El gobierno mexicano se niega a reconocer oficialmente el resultado de una investigación interna que halló que varios investigadores que participaron en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos violaron la ley en sus procedimientos, una conclusión que amenaza los cimientos legales del caso que ha perturbado al país.

El informe, que lleva el nombre de “Acuerdo de Conclusión” y que fue elaborado por la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República (PGR), encontró —entre otras cosas— que algunos sospechosos clave en el caso fueron arrestados y trasladados ilegalmente, lo cual pone en duda cualquier evidencia que se haya podido obtener de ellos.

La conducta de los investigadores, señala este documento, violó “el derecho a la verdad” y perjudicó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. La desaparición de los estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014, sigue siendo una herida abierta para México: una evidencia del fracaso del país a la hora de proteger a sus ciudadanos y de la impunidad dentro de un sistema de justicia penal corrupto.

Pero esta es la primera vez que la evidencia de las irregularidades y errores en el manejo del caso surge desde el interior de la Procuraduría General. La investigación interna se completó hace cuatro meses; se trataba de 177 páginas impresas y listas para entregarse a los padres de los estudiantes. Las familias llegaron expectantes a una reunión con el procurador general el 18 de agosto; llevaban imágenes de sus hijos desaparecidos.

Pero en la reunión, el entonces inspector general de la Dirección de Asuntos Internos, César Alejandro Chávez Flores, les dijo que el informe necesitaba validación institucional de sus superiores; se trataba, según dijo, de una simple formalidad. La validación no llegó nunca. En vez de eso, el informe aún “se encuentra en estudio”, señaló la PGR, que no ha dado indicios de cuándo se terminaría este proceso, si es que lo hará algún día.

Chávez Flores, autor del informe que se iba a entregar a los familiares, renunció de manera abrupta cuatro semanas después de esa reunión. Una copia de este documento, al que tuvo acceso The New York Times, da indicios de por qué fue relegado a un limbo burocrático: el documento describe una serie de graves irregularidades en la investigación, como el hecho de que el principal investigador del gobierno llevó a un sospechoso a identificar la supuesta escena del crimen sin un abogado defensor presente.

Esa visita jamás se registró en el expediente del caso, y el sitio se dejó sin vigilancia por la noche. La existencia de este informe interno, además de una auditoría más amplia sobre el caso que lleva adelante la Procuraduría General de la República, se conoció gracias a la revista Proceso y a la periodista de investigación Anabel Hernández en un libro sobre caso.

La decisión de no aprobar el informe y no entregárselo a las familias “fue una señal clara de que no había la voluntad política plena, no solo de PGR sino del gobierno federal”, para terminar la investigación interna, dijo Santiago Aguirre, representante legal de las familias y subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en Ciudad de México. “Nos confirmó que el inspector general intentó hacer un trabajo honesto y que no encontró las condiciones políticas e institucionales para poder llevar este trabajo hasta las últimas consecuencias”, señaló Aguirre.

La Procuraduría dijo que no podía “reconocer” las conclusiones y los efectos del informe porque “no cuenta con las formalidades jurídicas” requeridas. “Por lo tanto, resulta un documento jurídicamente inexistente”, escribió Natalia Briseño, una portavoz de la PGR, en un correo electrónico, y añadió que la investigación seguía en curso.

La posibilidad de que el informe sea suprimido es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación. “Estamos muy preocupados y perturbados por las acusaciones que se plantearon recientemente”, dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro.

Y añadió que el informe interno “evidentemente es un documento importante; esperamos y tenemos la esperanza de recibirlo”. Los estudiantes eran parte de un grupo de jóvenes que se preparaban para convertirse en profesores rurales en una Escuela Normal en Ayotzinapa, un pueblo del estado de Guerrero, en la costa del Pacífico. Habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 para tomar por la fuerza unos autobuses y viajar a Ciudad de México unos días después. Pero mientras los cinco autobuses salían de la ciudad la policía municipal los atacó y asesinó a tres estudiantes.

La policía también disparó contra un autobús que transportaba a jóvenes jugadores de fútbol y asesinó a tres personas más, porque al parecer confundieron el autobús. Durante una noche caótica, los estudiantes que viajaban en dos autobuses desaparecieron; fueron arrastrados por la policía y, según las autoridades mexicanas, entregados al cartel local Guerreros Unidos.

La versión oficial del gobierno se basa en una serie de confesiones por parte de presuntos sicarios narcotraficantes que dijeron haber asesinado a los estudiantes e incinerado sus cuerpos en una pira gigante en un basurero en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, según esta versión, colocaron sus cenizas en bolsas de plástico y las tiraron en el río San Juan. Solo los restos de un estudiante han sido identificados a partir de huesos carbonizados que se encontraron en la orilla del río.

Pero el informe interno del inspector general describe cómo seis sospechosos, detenidos en distintos lugares a lo largo de un día, confesaron espontáneamente y con idénticas palabras que eran miembros de Guerreros Unidos, y admitieron haber asesinado a los estudiantes y calcinado los restos. Los arrestos siguientes, basados solo en esas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales, señala el informe.

Bajo la constitución mexicana, un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado. En la investigación de Asuntos Internos se encontraron otros problemas. Se confundieron fechas y se perdieron registros. Un fiscal investigador, por ejemplo, firmó documentos en dos estados distintos el mismo día. Lo que el informe describe no es infrecuente en las investigaciones criminales mexicanas, dicen expertos. Con el afán de cerrar casos, la policía mexicana y los fiscales han infringido las leyes desde hace mucho.

Detienen a los sospechosos para que declaren y después los retienen basándose en las pruebas más insignificantes que puedan justificar una sospecha de crimen organizado. Aunque la policía se está adaptando a una reforma integral del sistema de justicia de México que tiene por objetivo eliminar esas prácticas, “es difícil eliminar viejos hábitos” dijo Agustín Acosta, un reconocido abogado criminal que no está involucrado en el caso de los estudiantes.

El día posterior a los arrestos, uno de los sospechosos principales del caso fue llevado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, hasta el río, donde —según narraría el sospechoso después— le ordenaron que señalara un punto en la orilla. Ninguna de las actividades que llevaron a cabo los investigadores ese día —el 28 de octubre de 2014— se incluyeron en el archivo del caso. La presencia de Zerón en el río con el sospechoso, Agustín García Reyes, se conoció por primera vez gracias a un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siguió la investigación por más de un año.

Entre los hallazgos de los expertos independientes, que presentaron sus conclusiones finales en abril de este año, hubo evidencia detallada de que 17 sospechosos fueron torturados, incluyendo a Agustín García Reyes. La investigación interna que llevó a cabo el ex inspector general fue una respuesta al informe de los expertos de la Comisión Interamericana. La procuradora general de entonces, Arely Gómez, le pidió además al inspector que comenzara una auditoría más amplia.

The New York Times obtuvo también una copia del primer borrador de la auditoría. Arely Gómez es ahora la titular de la contraloría federal. Zerón ha dicho que la visita a la orilla del río con el sospechoso fue un procedimiento policial apropiado. La omisión de esa visita en el archivo del caso fue accidental, dijo. En septiembre Zerón renunció como máxima autoridad de Investigaciones Criminales en la Procuraduría General de la República. Pero el funcionario, que ha trabajado de manera cercana con el presidente Enrique Peña Nieto durante casi una década, inmediatamente fue designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

El borrador preliminar de la auditoría más amplia sobre el caso plantea muchas de las mismas preguntas que hicieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pregunta, por ejemplo, por qué la policía federal y el batallón militar local no actuaron mientras la policía municipal atacaba los autobuses de los estudiantes. En este borrador se pide que se profundice la investigación y los interrogatorios a policías federales y militares para determinar si esa forma de actuar fue “omisión, abuso de autoridad o encubrimiento”.

Uno de los misterios que todavía rodea el caso es el por qué las autoridades estatales y federales que estaban en Iguala nunca detuvieron a la policía municipal. Si la policía estatal hubiera “actuado y auxiliado oportunamente a los estudiantes y demás personas civiles, no hubiesen resultado lesionados ni muertos de esa manera”, concluye el borrador.