Por otra parte, en 2002 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Durante los sexenios de Fox y Calderón se desarrollaron programas y comisiones a favor de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En 2019 se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una instancia de la Fiscalía General de la República especializada en delitos de corrupción por parte de servidores públicos; y en 2004 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya función es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de la delincuencia organizada mediante mecanismos de detección y prevención de operaciones u omisiones que involucren recursos de procedencia ilícita. En la segunda vía, el trabajo legislativo; elaboró no solo las leyes para la creación de los entes antes mencionados, sino también las encaminadas a robustecerlas con diversas modificaciones a las mismas. Como ejemplo de ello, actualmente el Poder Legislativo tiene en marcha diversas iniciativas para resolver los vacíos legales que permitieron la realización de la Estafa Maestra, así como otras que seguro abonarán a acotar la ruta de la corrupción.

 

La tercera vía; los acuerdos internacionales que ha suscrito México en materia de combate a la corrupción, ya que esta puede trascender fácil y rápidamente al plano internacional, lo cual hace necesario establecer estrategias en este ámbito que permitan acotar los movimientos de la corrupción por la movilidad que tiene a través de las fronteras. Entre dichos acuerdos figuran la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, y la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE.

 

Todo esto es relevante; pero en un país donde la dinámica contra la corrupción aún está en consolidación, hace falta también visualizar dónde nos encontramos, así como buenos hábitos enfocados más hacia las personas que hacia las entidades; como señala Bilbeny (1), “hacen falta medidas correctivas y preventivas. Entre las primeras creo la más importante es aplicar la ley con rapidez y sin excepción, evitando la impunidad… En cuanto a las medidas preventivas, la mejor creo que está en la formación de los funcionarios públicos y de los militantes y cuadros de los partidos, donde la ética pública y profesional ha de ser expuesta y valorada en todos sus aspectos” (pag.34). El servicio público requiere mejores hábitos en su personal, en parte porque tendríamos a los mejores en ese servicio; una combinación de conocimiento y experiencia es mejor garantía que la improvisación. Desde la militancia partidista tenemos también la responsabilidad no sólo de representar a la ciudadanía, sino también de hacerlo con la mejor preparación posible; si bien el conocimiento y pragmatismo político nos pueden dar herramientas, éstas finalmente no pueden traducirse en conocimientos especializados en el servicio público, que cada día reclama una mejor y nueva realidad de la administración pública. 

 

De la misma forma, es necesario también extender mejores hábitos en la lucha contra la corrupción en el sector privado, donde se han señalado a corruptores. Cuando se dan permisos para edificar 18 niveles donde los coeficientes solo dan para 4, hay gasolineras instaladas en lugares prohibidos, o licitaciones que dejan más dudas que certezas, es necesario que no sólo el gobierno cumpla con la ley, sino también el entorno de este Fortalecer la educación y la preparación es otra arista que en paralelo con las vías señaladas sentará las bases contra la corrupción. Bilbany (2014:36) menciona que tenemos una cultura de la excusa: “todos lo hacen; yo no voy hacer menos; solo es un poco, no pasa nada; no quise hacerlo…”; en este sentido el autor menciona que se necesita que “al menos dos generaciones seguidas se hayan educado en la integridad personal y profesional”. ¿Puede parecer mucho? De todos depende que sea menos.