Año y medio después de deplorar el “uso generalizado de la tortura” en México y de observar que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país reflejan un subregistro y son inexactos, contradictorios e incompletos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a las autoridades estatales a “adoptar todas las medidas necesarias” para la aplicación de la nueva Ley General en materia de tortura.

En un boletín, el organismo interamericano consideró que la entrada en vigor de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México -promulgada el pasado 26 de junio- marca un “antes y un después” para la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas.


La CIDH urgió a las instancias gubernamentales federales y estatales invertir los “recursos financieros necesarios” para su aplicación e implementación “integral y en todo el país”.

El tema de la tortura en el país ha motivado varios encuentros ríspidos entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. En marzo de 2015, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descalificó a Juan Méndez, el exrelator de la ONU quien había señalado en un informe que la práctica de la tortura era “generalizada” en el país.

Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, calificó entonces a Méndez como “no profesional y poco ético”, y el funcionario de la ONU denunció que recibió presiones para eliminar de su informe la palabra “generalizada”.