Al menos 55 familias, en su mayoría indígenas nahuas, acudieron esta mañana a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta capital para tratar de identificar los cuerpos exhumados la semana pasada en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Zitlala.

José Díaz Navarro, profesor integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa "Siempre Vivos", informó que las autoridades del Semefo les indicaron que se trata de 33 cuerpos y ocho cabezas, de las cuales identificaron al menos a dos víctimas.

El pasado jueves 24, el gobierno federal ?a través del delegado de Gobernación en la entidad, Roberto Álvarez Heredia?, informó que las autoridades ministeriales exhumaron 32 cuerpos y nueve cabezas cercenadas en 17 de 20 fosas clandestinas, localizadas en el cerro de Tenanchitla, en las inmediaciones del poblado indígena de Poachahuixco, municipio de Zitlala.

Entrevistado esta tarde afuera del Semefo, Díaz Navarro indicó que les mostraron fotografías forenses del total de las víctimas y después de analizar las imágenes, al menos tres cuerpos fueron identificados por señas particulares referidas por sus familiares. No obstante, los familiares no acudieron a la inspección y acordaron regresar para que se realicen los análisis de ADN para confirmar la identidad de los restos humanos.

Al respecto, consideró que este cementerio clandestino ubicado en la zona indígena nahua -entre los municipios de Chilapa y Zitlala-, era utilizado desde hace al menos cuatro meses por la delincuencia organizada para desaparecer personas. Este hecho, consideró, refleja que no ha funcionado la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal y estatal en esta franja de la entidad, donde integrantes de las bandas Los Rojos y Los Ardillos mantienen una confrontación por las zonas de producción y trasiego de heroína y mariguana.

Incluso, denunció que a dos años de la desaparición de cinco de sus familiares, dos de ellos son sus hermanos, en los límites de Chilapa y Quechultenango, el caso sigue impune y ninguna autoridad investiga a la familia del dirigente perredista y expresidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, señalado como líder de Los Ardillos y responsables de este múltiple secuestro. "La familia Ortega Jiménez son los responsables de la desaparición y homicidio de mis hermanos. Siguen libres y cometiendo actos de barbarie con toda impunidad", expresó Díaz Navarro.

Además, dijo que el dirigente perredista Bernardo Ortega "se debe cuidar de su propia familia porque hasta entre ellos se han matado por ambición y poder". Incluso, lo retó a que se presente a la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar sobre los nexos de su familia con el narco y el poder político que ejercen en la región centro de la entidad, donde el grupo de Los Ardillos se encuentra afincado en el municipio de Quechultenango.

Díaz Navarro anunció que organizarán una búsqueda ciudadana de fosas en el cerro de Tenanchitla, porque desconfían del trabajo de las autoridades ministeriales. Y es que, dijo, en otra ocasión subieron a un predio donde ya habían dado por concluidas las labores de exhumación de cadáveres y los familiares descubrieron más cuerpos.

Además, advirtió que en esta zona existen otros puntos considerados como tiraderos de cadáveres que las autoridades se niegan a explorar por temor de exhibir el drama humanitario que se vive en los municipios de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Quechultenango y Tixtla.