Todo indica que el Congreso de la Unión aprobará en breve una nueva ley de seguridad interior. Con ella quedará regulado un mecanismo permanente de intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia. Esta norma representa la síntesis de una historia de veinte años de contracción de las autoridades civiles electas y de expansión de las fuerzas armadas en esas funciones públicas. Estamos ante la militarización acaso irreversible de las mismas. Es por tanto la expresión extrema del llamado desgobierno político de la seguridad (El Leviatán Azul. Saín, 2008).

Para entender cómo llegamos a esto presento las siguientes tesis a modo de diagnóstico mínimo detrás de esta iniciativa. La ley de seguridad interior se aprobará por los siguientes motivos:

• Porque los gobiernos electos en México enseñan una incompetencia crónica e histórica con respecto a su obligación de proteger a los gobernados de las amenazas y daños contra sus derechos, libertades y patrimonio. Es el desgobierno político de la seguridad.
• Porque ese desgobierno produce instituciones policiales y de procuración de justicia que funcionan al margen de estándares de desempeño profesionales, de la rendición de cuentas y del aprendizaje institucional.
• Ese desgobierno somete a dichas instituciones a la contaminación política de la lucha partidista por el poder, haciendo con ello imposible su maduración profesional.
• Por lo mismo, la policía y las procuradurías no cuentan con las herramientas de auto control y de control externo que les permitan resistir la corrupción y la complicidad con el crimen organizado.
• Porque la creación y operación durante dos décadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) anuló por sí misma la construcción del conocimiento necesario para construir políticas de seguridad basadas en evidencia, negándose desde el origen la propuesta de poner en operación el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública.
• Porque la contaminación política mencionada destruyó las posibilidades de que el SNSP funcione como un órgano de Estado, evidenciado lo anterior con el reemplazo en promedio cada 18 meses del secretario ejecutivo, sumando hasta la fecha 13 de ellos.
• Porque el desgobierno político ha desconectado las políticas de seguridad en México del conocimiento y el aprendizaje respecto a los casos de éxito, las buenas prácticas y las recomendaciones para construir comunidades seguras y no violentas, al punto de no encontrar, por ejemplo, experiencia nacional alguna de reducción de homicidios que haya sido sometida a evaluación de impacto, no obstante se trate de la oferta principal del actual Presidente de la República.
• Porque al apagar la luz del conocimiento se ha provocado un extravío de tal magnitud, que incluso asfixió la oportunidad de hacer de la prevención social del delito y la violencia una política de Estado que justamente tendiera puentes hacia lo más avanzado en el país y en el mundo. Aquí un ejemplo de lo más reciente publicado.
• Porque la ausencia en México de casos de éxito documentados, sostenidos, modernos, profesionales, democráticos y participativos de construcción de comunidades seguras y no violentas, combinada con la hegemonía de una cultura política autoritaria, crea el caldo de cultivo para reproducir de manera masiva la expectativa de que la protección llegará por la vía del uso de la fuerza.
• Porque esa expectativa sobre el uso de la fuerza pública no sabe ir acompañada por el control democrático, creándose así cheques en blanco que multiplican intervenciones que van desde la fuerza insuficiente hasta el brutal exceso convertido en patrón de violaciones graves contra los derechos humanos.
• Porque ante la incompetencia civil, la fuerza militar aparece como el recurso que remediará el desamparo, independientemente de que las recomendaciones internacionales de los sistemas universal e interamericano de los derechos humanos, el conocimiento teórico y la experiencia internacional recomienden la desmilitarización de las labores policiales.

La ley de seguridad interior es la versión mexicana de la mano dura. La misma mano dura que llevó al triángulo del norte de Centroamérica a tasas de homicidios inigualables en el mundo. Esa ley es hija del desgobierno político de la seguridad y su saldo histórico más pernicioso: la desesperación social que, lejos de traducirse en una acción colectiva a favor de la rendición de cuentas, entrega crecientemente otro cheque en blanco, el de la mano dura por la vía militar. Terrible.