Después de 145 entrevistas a víctimas y testigos del operativo realizado en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, y la investigación con fuentes oficiales, cuatro organizaciones sociales concluyeron que los policías que participaron en los hechos cometieron ocho tipos de violaciones a los derechos humanos, evidenciando además que el gobierno federal no ha investigado de manera expedita ni resarcido los daños a las víctimas y sus familias.

Así lo establecieron el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Fundar, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y Luna del Sur, en el informe: "Operativo Oaxaca, 19 de Junio", en las que se documentan las violaciones a derechos humanos ocurridas en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacianda Blanca y Viguera.

Aunque la atención ha estado centrada en el operativo, las organizaciones sociales documentaron los casos de 81 víctimas más, incluidos heridos de bala, en Huitzo y Telixtlahuaca, poblados por los que el convoy policiaco tomó ruta de regreso hacia Oaxaca después del enfrentamiento en Nochixtlán.

El 19 de noviembre se cumplieron cinco meses del operativo realizado por policías estatales, federales y elementos de la Gendarmería para retirar un bloqueo en la autopista México-Oaxaca que mantenían maestros como parte de las protestas contra la reforma educativa.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha informado nada respecto a la investigación para aclarar qué sucedió en el operativo que dejó ocho muertos y más de 100 heridos sólo en Nochixtlán, Oaxaca.

El informe de las organizaciones de derechos humanos considera que las investigaciones de la PGR han sido "muy lentas y poco transparentes", bajo el argumento que la negativa de los pobladores para permitir las actuaciones ministeriales.

Además, apenas el 3 de octubre pasado los familiares de los fallecidos tuvieron acceso a una copia del expediente y "antes de ello no había ningún tipo de información por parte del órgano investigador a las familias". Hasta el momento, "no es público si ya fueron examinadas las balas extraídas de los cuerpos de los fallecidos por peritos en balística para determinar los calibres. Tampoco han podido realizarse peritajes que aportarían datos clave para poder reconstruir los hechos y fincar responsabilidades dentro de los cuerpos policíacos presentes durante el operativo", acusa el informe.

Violación a derechos humanos

El documento de las organizaciones identifica que el 19 de junio pasado, los policías que realizaron el operativo cometieron violaciones a derechos humanos, contraviniendo pactos internacionales, por lo cual la responsabilidad recae en el Estado Mexicano.

De acuerdo con los testimonios recabados, los policías llegaron al lugar del bloqueo alrededor de las 7:30 de la mañana lanzando gases lacrimógenos, lo que contradice la versión oficial sobre un supuesto diálogo para pedir el retiro. Minutos después de las 8 horas, se escucharon los primeros disparos.

Según los testigos, los policías eran quienes portaban y disparaban las armas de fuego. Aunque la Policía Federal argumentó que los manifestantes atacaron a tiros a los uniformados. Sin embargo, refiere el informe, "hasta el momento no se ha encontrado material gráfico sobre este supuesto".

De acuerdo con la información publicada por Animal Político, los manifestantes respondieron al operativo con bombas molotov, cohetones y palos. Pero siete de los fallecidos murieron a causa de disparos. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca documentó que 155 civiles resultaron heridos, 84 de ellos por arma de fuego; la Policía Federal reportó 73 elementos lesionados, aunque no aclaró de qué tipo; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó 25 elementos lesionados.

?Estos datos contrastan con la información del Heroico Cuerpo de Bomberos que reportó un total de 18 policías heridos: 11 estatales, 5 federales y 1 elemento de la Gendarmería; de ellos dos fue por bala y uno por esquirla de escopeta en la cara?, dicen los defensores de derechos humanos.

Por tanto, el informe concluye señalando las violaciones cometidas:

Hubo "uso excesivo de la fuerza, que derivó en la violación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego" y el Acuerdo 4/2012 de la Secretaría de Seguridad Pública que establece los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.

La violación más grave es el derecho a la vida, toda vez que siete personas fallecieron por arma de fuego. El primero fue Óscar Luna, de 19 años, alrededor de las 9:30 horas, dos horas después de la llegada de los elementos policíacos.

El derecho a la integridad física y psicológica, establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución, fue vulnerado durante el operativo. El enfrentamiento no sólo afectó a los manifestantes, sino a los pobladores de Nochixtlán que pasaban por el lugar, sobre todo porque era el día en que se instala el mercado ambulante más grande de las comunidades aledañas.

En el informe, los defensores consideran que hubo tortura hacia los detenidos, porque "fueron obligadas a permanecer durante todo el día tumbados unos encima de otros en la parte posterior de la patrulla tipo Kodiak 01, sin poder ir al baño, bajo el sol, sin tomar agua salvo en una ocasión, sin recibir alimentos, en posiciones forzadas, sin atención médica salvo para uno de ellos, quien fue atendido por un paramédico de los bomberos".

Además fueron golpeados con toletes, cascos y escudos durante el traslado al ministerio público y recibieron amenazas verbales como: "nos decían 'perros malditos, los vamos a echar al mar', que éramos comida para tiburones, 'ya tienen su boleto gratis para Hermosillo'. 'Si te mueves te disparo'".

Los detenidos tampoco tuvieron acceso al debido proceso legal y seguridad jurídica. Como documentó Animal Político, 18 de los 22 detenidos estaban cavando una tumba en el panteón aledaño al bloqueo.

El informe documentó que los policías no explicaron por qué los detenían. "No mediaron causas justificables, ni administrativas ni penales, para la detención de las personas presas. Se las retuvo por varias horas sin que fueran puestas a disposición de las autoridades competentes. Se realizaron de manera arbitraria, sin resistencia de las personas afectadas, en algunos casos las personas detenidas fueron identificadas como maestras, aunque no lo fueran".

Una de las afectaciones más visibles, es el estado de salud de los heridos. Hay quienes se han tenido que someter a varias cirugías y otras que todavía tienen balas alojadas en diversas partes de su cuerpo. "Algunos van a necesitar tratamiento médico especializado durante el resto de sus vidas. En muchos casos, las heridas fueron de tal gravedad que todavía es pronto para hacerse una idea de las secuelas a mediano y largo plazo".

Después de la investigación, las organizaciones sociales hacen las siguientes recomendaciones en el informe:

1. Es necesario que los cuerpos de seguridad estatal y federal cuenten con protocolos de actuación en todos los operativos policiales, donde los agentes actúen bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos, sobre todo al hacer uso de la fuerza, misma que debe ser usada bajo los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.
2. Garantizar la gobernabilidad en Nochixtlán y Oaxaca, porque la ausencia de las autoridades y su omisión es causa de fuertes tensiones y polarización social.
3. Es prioritario y urgente realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para que se deslinden responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos humanos del día 19 de junio de 2016, sean por acción u omisión.
4. Que la PGR otorgue información sobre las investigaciones que se encuentren realizando, en atención al principio de publicidad y transparencia del sistema acusatorio, implementando un sistema de información periódico que garantice el derecho a una adecuada defensa y el acceso a la justicia.
5. Que la CNDH emita una recomendación exhaustiva, acorde a las violaciones a los cometidas el 19 de junio, que contemple los tres niveles de gobierno.
6. Que los organismos de defensoría de derechos humanos nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vigile el estado de las investigaciones.
7. Que se evite la estigmatización y revictimización por parte de las autoridades así como garantizar el acceso a atención médica y psicológica para todas las víctimas directas e indirectas, tanto de Nochixtlán como de las otras localidades afectadas.
8. Que las autoridades de los tres niveles comiencen a trabajar en la reparación integral del daño. Es imprescindible un diagnóstico de las necesidades no sólo individuales de las víctimas sino también sociales y comunitarias de los diferentes municipios afectados.