Pese a los índices de agresiones en contra de las mujeres, el Congreso de la Unión deja pendientes o rechaza iniciativas en favor de los derechos de este sector
De 2012 a la fecha el Congreso de la Unión tiene alrededor de 90 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo sobre la violencia contra la mujer o de género; menos de la mitad (10%) han sido aprobadas, el resto tienen estatus de pendientes o fueron desechadas.

Durante los últimos años la violencia de género en México va en aumento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete mujeres son asesinadas en el país por agresiones machistas; sin embargo, el Congreso de la Unión no ha atendido en su mayoría las iniciativas de los diversos grupos parlamentarios que buscan tipificar los ataques físicos, verbales, sexuales o económicos contra este sector de la sociedad.
El pasado 24 de abril, bajo el lema #VivasnosQueremos, mujeres marcharon en la Ciudad de México y en otras urbes del país contra la violencia de género, acción que se replicó en diversos estados de la República, como: Veracruz, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Guadalajara y Coahuila, todas ellas con el objetivo de exigir más seguridad a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En 2014, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reveló que 5.4% de las mujeres en México mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, emocional o económica. De las 74 iniciativas para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 15 se encuentran en el Senado y 59 en la Cámara de Diputados, sólo una ha sido avalada; de los ocho puntos de acuerdo, cinco de éstos fueron aprobados, el resto están sin resolver.
Entre los pendientes se encuentran el punto de acuerdo presentado por la diputada Maricela Contreras (PRD), que exhorta a todos los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas en contra del acoso callejero, las cuales incluyan campañas de difusión para prevenirlo y contribuya a la transformación de las relaciones sociales entre hombres y mujeres.
El documento señala que el acoso callejero es un problema que en la actualidad se minimiza, aun cuando cada día vaya en escala, puesto que, de acuerdo con datos del Inegi, 72% de mujeres que viven en la Ciudad de México denuncian haber sufrido algún tipo de violencia sexual; 78 de cada 100 mujeres entre 20 y 29 años aseguran haberlo padecido. Alternativa para víctimas.
Otras de las propuestas son las relacionadas con promover la alternativa de vivienda provisional para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, así como para sus hijos. La última propuesta de este tipo fue presentada por la diputada Mirza Flores (Movimiento Ciudadano), la cual pretende modificar el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de precisar que los tres órdenes de gobierno serán responsables de promover dicha alternativa, así como de favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios temporales para éstas.
En cuanto al tema de feminicidios, hay presentadas 10 iniciativas y puntos de acuerdo, tres no han sido resueltas, cuatro aprobadas y tres desechadas. En la congeladora está la presentada por la diputada Ximena Tamariz (PAN), que exhorta al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para que a través de la PGJ y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se implementen acciones para enfrentar y abatir la violencia de género; así como a tomar medidas para activar refugios de mujeres por parte del gobierno estatal.
Convoca al Ejecutivo federal para que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declare Alerta de Violencia de Género para Nuevo León. La propuesta elaborada por la diputada Érika Rodríguez Hernández (PRI), tiene por objeto reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a fin de establecer elementos encaminados a tipificar, prevenir y sancionar la violencia feminicida.
De ahí que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá diseñar e implementar planes de acción para prevenir todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como dictar los lineamientos, desde la perspectiva de derechos humanos y género, para que los gobiernos estatales formulen e implementen los Protocolos de Actuación en materia de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.
Asimismo, ?propone definir el feminicidio como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, que infringen su seguridad y ponen en riesgo su vida y que pueden conllevar impunidad social y del estado, cuando exista tentativa y/o culminación en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres?, detalla la propuesta.