Cd. de México (13 julio 2016)
En los últimos tres años, las comunidades mayas cuya principal actividad económica es la apicultura han sido impactadas por la siembra ilegal en su territorio de 21 mil 341 hectáreas de soya transgénica, acusaron organizaciones.
A pesar de que la Suprema Corte suspendió el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa Monsanto para sembrar 253 mil hectáreas de soya genéticamente modificada hasta que se consulte a las comunidades, María Colín, integrante de la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya, denunció que en el Estado de Campeche persisten las siembras ilegales de este cultivo.
"Las hectáreas de soya genéticamente modificadas que fueron sembradas en 2013 son 7 mil 168, en 2014 fueron 5 mil 583 y en 2015 fueron 8 mil 590 hectáreas. Son siembras ilegales porque la empresa Monsanto no tiene permiso para sembrar en Campeche", apuntó en la conferencia de prensa para denunciar las violaciones a la consulta indígena maya.
Tales siembras, indicó, han derivado en afectaciones a las comunidades mayas dedicadas a la apicultura, actividad de la que dependen directamente 25 mil familias. Entre las afectaciones que se tienen registradas está la muerte masiva de abejas debido al uso de fertilizantes, la deforestación de selvas y bosques, y el riesgo de perder presencia en el mercado europeo que les demanda el abasto de miel libre de transgénicos.
Acorde a la sentencia de la SCJN, las comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo en Campeche, fueron convocadas por la Sagarpa, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI) para participar en el proceso de consulta.
Las organizaciones integrantes de la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya reprobaron la actuación de las autoridades al señalar que no garantizan condiciones de seguridad para las comunidades y permiten la entrada a la consulta de grupos simpatizantes de la empresa Monsanto.
"Durante la sesión de Hopelchén, la sede del encuentro estaba ocupada por 100 agricultores y productores favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que impidió el acceso a representantes de la mayoría de las comunidades que debían ser consultadas", denunció Edmundo del Pozo, también integrante de la Misión de Observación.
Por lo anterior, las organizaciones llamaron a las autoridades a conducirse con pleno apego a los principios de buena fe, consulta libre e informada y culturalmente adecuada, establecidos por la SCJN y en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas.