El 4 de marzo de 2013, Peña Nieto asistió al primer evento de su gobierno relacionado con el sector agropecuario, en Culiacán, Sinaloa.

Ahí tuvo que escuchar del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Germán Escobar Manjarrez, que las cosas habían cambiado y que ese estado ya no era el granero generoso de México que fue.

El agricultor y político también del PRI –fuera del discurso que llevaba escrito- le pidió al primer mandatario que detuviera el acaparamiento de maíz que resultó del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y que para el campo empezó en 2008. Le hizo ver que por el acuerdo había una crisis.

Ante el Presidente, hizo cuentas. Que la semilla, el fertilizante y el diésel costaban el triple que hacía tres años. Y que además, las transnacionales amenazaban con traer maíz blanco de Sudáfrica.

Pero el Presidente no le contestó nada. Peña Nieto indicó que refrendaba el compromiso del gobierno federal para la modernización y tecnificación del campo sinaloense. Esa vez, cuando su Gobierno tenía apenas tres meses, el Presidente fijó su postura respecto al campo mexicano: el silencio. Después, el sector no volvió a ser tema de sus discursos ni de su agenda política. Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la discreción, en la del campo mexicano se instaló la omisión.

Para los ex presidentes priistas, el campo era el eje temático tanto de sus campañas como de sus Gobiernos. Por lo menos en la palabra, los campesinos eran personajes respetados y hasta inmaculados. Vicente Fox continuó con esa tradición, aunque Felipe Calderón, concentrado en el tema de la seguridad, la rompió.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) creó en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Luis Echeverrría Álvarez (1970-1976) promulgó en 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

José López Portillo (1976-1982) le pidió perdón a los campesinos durante su campaña electoral y en 1979, expidió la Ley de Fomento Agropecuario.

Miguel de la Madrid (1982-1988) reactivó el reparto agrario con la formación de la UNORCA.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria en 1992 y en 1994, ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

Ernesto Zedillo (1994-2000), dirigió en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a las familias rurales y en 1999, hizo desaparecer a la Conasupo dado que el cáncer de la corrupción la carcomía.

Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la alternancia política, lanzó la Financiera Rural, y;

Felipe Calderón (2006-2012), concentrado en la Guerra en contra del Narcotráfico, lo olvidó.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) no ha presentado nada.

El Presidente Peña Nieto sólo ha hecho anuncios como el de noviembre de 2013, durante la entrega del Premio Nacional Agroalimentario, cuando dijo que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para “una gran reforma” que modificaría el rostro del agro. O ha lanzado frases triunfalistas como las de los congresos extraordinarios de la Confederación Nacional Campesina (CNC) a los que ha asistido cada año. “Sigamos trabajando unidos, sigamos trabajando de la mano, hombro con hombro, mirando hacia delante en ese México de esperanza que se va abriendo ante los ojos de todas y de todos”, fue la de agosto de 2016.

El tiempo corre en contra. Porque en cada declaración y tweet, Donald John Trump lo que muestra es prisa. Y aunque tomará meses conseguir nuevos acuerdos o ponerle fin al TLCAN, al campo mexicano le llegó otra vez otra vuelta del destino y la encarará sin la reforma ofrecida por el Presidente.

EL GRAN PERDEDOR ANTE SU NUEVA OPORTUNIDAD

Antes del TLCAN, México importaba 19 por ciento de alimentos y hoy, la dependencia es de poco más de 50 por ciento, según datos de José Luis Calva Téllez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoce el déficit de la balanza en este sector de cuatro mil 792 millones de dólares, en promedio en la última década.

Ante el paisaje, el Gobierno federal respondió con austeridad. De 2014 a 2016, recortó 37.4 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC) debido a las medidas de austeridad anunciadas por la Secretaría de Hacienda en esos dos años. Este 2017, el PEC tiene 304 mil 751.1 millones de pesos, lo cual es 48 mil 91 mil millones de pesos de lo ejercido en 2016. Es una cifra similar en términos reales a la ejercida en 2009, según el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La estrategia gubernamental de disminuir el presupuesto ocasionó un aumento de importaciones de granos básicos como maíz, sorgo, trigo, soya, arroz y hasta frijol, según una revisión de esta Unidad de Datos.

Si ante la negociación del TLCAN lo que falta es productividad en el campo, la organización “Iniciativa Valor al Campesino” expone que ese presupuesto es insuficiente. Un cálculo de esta Organización no Gubernamental arroja que seis de cada 10 pesos invertidos corresponden a rubros sociales y 3.6 se aplican en apoyo a la producción; es decir, para infraestructura, competitividad, materia financiera y medio ambiente.

Para Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF), el campo representa uno de los sectores que deben ser revisados en la oportunidad que abre la probable negociación del TLCAN porque fue ahí donde no se vio una integración a los procesos de la globalización.

Hay que decir que en 2015, por primera vez, la balanza comercial del sector agroalimentario presentó un superávit de mil 289 millones de dólares. Si bien llegó el auge, los campesinos continuaron en una situación de pobreza, sin soberanía alimentaria y con dependencia de Estados Unidos.

En los años del TLCAN, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), desaparecieron 391 mil unidades de producción porcícola y 322 mil ganaderas, afectadas por las importaciones y el aumento en los costos de producción.

Incluso la Confederación Nacional Campesina -una organización de la entraña del Partido Revolucionario Institucional- reconoce en el estudio “Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo” que desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994, unos 2.3 millones de campesinos dejaron sus tierras para emigrar a Estados Unidos o las ciudades en el mismo país. La misma organización sostiene que otros cinco millones de productores eligieron dedicarse a otras actividades.

Lo que plantea la organización priista, bastión de poderío por los votos que representa el campo, no es lejano al panorama que tiene José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico quien indica que el agro ha sido “un sector perdedor por el TLCAN y la evidencia de ello es que México se estancó en la producción per cápita de los 15 principales cultivos y productos, como maíz blanco, frijol, trigo, tomate, arroz, huevo, leche, y otros”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la dependencia alimentaria de México se puede atribuir tanto al declive del apoyo al sector primario por parte del Gobierno como a las políticas de liberalización del comercio que entraron en vigencia tras el Tratado.

“El resultado combinado de la disminución del apoyo gubernamental y de la estrategia de liberalización del comercio dirigida por el TLCAN, ha sido una brecha en constante crecimiento entre la producción nacional de alimentos y la demanda”, se lee en el documento “Mexico: food price increases and growth constraints” de Moritz Cruz, Armando Sánchez y Edmund Amann.

NO SÓLO ES CONTAR GRANOS

El politólogo Eduardo Huchim May, especialista en sistema electoral, describe que el campo mexicano frente al TLCAN no sólo debe ser visto desde los análisis económicos; sino políticos. Y de corrupción. El especialista expone que la pobreza rural tiene un vínculo cada vez más fortificado con las elecciones y por ello, se ha convertido en “víctima propiciatoria” de los actos más funestos de corrupción. “Con sus habitantes se integran los padrones de pobres y personas en miseria. Estos individuos siempre han significado votos. Así que es un problema histórico, circular y que la coyuntura obliga a revisar”.

En torno al campo mexicano han ocurrido las historias más marcadas de la corrupción nacional. En 2013, 53 funcionarios de Veracruz hicieron uso de los padrones de Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre para promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), delito que rompió el Pacto por México, la figura en la que el Presidente Enrique Peña Nieto utilizó para impulsar cinco reformas.

Y apenas cuatro años antes -2009- una investigación periodística de El Universal dio con que el Procampo –creado en 1994 para apoyar a los productores más pobres afectados por el TLCAN- le entregaba beneficios millonarios a funcionarios públicos, entre ellos, el mismo titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga y su familia. Además, en la lista de beneficiarios estaban ex funcionarios, poderosos agroindustriales y personajes relacionados con el crimen organizado.

Hay otro pasaje. De 1982 a 1994, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente, ocupó varios cargos de la Conasupo. Fue gerente general de Sistema de Distribuidoras Conasupo (Diconsa), director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal.

En 1994, fue descubierto en millonarias compras de semilla de maíz, frijol, arroz y leche con posibles residuos radioactivos del extranjero, lo que ayudó a quebrar la industria campesina nacional. Fue llevado a prisión por enriquecimiento ilícito pues poseía cuentas en Suiza y 54 propiedades, patrimonio que no coincidía con sus ingresos. En 1995 ingresó al penal de máxima seguridad, en ese tiempo llamado Almoloya de Juárez. Y en 2013, un juez lo absolvió.

SAGARPA Y SEDATU, LAS INSTANCIAS DEL CAMPO

El Gabinete agrario está integrado por dos instancias gubernamentales, la Sagarpa y la Sedatu. Los dos funcionarios que las ocupan, José Calzada Rovirosa y Rosario Robleas Berlanga tienen un denominador: son amigos cercanos de Enrique Peña Nieto, Presidente de México. Cada uno percibe al mes, 205 mil 122 pesos en salario bruto. El titular de la Agricultura es un hombre que no incluye en su declaración patrimonial su casa, pero sí un local de 778 metros cuadrados construidos. Por su parte, Robles Berlanga, de Desarrollo Territorial, declara que no desea hacer públicos sus bienes patrimoniales.

José Calzada Rovirosa, ex Gobernador de Querétaro y priista cercano al grupo de Atlacomulco, tiene un Doctorado en Economía y Administración por la Universidad de Querétaro. Llegó a la Sagarpa en agosto de 2015, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez.

Calzada Rovirosa ha dejado claro lo que piensa del matiz que se le pondría al TLCAN. Ahí están sus palabras de cuando compareció ante comisiones unidas de Agricultura y Sistema de Riego, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno en octubre de 2016. “La situación del campo mexicano es espectacular pues crece por encima de la media nacional, pero aún está muy lejos de su potencial”, dijo el Secretario frente a los diputados que criticaron la falta de productividad.

Luego, en noviembre, en el Foro Económico de Pesca y Acuacultura, el funcionario expresó que la eventual renegociación del TLCAN no dañará al campo mexicano porque la relación entre México y Estados Unidos es “muy madura”.

Rosario Robles, la otra Secretaria que tendrá que hacerle frente a la negociación del TLCAN, ocupa la silla principal de la Sedatu, después de haber conducido la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de abatir la pobreza. Su cartera, cuando fue Reforma Agraria, es una de las dependencias más agotada de la Administración federal. En 2009, el ex Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecerla con el argumento de que su objetivo de reparto agrario era anacrónico, pero la propuesta no prosperó. Durante el peñanietismo ha estado ocupada por tres Secretarios: Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y ella, Rosario Robles Berlanga.

La Sedatu recibió a Murillo Karam después de que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aterrizó en “una verdad histórica” endeble e inverosímil, derruida por las pesquisas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2015,Robles Berlanga lo sustituyó.

En estos días, tiene en cartera unos 500 conflictos de disputa de tierra, algunos con antigüedad de hasta un siglo. Ahí están incluidos los programas de Vivienda Digna, los de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, el de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, el de Vivienda Rural, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, el de Fomento al Desarrollo Agrario, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y el de Fomento a la Urbanización Rural.

Con todo, al campo mexicano lo han puesto de nuevo frente a otro destino, uno que de nuevo le marcará la historia.