La diputada María Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano) demandó modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de aumentar hasta 20 años la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo al servidor público que cometa extorsión.

Además, planteó incrementar la pena —de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa— a quienes extorsionen a grupos vulnerables, como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores.

Explicó que en el ámbito jurídico, la extorsión consiste en obligar a una persona, a través de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

“En diferentes ciudades de nuestro país se comete el delito de extorsión, mismo que se ha extendido significativamente, afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año”, aseguró.

Precisó que, según el reporte trimestral de la asociación civil Semáforo Delictivo, la extorsión aumentó 30%, en relación con 2016, y el Estado de México encabeza los casos con 250; seguido de Nuevo León con 172; Jalisco, 159; Veracruz, 133, y Ciudad de México, 121.

De igual forma, dijo, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en la Ciudad de México estima que los negocios más vulnerables ante este delito son los pequeños y medianos, debido a la facilidad con la que son emprendidos.