La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, aprobó un dictamen que obliga a los concesionarios de telefonía móvil a respetar los montos de los contratos que firman los usuarios y que sean ellos quienes autoricen precios adicionales, más no las empresas.

Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecen que para servicios móviles de prepago y a solicitud expresa del cliente en cualquiera de las modalidades de su prestación, se deber fijar el límite máximo de consumo, con el fin de evitar un recargo por uso excesivo de los servicios originalmente contratados.

Además de que los contratos de adhesión deberán ser claros y sencillos.

También determina que en cualquiera de las modalidades de prestación, los saldos remanentes de los servicios incluidos en el plan tarifario, así como los complementarios y disponibles contratados de manera expresa que no hayan sido consumidos en su totalidad, sean reintegrados a los clientes en el mes siguiente de su facturación.

Lo anterior, siempre y cuando técnicamente sea posible y lo determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en los lineamientos citados.

La presidenta del órgano legislativo, Marcela González Salas y Petricioli (PRI), solicitó a los concesionarios satisfacer lo establecido en el convenio, pues en caso de no hacerlo, el cliente podrá “invalidar el contrato sin sanción alguna, siempre y cuando cubra los costos pendientes”, agregó.

Afirmó que la modificación tiene como propósito la defensa del consumidor, ya que además de los contratos de adhesión, los permisionarios no cuentan con parámetros e índices de calidad acordes con la nueva tecnología e infraestructura gestada en la reforma de telecomunicaciones.

González Salas destacó que los usuarios sufren de abusos por parte de los concesionarios, ya que “una vez que contratan un plan por un monto de 800 pesos les llegan cargos de hasta 2000 o 2500 pesos”.

Aseguró que los lineamientos que siguen las compañías de telefonía móvil datan del 2012, fecha en la que todavía no operaba la Ley federal en la materia, por lo que el dictamen permitirá a la Profeco realizar las modificaciones correspondientes a los contratos en mejora de la calidad del servicio que se presta a los clientes y/o usuarios.

El texto resalta que el usuario también podrá solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal de manera inmediata, debiéndose realizar por medios electrónicos, siempre y cuando las funcionalidades técnicas del equipo lo permitan, sin necesidad de que acuda a los Centros de Atención a Clientes del concesionario o autorizado.

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), verificará cada 18 meses, si existen condiciones que deban tomar en cuenta los concesionarios o autorizados en los contratos de adhesión a usuarios de telefonía móvil, conforme a los lineamientos e índices de calidad que emita el IFT.

La propuesta del diputado Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano), resalta que de acuerdo con datos de la Profeco actualmente el sector de telecomunicaciones tiene un acumulado de 11 mil 480 quejas, ocupando el primer lugar la telefonía móvil con 55% del total, siendo las más destacadas las relacionadas con cobros no reconocidos, fallas en el servicio o prestar un servicio deficiente.

En el primer semestre de 2017, la Profeco recibió un promedio de 101 quejas diarias, es decir, aproximadamente 4 por hora, relacionadas con inconformidades por deficiencias en el servicio de telefonía.