Familiares de desaparecidos, torturados, mujeres ultrajadas y ejecutados ‘‘por militares’’ exigieron ayer en el Senado que no se apruebe la ley de seguridad interior, la cual busca regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, porque ello significará ‘‘legalizar la impunidad’’.

Las voces de las víctimas coincidieron en un reclamo: ‘‘No pongan en riesgo a la población aprobando esa ley. Hoy sin ley hacen lo que quieren, imagínense si les dan permiso ¿qué no van a hacer?’’

Familiares y víctimas de Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas dieron cuenta de un sinfín de violaciones a derechos humanos.

Tita Radilla, cuyo padre Rosendo Radilla ‘‘cumplió ayer 103 años, y tiene 43 años, seis meses y cuatro días desaparecido de un retén militar de Atoyac, Guerrero, pidió: ‘‘No pongan en riesgo a la población aprobando esa ley’’.

Radilla aseveró que su padre fue vinculado a Lucio Cabañas y desaparecido ‘‘en una militarización de facto que dejó más de mil 200 desaparecidos, 400 de ellos sólo de Atoyac. Estos casos se encuentran en completa impunidad’’.

Tita, quien llevó el caso de su padre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el que la Corte Interamericana emitió la primera sentencia por desaparición forzada de personas en contra el Estado mexicano, sostuvo: ‘‘Una ley no resolverá los problemas de derechos humanos. La participación de militares en tareas que no les son propias pone en riesgo a la ciudadanía, como ya lo demostramos. Hoy los militares pretenden tener una ley que les faculte para seguir violando los derechos humanos, ahora de manera legal, perpetuando de esta manera la impunidad de que han gozado’’.

Claudia Medina, originaria de Veracruz, refirió: ‘‘Soy sobreviviente de tortura. En 2012 elementos de Marina se metieron a mi domicilio, me sacaron con violencia de mi casa junto con mi marido. Fuimos incomunicados 36 horas, nos torturaron y a mí me atacaron además sexualmente. Estuve 23 días presa y pasaron cuatro años para que pudiera demostrar mi inocencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación en contra de los marinos.

‘‘Yo estoy aquí realmente para pedirles a los senadores que valoren la nueva ley que se está por emitir. Es un riesgo lo que ellos quieren hacer para nosotros los ciudadanos.’’

Cinthia Salazar Castillo, madre de Martín y Brian, asesinados por militares en un retén de Matamoros, Tamaulipas, contó cómo el Ejército les disparó sin ninguna razón. ‘‘En un retén militar nos dispararon y los soldados mataron a dos de mis hijos, uno de cinco y otro de seis años; resultaron heridos mi esposo y dos de mis hijas. Felipe Calderón, entonces presidente, prometió que haría justicia. No la he visto. En la Procuraduría General de la República no investigan y no me dan información de la averiguación’’.

A su vez, Alicia Parral narró: ‘‘Hace siete años mi hijo fue ejecutado y desaparecido por elementos del Ejército. Los soldados le dispararon a quemarropa, alteraron la escena del crimen, ocultaron su identidad y lo enterraron en una fosa común. Las notas periodísticas al día siguiente dieron cuenta de que 100 militares mataron a decenas de personas. La CNDH emitió una recomendación, pero a la fecha no hay sancionados’’.

Por su parte, Margarita habló sobre la desaparición de su hija. ‘‘Estuvo dos años y cuatro meses desaparecida. Durante diez días, mientras estuvo detenida, fue violada por militares. Me di a la tarea de investigar y pude conocer que estaban implicados policías municipales y militares. Supe después, por un militar, que mi hija fue violada, que la torturaron y que la mataron. El soldado me dijo que ella suplicó que no la mataran, que rogó, pero le dijeron ‘aquí te vamos a enterrar’ y le cortaron la cabeza. Mi hija fue hallada en una fosa común a tres kilómetros de Etla, en Oaxaca. Pero en esa fosas había más cuerpos de hombres, mujeres y niños’’.