariciones o detenciones arbitrarias, comentó.

Entrevistado en el Instituto Nacional Electoral, donde firmó un convenio en materia de educación cívica, reiteró que cualquier presencia de las fuerzas armadas en las calles tiene que ser transitoria: no pidieron estar ahí, como han reconocido. No están preparadas para realizar tareas de seguridad; la necesidad hizo que estuvieran presentes, explicó.

Aunque también consideró que sería ingenuo pensar que soldados y marinos deberán retirarse hoy de estas labores policiacas, porque los problemas de seguridad están vigentes y existe el derecho a la seguridad.

Sin embargo, dijo, debe establecerse un plan de retorno verificable, porque no pueden sustituirse las competencias de otras autoridades, como es la persecución de los delitos que la Constitución prevé que le compete al Ministerio Público, a las policías Federal y estatales.

En otro tema, señaló no tener información sobre el operativo realizado en Nayarit ni los señalamientos del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que se masacró a jóvenes y menores de edad.