Ciudad de México; 10 de mayo, 2016
La contaminación ambiental en México ha sido tan perniciosa que es noticia mundial desde hace varias semanas, también ha obligado al gobierno a detallar la calidad de las gasolinas que importa y alimentado el debate sobre las zonas metropolitanas.
Todo mundo habla de la contaminación y los únicos que parecen no darse cuenta de su existencia son los diputados y senadores, que mejor han optado por andar en campaña, soslayando una obligación que deberían asumir con prontitud: el estudio de las iniciativas que deben tener en sus comisiones, referentes a fortalecer soluciones de problemas propios de las metrópolis. En todo el país hay reconocidas oficialmente 59 zonas metropolitanas. Apenas 47 fueron objeto de entrega de partidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Las mismas que obtuvieron recursos en 2015 y 2014.
La escasez del dinero y los criterios desconocidos que usó la Secretaría de Hacienda, para decidir a quién le daban y a quién no, propiciaron que doce zonas metropolitanas no fueran objeto de presupuesto, y tampoco que otras tres, cuando menos, sean reconocidas oficialmente como zonas metropolitanas. Hay quienes en el Congreso afirman que no deberían ser 59, sino 62. O incluso 63.
Según el Inegi, zona metropolitana ?es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía?. Por cierto, desde hace más de una década ya no se habla en México solamente de zonas metropolitanas, sino también de la existencia de una Megalópolis.
Ésta, conformada por la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Una megalópolis en la que estarían viviendo más de 26 millones de personas y que estaría conformada por más de ocho zonas metropolitanas: la del Valle de México, la de Toluca, la de Pachuca, la Tulancingo, la de Tlaxcala-Puebla, la de Tehuacán, la de Cuernavaca-Cuautla y la de Teziutlán. La contaminación ambiental es un tema que rigurosamente debería atender el Congreso. Como también la corrupción, que van de la mano. Muy pocos legisladores han abordado el tema, desde el punto de vista legislativo.
Dos de ellos son Salvador Zamora Zamora y Clemente Castañeda Hoeflich, quienes el 27 de abril pasado presentaron al Pleno de los 500 diputados una iniciativa de creación de la Ley General de Desarrollo metropolitano.
En opinión de Zamora, problemas graves como la contaminación ambiental serían solucionados si una ley obligara a coordinarse para planeación, a quienes son autoridades en las zonas metropolitanas. Parece una contradicción que una reforma al 115 constitucional haya afectado a las zonas metropolitanas, en vez de ayudar. Y explicaba que con dicha reforma, los presidentes municipales fueron más autónomos en lo político y lo administrativo. Y crecieron los problemas porque cada edil disponía de acuerdo con sus propios criterios, en sus territorios, no importando que afectase al de enfrente, muchas veces al otro lado de una calle o una avenida.
Y el crecimiento urbano ocurrió más desordenadamente. Y entonces ?dijo Zamora Zamora- los presidentes municipales comenzaron a tomar decisiones en función, fundadas en el cortoplacismo y el interés del partido político al que pertenecían. --¿Pero qué proponen con su iniciativa de Ley General de Desarrollo Metropolitano? ?se le preguntó a Salvador Zamora.
?Fundamentalmente tres cosas, con el objetivo de que todos los presidentes municipales integrantes de una zona metropolitana, mas el gobernador, se coordinen a la hora de la Planeación?. --¿Cuáles son esas tres cosas? ?La Instancia Política, la Instancia Técnica y la Instancia Ciudadana. Me refiero a las tres instancias de Coordinación Metropolitana que impuso en su ley el Congreso de Jalisco. Aunque en nuestra Iniciativa proponemos cuatro?.
Explicó: ?Una. En la Instancia Política están los ediles de los municipios que integran las zonas metropolitanas y el gobernador. Es la Junta de Coordinación Metropolitana. ?Dos: La Instancia Técnica. Es el Instituto Metropolitano de Planeación. Sus decisiones son vinculantes a las decisiones de la Junta de Coordinación Metropolitana. ?Y tres: la Instancia Ciudadana.
Es el Consejo Ciudadano Metropolitano, donde están los especialistas, los académicos, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil; en donde se permite a los ciudadanos opinar sobre su metrópoli?. Esas tres instancias, dijo, son ?el andamiaje jurídico que construyó la Ley de Jalisco, y que funciona?. Y apostilló: ?Hace un mes y medio se presentó el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, que es la etapa de Consulta Pública, en periodo de aprobación de los cabildos de los municipios de las zonas metropolitanas (de Jalisco). Una vez que se apruebe tendrá vigencia hasta 2036. Será un ejemplo de planeación, coordinación y voluntad políticas, tanto del Ejecutivo estatal como de los municipios que integran tales zonas metropolitanas?. ¿Y la cuarta instancia que proponen en esta iniciativa de ley?
La cuarta: Creación de los Comités de Desarrollo Metropolitano, donde estarían las secretarías, las direcciones, las dependencias de los diferentes municipios, especializadas en medio ambiente, en seguridad pública, desarrollo urbano.
Proponemos que también sean vinculantes a las decisiones de la Junta de Coordinación Metropolitana?. Pues iniciativas como estas no hay muchas, como tampoco las ganas de diputados y senadores para intervenir seriamente en la solución del problema de la contaminación ambiental, que no sólo es de la llamada Megalópolis, sino de todas las zonas metropolitanas del país.