Durante los últimos días mucho se ha discutido sobre la gasolina en México: su aumento de precio en 2017, su escasez en diversos partes del país, su impacto potencial en otros precios (inflación) y, en general, la apertura del mercado de gasolinas (liberalización).

Todos son asuntos de gran importancia porque, para bien o para mal, lo que afecta en el sector energético termina repercutiendo en casi todo el resto de la economía en este país.

La razón detrás de su próximo aumento en 2017 es fácil de explicar. México hoy en día importa aproximadamente el 60% de la gasolina que se consume en el país y, tras la depreciación del peso su costo ha crecido; al mismo tiempo, México no tiene una infraestructura de transporte y almacenamiento (midstream) muy desarrollada —por tanto, los costos son elevados—. Por poner un ejemplo, mover un litro de gasolina en un oleoducto cuesta más o menos 8 centavos, mientras que moverlo en una pipa cuesta aproximadamente 2 pesos.

Durante 2016 el precio de la gasolina se mantuvo dentro de una franja de flotación: se fijaba un techo y un piso; si el precio subía o bajaba (de manera que se saliera de la banda) un mecanismo de ajuste se encargaba de subir o bajar el precio para que se mantuviera dentro de la banda.

Para 2017 ese mecanismo se acabó y se dio paso a uno de los objetivos más ambiciosos de la reforma energética: liberalizar el mercado de las gasolinas.

¿Qué es una liberalización?

Liberalizar el mercado implica dejar que las fuerzas de la oferta y la demanda operen libremente, que los costos de transporte y almacenamiento se consideren de forma plena; por lo tanto, una vez que se reconocen dichos costos, y no existe un techo, el precio tiende a subir.

No obstante, la liberalización tiene un problema latente: para que ésta funcione, y exista competencia, se requieren condiciones para competir. Desafortunadamente, el mercado de gasolina en México no tiene dichas condiciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en uno de sus informes ya ha elaborado distintas razones por las que este mercado no tiene condiciones de competencia. Entre ellas, están las siguientes:

• – No existe la infraestructura en todo el país para transportar y almacenar combustibles.
• – Existen altos niveles de concentración entre los grupos que tienen gasolineras (monopolios regionales).
• – No existe una homologación de normas de calidad ambiental en México con respecto al resto del mundo (importamos gasolinas de mala calidad que causan más daño ambiental).

La consecuencia de lo anterior es que, para efectos prácticos, el mercado de las gasolinas a nivel regional es un monopolio natural: tiene costos elevados por la necesidad de generar economías de escala y, para lograrlo, los dueños de gasolineras tendrán que consolidarse en grupos más grandes que puedan tener los niveles de inversión suficientes para ser rentables.

A su vez, las actividades midstream (aquellas de almacenamiento y distribución) serán, por su naturaleza, monopolizadas por algunos pocos grupos empresarias de suficiente tamaño.

El resultado final es que veremos el nacimiento de un mercado de pequeños monopolios regionales en un entorno de una creciente demanda de gasolina; es decir, podemos esperar que el precio en los lugares más remotos, con menos infraestructura, sean más altos. Un precio más alto de la gasolina tiene efectos positivos y negativos. Por un lado, los positivos son que alinea los costos y los beneficios sociales de mejor manera.

La gasolina produce una externalidad sobre el medio ambiente, por lo que su precio más alto es algo bueno si éste disminuye la demanda de combustible. Un precio más alto de la gasolina tiene efectos negativos en la medida que provoque una mayor tasa de inflación y por tanto un impacto que es asimétricamente más potente entre los más pobres.

El problema de la realidad del país que exhibe esta discusión es que, durante muchos años, hemos tomado decisiones equivocadas. Apostamos por desarrollar una red de transporte casi exclusivamente carretera, en lugar de desarrollar infraestructura (como trenes que tienen costos más bajos y, por tanto, menos transmisión a productos).

A su vez, fomentamos una organización de mercado de alta concentración en toda clase de industrias y las franquicias de gasolina no son la excepción. Todo esto en un contexto de baja inversión pública, donde no se invierte lo suficiente en transporte público ni en producción de energéticos, ya sea por el abandono de nuestra capacidad de refinación o por no querer entrarle a la transición energética y desarrollar fuentes alternas.