Sinaloa se convertirá en la séptima entidad donde se decrete la Alerta de Violencia de Género en México y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que más que un mecanismo de “sanción o de satanización” a un estado o gobierno debe servir para establecer medidas de “urgencia” para hacerle frente a esa situación.

La violencia contra las niñas y las mujeres cobra seis víctimas al día, un promedio de 2 mil mujeres al año, informa Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto.

Pero las cifras no son claras en México, en el Día Internacional de la Mujer, otra estadística refiere que son cinco las mujeres que en promedio pierden la vida a diario y mil 848 homicidios en promedio al año, según el estudio Asesinato de mujeres en México, del Instituto Belisario Domínguez, que contabiliza 28 mil 175 mujeres asesinadas en los últimos 16 años.

Con la declaración de alerta, Sinaloa se sumará al Estado de México, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Chiapas y Veracruz; sin embargo, más allá de “estigmatizar” a estos lugares y de percibir que han sido “castigados”, debe considerarse que cuentan con la oportunidad de disminuir la violencia contra las mujeres en su territorio y de garantizarles acceso a la justicia.

Hasta el momento son 13 los estados en los que se inició un procedimiento para concentrar información que lleve a decretar la Alerta de Violencia de Género. Hasta ahora no se ha emitido un posicionamiento oficial que defina si se decreta o no la alerta. En seis está decretada, en Sinaloa está próximo a decretarse y en dos más se ha considerado que no necesaria (Guanajuato y Baja California). En las otras 10 entidades no hay ni proceso que lleve a establecer la alerta ni se ha decretado ese mecanismo.

“No se ha entendido plenamente la alerta, creen [los gobiernos] que es un mecanismo de sanción o de satanización, un tache al estado, creo que ayuda mucho decir que éste no es un mecanismo para sancionar, ni para ahuyentar el turismo, ni las inversiones extranjeras. La alerta tampoco sirve para ponerle tache a los gobiernos, sino que tiene un propósito muy claro que define la ley y es implementar medidas de urgencia para hacer frente a una situación de violencia en un territorio determinado”, subraya Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.

El Informe del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (conformado por Inmujeres, CNDH y Conavim) señala que en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, de Sinaloa, la violencia contra las mujeres está arraigada en la sociedad local “como un fenómeno naturalizado y, por ende, hasta cierto punto, invisibilizado”.

El estudio del Senado de la República asegura: “La violencia contra las mujeres es considerada como un problema social y político de importantes magnitudes y graves consecuencias que se extiende a distintas regiones, culturas y países”.

Agrega: “En nuestra cultura la violencia hacia la mujer se ha justificado de diversas formas y autoriza al varón para que pueda ejercer cualquier tipo de violencia para ‘corregir’ a las mujeres que se apartan, desafían o transgreden las normas y los roles esperados de madre, esposa y ama de casa”. Elaborado por Irma del Rosario Kánter Coronel, el documento del instituto señala que entre 2000 y 2015, 28 mil 175 mujeres y niñas fueron asesinadas en México.

Entre 2007 y 2012 la violencia homicida creció 155%, al pasar de mil 83 víctimas a 2 mil 764.

Del total, 56 de cada 100 eran jóvenes o en edad productiva, entre 15 y 39 años; 23 más tenían entre 40 y 64 años; nueve eran niñas menores de 14 años y ocho superaban los 65.

Casi la mitad de las mujeres asesinadas en el país no realizaban ninguna actividad económica y 34.8% eran económicamente activas y el resto no se especificó.

Por condición, 43% estaba casada o vivía en unión libre, 36.2% eran solteras, 7.1% eran viudas y 3.8% dijo estar separada o divorciada.

Una tercera parte de ellas perdieron la vida en la vía pública, una proporción semejante en su casa y el resto en la escuela, oficina, taller, centros comerciales, instalaciones deportivas, el rancho o la parcela. En el análisis focalizado a 575 casos el estudio refiere que 68% tenían una relación de parentesco con el agresor, es decir, fueron asesinadas por la pareja íntima o quienes estuvieron en sus relaciones familiares.

Con el aval del gobernador de la entidad, Quirino Ordaz, y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete, se planteó, el pasado 25 de febrero, que en un periodo máximo de 15 días la Secretaría de Gobernación emitiría la declaratoria para Sinaloa.

Ana Pamela Romero Guerra, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales e integrante de los grupos de seguimiento y evaluación de la alerta en el Estado de México y en Morelos, menciona que las declaratorias son una oportunidad para que los estados “se sienten a pensar realmente qué está pasando en su territorio y por qué las mujeres están desapareciendo, muriendo, por qué no tienen acceso a la justicia, por qué no pueden caminar seguras por las calles y que de verdad hagan lo que tengan que hacer, coordinándose a todos los niveles, los tres órdenes de gobierno y entre todas las instituciones”.

La académica insiste que la alerta es una llamada de atención, pero lo que busca no es castigar a las autoridades estatales y municipales, sino ofrecerles un apoyo “para ponernos a trabajar todas y todos juntos en el ámbito que nos corresponde”. Pablo Navarrete enfatiza que las mujeres mexicanas siguen enfrentando muchos problemas para acceder a la justicia y a los mecanismos de seguridad pública, por ello, lo que busca la alerta es permear las estructuras sociales que alimentan la discriminación y la violencia.

Grupo denuncia la indiferencia

En el caso del estado de Sinaloa, el grupo de trabajo que realizó el informe para solicitar la alerta subraya la indiferencia y la permisividad social de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres.

“Es decir, la sociedad tiene ideas preconcebidas y estereotipos que normalizan y justifican la desigualdad entre mujeres y hombres, y la violencia que se ejerce en contra de éstas”, indica. Por esa razón, el grupo estableció nueve conclusiones (o recomendaciones), las cuales son similares a las establecidas en las otras entidades. Las conclusiones recurrentes para todos los estados de la República es que deben garantizar el acceso de las mujeres a los mecanismos de justicia, capacitar a los servidores públicos en esta materia, mejorar los protocolos de investigación y las medidas de reparación del daño a las víctimas, crear un banco estatal de datos, tener suficiencia presupuestal, así como fortalecer el sistema estatal de violencia y las órdenes de protección.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, apunta que el reto hacia adelante es establecer métodos para medir los beneficios reales que tienen las acciones que incluye la alerta, puesto que hasta ahora la evaluación se basa únicamente en los indicadores de cumplimiento de las recomendaciones y no en los impactos directos que tienen en la seguridad de las mujeres.

Navarrete Gutiérrez asegura que la alerta no debe prestarse a la simulación, sobre todo si se considera el gran desafío que plantea: “Garantizarle la vida y la seguridad a más de la mitad de la población y revertir esas cifras de seis mujeres asesinadas al día en nuestro país, lo cual es vergonzoso e impresentable como sociedad”.