Al menos 2 mil menores de edad han muerto en México desde 2006 en la lucha contra el narcotráfico, un baño de sangre que ha salpicado el país en trágicos sucesos que los familiares no olvidan, y que temen pueda agudizarse de aprobarse una ley sobre el papel de los militares en las calles.

“Las tasas de homicidio se han incrementado de manera impresionante, particularmente en niños, niñas y adolescentes. En el segmento de 15 a 17 años de edad se tienen 30 por ciento más de posibilidades de ser asesinados que siendo adultos”, denuncia a Efe el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.

En el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico del mandatario Felipe Calderón (2006-2012), marinos y soldados salieron a las calles, en una polémica decisión que el Presidente Enrique Peña Nieto no cambió y ha dejado espeluznantes cifras: unos 28 mil desaparecidos y más de 170 mil muertos hasta 2016.

En este contexto, los menores de edad han visto cómo la estela de muerte los persigue, y cada vez de manera más cruel.

Y el número de víctimas puede ser mayor, pues el recuento de 2 mil muertes asociadas a la lucha contra el crimen organizado es fruto de una documentación en base a recortes de periódicos, averiguaciones previas o testimonios.

El trabajo ha permitido localizar geográficamente las zonas más mortíferas para los jóvenes, pero también revela la falta de información oficial existente, remarca Pérez.

Los jóvenes son atacados por tres principales razones. Por ser hijo de alguna persona vinculada a una confrontación -ya sea integrante de un cártel o de un agente de seguridad-, por su propia implicación en el crimen organizado o al ser secuestrados por narcotraficantes a fin de causar terror en una zona, explica.

Según el experto, en los primeros años los menores eran principalmente víctimas en “cruces de disparos” en enfrentamientos.

Fue hacia 2011 cuando se empezaron a registrar ataques directos a niños. “No solamente eran homicidios con arma de fuego, sino que muchos de estos cuerpos habían sido víctimas de tortura o algún otro tipo de mutilaciones”, apunta el titular de la Redim.

Solo algunos casos han trascendido a la ciudadanía y ponen de manifiesto lo injusto que resulta la pérdida de vidas tan jóvenes.

Es el caso de Martín y Brayan Almanza, de 9 y 5 años, fallecidos en un tiroteo del Ejército al vehículo en el que viajaban, un suceso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó como “un atentado al derecho a la vida” tras una investigación propia.

Los militares maquillaron el suceso, alegando que se trató de un choque con criminales que, accidentalmente, terminó con la vida de los dos niños y con varios de sus familiares heridos.

“A nosotros nos tocó la tragedia”, dice a Efe la madre de los niños, Cintia Salazar, casi siete años después de ese fatídico 3 de abril de 2010, cuando iba de Nuevo Laredo a la playa de Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Como si fuera ayer, recuerda que pasaron un retén militar y Martín hizo adiós con la mano a los militares, quienes segundos después empezaron a dispararles.

El mayor falleció en el vehículo y Brayan en sus brazos, cuando huían del tiroteo. “Fue la misma bala que a mí me rozó el brazo”, rememora.

El suceso traumatizó a su familia y, aunque fue indemnizada, vive con impotencia la inoperancia de la Fiscalía general y que a día de hoy ningún militar haya sido condenado por el suceso.

“No ha habido justicia, todo sigue igual”, agrega la mujer, madre de cinco hijos, que teme que quienes le hicieron esto a su familia sigan matando.

Salazar es uno de los familiares que critica abiertamente a los militares y la Ley de Seguridad Interior, que se debate actualmente en el Legislativo con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas y busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas en su combate al narcotráfico.

“El Ejército no tiene respeto ni verdad, porque en vez de hacer su trabajo bien, salen a hacer de las suyas”, dice al ser cuestionada por una ley que considera “innecesaria”.

Pérez recuerda que dicha ley es contraria “a recomendaciones internacionales” y no reconoce la crisis de derechos humanos que vive el país, detonada por “la fragilidad institucional” y creciente desde finales de 2006, año en el que salieron las tropas a la calle.

A pesar de los comentarios negativos de familiares y expertos, una reciente encuesta de Parametría reveló que el 60 por ciento de los consultados prefería al Ejército en las calles, más de tres veces el porcentaje de quienes se inclinaron por la Policía (18 por ciento).