¿En dónde quedaron 256.000 millones de pesos, unos US$12.800 millones del presupuesto de gobiernos y del Congreso de México?

Es la pregunta que muchos se formulan en el país. Y hasta ahora no hay una respuesta clara sobre el destino de ese dinero fiscal.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encontró que entre 2011 y 2014 no se comprobó el destino de estos recursos.

Es dinero que se destinó al gasto del gobierno federal, de los estados, municipios, la Cámara de Diputados y el Senado, entre otros.

El periodo analizado por la ASF abarca sobre todo la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento el gobierno no ha respondido públicamente al reporte.

Según el organismo oficial, una parte de los fondos pudo ser contabilizada incorrectamente, otra no se gastó y en otros casos el problema pudo haber sido que no se entregó a tiempo la información.

Pero una cantidad desconocida tal vez se extravió por completo, dice el responsable de la ASF, Juan Manuel Portal Jiménez.

"Difícilmente se puede recuperar al 100%, son observaciones que en muchos casos no hay forma de recuperarlas", reconoce.

"Ya se lo llevaron, y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita ese dinero? Ojalá se pueda recuperar lo más posible".

Otra pérdida

Pero la situación puede ser aún más grave.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la ASF -cuyas indagaciones cuentas con respaldo legal- encontró que no se ha comprobado el destino de otros 165.000 millones de pesos, unos US$8.200 millones.

Este dinero forma parte del presupuesto tan sólo de ese año y que se destinó al gobierno federal, municipios y gobiernos estatales, entre otros sectores.

Destaca, por ejemplo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y un gasto de US$760 millones en comprar instalaciones inservibles, entre otras irregularidades detectadas por la ASF.

Legalmente las autoridades involucradas tienen un año para justificar el gasto de los recursos públicos.

Si no cumplen en ese plazo, empieza un nuevo procedimiento que, si de nuevo no se comprueba, la ASF informa a la Cámara de Diputados para que inicien procesos judiciales.

Pero más allá del trámite –que puede durar varios años- el problema es la repetición de las irregularidades, señalan especialistas.

Cada año la ASF revisa el gasto público del gobierno y, por lo menos en la última década, siempre ha presentado observaciones por irregularidades.

Muchas se corrigen, dice el auditor Portal Jiménez. Pero otras no son solucionadas y por eso la acumulación de US$12.800 durante cuatro años.

Impunidad

El problema es que casi nunca hay castigo, le dice a BBC Mundo Miguel Pulido, director de la consultora jurídica independiente Critical Thinking Advocates.

"Los hallazgos de la Auditoría sufren el mismo destino que muchos otros temas legales en México: no tienen consecuencias", explica.

"Pero no sólo pasa aquí. La Suprema Corte tiene una pila de sentencias que no se implementan, hay órdenes de aprehensión que no se ejecutan".

Es un problema serio, pues en la revisión de las cuentas públicas, la ASF encontró irregularidades en prácticamente todas las áreas del gobierno mexicano.

Y muchos son casos que se repiten, pues habían sido denunciados en años anteriores. Un ejemplo es la adjudicación directa de contratos de obras o servicios.

La ASF encontró decenas de casos en que hubiera resultado más barato o eficiente concursar los proyectos.

Lo más común es evadir las licitaciones, reconoce Manuel Portal.

"Si bien está permitido por la ley, se ha abusado en su uso, eso ha permitido desviaciones muy importantes de recursos", explica el funcionario.

"Frustración"

¿Qué pasó con ese dinero? Es un misterio, reconocen autoridades y especialistas.

"No sabemos cuáles fueron recursos torpemente justificados, por así decirlo, una cuestión de torpeza burocrática, o cuántos en realidad son desvíos", explica Pulido.

Sin embargo, lo más grave es que la ASF sólo realiza una muestra aleatoria de los gastos oficiales, que representa una parte del total de los recursos públicos.

Esto significa que, eventualmente, el extravío de dinero público puede ser aún mayor que lo reportado hasta 2015.

Los órganos de fiscalización similares a la Auditoría Superior de la Federación suelen revisar entre el 11% y el 17% de los recursos.

Una revisión en el tope de este proceso significaría que el organismo mexicano revisa menos del 20% del gasto público.

"Si el hallazgo de una quinta parte de lo fiscalizado es de este monto, qué pasaría si revisan el 100%", subraya el especialista.

Por eso, añade, es fundamental que las irregularidades se castiguen, aunque hasta ahora las denuncias judiciales son pocas en comparación con el monto del dinero que no aparece.

"La impunidad genera reclamos de mayor dureza", sostiene el responsable de la ASF.

"La percepción de que las sanciones no son oportunas o que no existen alimenta la frustración social".